Por Fernando Bravo Alarcón*
La próxima instalación de un parlamento de naturaleza bicameral traerá consigo una serie de modificaciones en las reglas de juego que hasta ahora han gobernado a dicho poder del Estado, pero también obligará a recomponer sus estructuras internas, merced a los acuerdos políticos adoptados por las mayorías del actual congreso unicameral, que ya vive sus últimos meses de existencia.
Una de dichas transformaciones se refiere a las fusiones y reacomodos que sufrirán varias comisiones ordinarias que hasta la fecha funcionaron autónomamente en torno a materias más o menos definidas y distinguibles, lo que les dio cierta identidad, especialización y capacidad de acción en los asuntos que cubrían. Este reajuste provendrá de la disminución del número de comisiones ordinarias: si hasta ahora existían veinticuatro, en la futura cámara de diputados solo funcionarán dieciséis, mientras que en la de senadores habrá siete.
Se han esgrimido muchas razones para esta decisión política, entre ellas la necesidad de ordenar y agilizar el trabajo legislativo, disminuir las contrataciones de personal, evitar la dispersión temática en los legisladores, asegurar el pluralismo político, entre otras. Si bien hay expertos en derecho parlamentario que respaldan este recorte porque, alegan, la estructura de comisiones ordinarias debe responder a temas globales y no a una especialización sectorial o ministerial, eso no significa que se deban minimizar tópicos que justamente ya tienen alcances globales (el cambio climático), que han logrado autonomía o que han devenido en asuntos de plena relevancia nacional (la protección del patrimonio arqueológico). Pareciera que los tecnicismos constitucionales priman sobre los problemas cotidianos y estructurales de la sociedad peruana. Veamos lo que sucederá con la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural y con la de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Ocurre que, de acuerdo con las reformas institucionales plasmadas en los nuevos reglamentos parlamentarios, ambas comisiones serán serán reagrupadas y absorbidas (léase, relegados) por otras comisiones de mayor “peso político”, con lo cual perderán la centralidad y autonomía que habrían tenido hasta el momento. En el primer caso, la de Cultura y Patrimonio Cultural, ésta dejará de existir como tal para fusionarse y formar parte, en la cámara de diputados, de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, mientras que en el senado integrará la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. Si bien no se puede aseverar que las materias relativas a la cultura y al patrimonio cultural vayan a desaparecer con la bicameralidad, evidentemente, se trata de un relegamiento, de una fusión subordinada, que minusvalora las dimensiones materiales e inmateriales de la cultura como también el hecho de que el país alberga una inmensidad de restos arqueológicos, tradiciones, costumbres, prácticas sociales, etc. sobre los que no hay seguridad si continuarán siendo objeto de seguimiento exhaustivo en la nueva comisión. Ubicada al lado de otros tópicos, disminuyen las probabilidades de que la realidad cultural reciba la prioridad necesaria.
Una revisión de los dictámenes que sustentaron los reglamentos de las dos cámaras indica la inexistencia de fundamentos argumentativos y empíricos que respalden esa decisión: en el de diputados se mencionan los criterios de afinidad y especialización, se asumen algunos supuestos como válidos, pero no llegan a mostrar algún referente empírico que patrocine la reagrupación que proponen. En la del senado[1], no hay ningún criterio, explicación o justificación y simplemente se ha procedido con el reajuste tout court. En ninguno de los dos casos existe algún estudio técnico sobre la carga procesal de las comisiones.
Si se habla de afinidad, ¿ésta se da entre la cultura y el patrimonio cultural con la educación o con el deporte? Quizás bajo una acepción de cultura unilateral y restrictiva, que la evalúa como un conjunto acumulado de conocimientos (persona educada=persona culta), se piensa que puede encajar con los aspectos educativos, por lo que, asume esta perspectiva, no tendría problemas en articularse en un mismo grupo de trabajo que se ocupe del analfabetismo, del déficit de infraestructura educativa, de la pobre preparación de los maestros, del bajo nivel educativo de los estudiantes de educación básica, etc. Pero la complicación se agudiza cuando las llamadas comisiones “grandes” absorben a aquellas evaluadas como “menos importantes”, haciendo muy probable que los asuntos de estas últimas pierdan centralidad y queden bajo la sombra de las primeras.
