Por: Ana Paula Méndez Cosamalón (*)
Pensar y actuar sobre “los cuidados” ha tomado mayor fuerza en los últimos años en el Perú y en la región, y considero que dicha problemática se vincula íntimamente con la creciente lucha por la mayor equidad de derechos impulsada por los movimientos feministas latinoamericanos (El País 2020). Este reclamo puede resultar incómodo, y en el caso de los cuidados es interpelador, ya que visibiliza cómo se distribuye el trabajo de manera desigual en nuestros hogares y sociedad, mostrando que las mujeres invierten más recursos como tiempo, dinero, ánimo y esfuerzo que sus pares varones en cuidar, lo cual restringe el ejercicio de sus derechos sociales y económicos.
Hablar de cuidados supone pensar en toda actividad involucrada en la reproducción de la vida humana (Pérez Orozco 2014). Permite reconocer que todas y todos los necesitamos a diario y a lo largo de toda nuestra vida y que somos interdependendientes. Es decir, todos los días las personas comemos, nos aseamos, hacemos listas de mercado, conseguimos insumos, entre otras actividades. Sin embargo, no todas las personas proveen y reciben cuidado en igual magnitud y ello se debe a que la gran carga de cuidados está invisibilizada y sobre los hombros femeninos dentro de los hogares. Asimismo, el trabajo de cuidado se despliega en buena parte fuera del mercado laboral relegando a las mujeres a un rol de cuidadoras no remuneradas.
La creciente inserción de las mujeres en el mercado laboral remunerado no ha significado una distribución equitativa de las tareas domésticas que modifique la doble jornada: remunerada y no remunerada (MIMDES 2010, Oxfam 2020). En marzo de este año, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Flora Tristán (2022) realizaron una encuesta que mostró que el 82% de las mujeres desempeñan labores de cuidado doméstico en contraposición con el 16% de sus pares varones, evidenciando que las mujeres dedican 27 horas más de trabajo doméstico no remunerado por semana[1]. Esta brecha en el uso del tiempo y dedicación al cuidado tiene consecuencias importantes en el acceso femenino al mercado laboral. Hugo Ñopo (Oxfam 2020) señala que, en el Perú, las mujeres dedican menos horas a actividades remuneradas que los varones y, por lo tanto, acceden a salarios más bajos, debido a la alta demanda de tareas domésticas. Dicha situación lleva a que las mujeres sean más propensas a tener trabajos a tiempo parcial, de manera independiente o con horarios más flexibles, lo cual reproduce condiciones labores precarias en un país altamente informal e, incluso, quienes tienen tareas de cuidado muy demandantes de tiempo y esfuerzo, no logren acceder al mercado laboral. Esto nos muestra que el impacto de carga de cuidados, en el acceso y condiciones de empleo, restringe los derechos sociales y económicos de las mujeres y produce un acceso desigual a derechos básicos (MIMP 2021).
«Presentar la problemática de los cuidados en la esfera pública es un gran reto ya que la plataforma donde se llevan a cabo sigue siendo principalmente el ámbito doméstico y privado.»
El derecho a recibir cuidados está incluido dentro de otros derechos como la salud, educación e integridad, por ello visibilizar el acceso a dar y recibir cuidados en condiciones adecuadas permite hablar de corresponsabilidad de los cuidados, y de cuidados dignos y elegidos. Ello exige al Estado ser un actor que contribuya a dar alternativas de cuidado fuera del ámbito doméstico y tener un rol como proveedor de cuidados que reconozca el tiempo, dinero y los servicios que conllevan. De esta manera, el Estado cumple el rol de garante de derechos, obligaciones y corresponsabilidad. Esto apunta a que se distribuyan de manera más equitativa y no únicamente como responsabilidad del entorno doméstico ni privado sino más bien como un asunto colectivo y social, ya que proveer cuidados es también un tema de inequidad de ingresos económicos entre quienes pueden pagar y delegar cuidados y quienes no. Trabajar para priorizar una agenda sobre el derecho al cuidado apunta a reducir brechas y desventajas de quienes no acceden a cuidados de calidad ni a un acceso real a este derecho.
En el Perú y en la región se están dando avances para poner en agenda la importancia de los cuidados y su desigual distribución para reducir brechas. En el 2010 se realizó la primera Encuesta nacional del uso del tiempo (MIMDES 2010), una herramienta que permitió visibilizar de manera concreta la dedicación desigual de labores de cuidado no remunerado. En el 2019 la Política de igualdad de género (MIMP 2019), mencionó la desigual distribución de los cuidados como parte de las causas estructurales de la discriminación contra las mujeres. Asimismo, en el 2021 (MIMP 2021) el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desarrolló un documento técnico que permitió aterrizar un marco conceptual de los cuidados. Estos avances contribuyen a la necesidad de crear e implementar el Sistema Nacional de Cuidados que promueva la corresponsabilidad efectiva entre el Estado, las Familias, la Comunidad y el Mercado.
Es muy importante reconocer los esfuerzos normativos para visibilizar y debatir la problemática de los cuidados y las desigualdades que traen consigo. Sin embargo, los cambios sociales y culturales para identificar quiénes deben proveer cuidados y en qué magnitud, es un cambio que va a otro ritmo, ya que significa desfeminizar los cuidados desde las representaciones y prácticas domésticas, dentro y fuera de los hogares. Como señala J. Anderson (2007) si bien el Perú es un país social y culturalmente diverso, los cuidados siguen siendo atribuidos como dominio de las mujeres. Asimismo, es importante tener en cuenta que los espacios domésticos son heterogéneos en la composición de sus miembros, pero también en las relaciones desiguales de poder en su interior. Por ello, apuntar a la redistribución de los cuidados como sociedad, lleva a un cambio de normas y tradiciones que tiene su propio tiempo y proceso de transformación.
Considero que presentar la problemática de los cuidados en la esfera pública es un gran reto ya que la plataforma donde se llevan a cabo sigue siendo principalmente el ámbito doméstico y privado. Este desafío requiere de una mayor sinergia entre lo público y lo privado para comprender que no se trata de una política que beneficia solo a las mujeres y quienes viven en situación de dependencia, sino a todas las personas, ya que somos receptoras y en el mejor de los casos, dadoras de cuidados.
(*)Antropóloga y Magíster en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas. Miembro del grupo de investigación de Edades de la vida y Educación PUCP.