¿Qué relación mantendría la cultura con el deporte? Aquí la incógnita se hace mayor. ¿En qué situación queda el patrimonio cultural? No se nota mucho en común entre, por ejemplo, la adecuada preservación de Machu Picchu, la situación del Archivo General de la República, la conservación de reliquias coloniales, entre otras, y la promoción de semilleros de fútbol y vóley, la organización de los Juegos Panamericanos o la enseñanza de la educación física.
Llama la atención, pues, que los expertos en derecho parlamentario destaquen el criterio de especialización cuando se trata de enviar proyectos de ley a una comisión ordinaria y no a otras, por la materia en la que inciden; o que definan a las comisiones como grupos de trabajo especializados en los temas de su competencia, pero que, cuando se trata de pasar a la bicameralidad, se produzca una minusvaloración del mencionado criterio y se proceda a subsumir asuntos que ya habían adquirido cierta continuidad, identidad y, valga la redundancia, especialización, como ocurre con la cultura.
En cuanto a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ésta ya tenía un problema de origen, pues no había claridad de por qué los asuntos ambientales, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, los impactos de las industrias extractivas, entre otros, guardarían algún tipo de vinculación privilegiada con los derechos humanos de las poblaciones indígenas y originarias o afroperuanas, cuando las cuestiones ambientales son transversales y afectan a todo tipo de población.
Siendo ya discutible esta conformación en el congreso unicameral, el punto es que, en el nuevo diseño, en la cámara de senadores[2] se insiste con articular las dimensiones ambientales y climáticas con otras con las que no guarda familiaridad, resultando la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Salvo que subyazca aquí una visión productivista del ambiente, que percibe a los ecosistemas como una fuente inagotable de recursos que solo sirve para contribuir al producto bruto interno, esto podría tener algún sentido. Bajo esta mirada, un senador miembro de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor que tenga experiencia e interés en defensa del consumo responsable, promoción de la libre competencia, lucha contra la competencia desleal, regulación de la publicidad, fiscalización de los servicios públicos, ¿podría revisar dictámenes sobre asuntos ambientales o climáticos? ¿Qué tiene que ver lo ambiental con la defensa del consumidor? Salvo que haya emergido algún novísimo paradigma, no hay evidencias de una mayor congruencia temática.
Ambos casos señalan un afán simplificador poco riguroso que parece responder a una concepción demasiado formalista del nuevo diseño institucional del próximo parlamento, sin olvidar aquella percepción que manejan no pocos grupos políticos de que hay asuntos públicos (por tanto, comisiones ordinarias) más importantes que otros. De allí que se hable que existen comisiones estratégicas, clave, y comisiones que no lo son (recuérdese la calificación de comisiones “chauchilla”, acuñada en el Congreso de 2001-2006).
Por último, ¿los futuros congresistas harán suyos estos nuevos reglamentos? Todo dependerá de las fuerzas políticas que lleguen a ocupar los escaños parlamentarios. Lo real es que los asuntos culturales, quizás más que los ambientales, llegarán relegados, supeditados a tópicos evaluados como políticamente más redituables. Es cierto que el territorio peruano alberga a una tremenda diversidad biológica y climática, pero también lo es que allí se asienta y desarrolla una gran diversidad cultural. Esto último parece no interesar ni convencer a los que aceptan en público que somos un país de todas las sangres.
* Sociólogo y docente de la PUCP. También se desempeña como parte del personal del servicio parlamentario del Departamento de Comisiones del Congreso de la República.
[1] De acuerdo con los reglamentos de ambas cámaras, la de diputados tendrá como parte de sus funciones la elaboración de dictámenes mientras que a la de senadores le corresponderá su revisión. Ahora, ambos reglamentos invocan el principio de especialidad (artículos 39 y 42, respectivamente), en el sentido de que las comisiones ordinarias se conformen, en lo posible, por legisladores cuyo perfil de experiencia, profesión u oficio comulgue con los asuntos de la comisión que integran. Si esto es así, se esperaría que tanto en la elaboración como en la revisión de dictámenes opere la especialidad.
[2] Curiosamente, en diputados se le da bastante autonomía, al desprender la dimensión ambiental de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, para constituirse en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Empero, el problema viene en el senado.
