La igualdad de género como termómetro de la democracia
Cuando se leen los planes de gobierno en un proceso electoral, no todo tiene el mismo peso. Hay temas que dicen mucho más que otros sobre el tipo de país que se propone construir. La igualdad de género es uno de ellos. No porque sea un asunto sectorial, sino porque atraviesa de manera directa la forma en que se conciben los derechos, la ciudadanía y el rol del Estado.
En el contexto de las Elecciones Generales 2026, este enfoque resulta especialmente revelador. Nos encontramos ante un escenario político fragmentado, con discursos cada vez más polarizados y propuestas que no solo compiten entre sí, sino que expresan visiones muy distintas de democracia. Mirar cómo cada plan aborda —o evita— la igualdad de género permite identificar con claridad qué lugar ocupan los derechos humanos dentro de esos proyectos políticos.
Desde una perspectiva democrática, la igualdad de género no es un extra ni una concesión programática. Es un estándar mínimo. Su presencia en los planes de gobierno —o su ausencia de ellos— habla de cómo se entiende la autonomía de las personas, el alcance de las políticas públicas y las obligaciones del Estado frente a la discriminación y la violencia. Por eso, los planes no son documentos neutros: anticipan modelos de sociedad y prioridades que tendrán efectos concretos en la vida de mujeres, niñas y adolescentes.
La Política Nacional de Igualdad de Género: un compromiso estatal que ya existe
Este análisis parte de un punto clave que, sin embargo, muchas veces es perdido de vista en el debate público: el Perú ya cuenta con una Política Nacional de Igualdad de Género. La PNIG, aprobada en 2019, no es una propuesta de campaña ni una agenda ideológica circunstancial. Es una política de Estado alineada con los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
La PNIG establece obligaciones claras para el Estado: actuar con debida diligencia frente a la violencia, transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas, contar con institucionalidad especializada y rendir cuentas sobre los avances logrados. En ese sentido, no se trata de si un gobierno “quiere” o no impulsar la igualdad de género, sino de cómo cumple compromisos ya asumidos.
Sin embargo, este marco es cuestionado actualmente. En los últimos años se han aprobado normas orientadas a restringir o eliminar el enfoque de género en las políticas públicas y en el ámbito educativo, como la Ley 32535. Este giro normativo introduce una tensión evidente con los estándares de igualdad y no discriminación que el propio Estado peruano reconoce.
Por eso, revisar los planes de gobierno cobra una relevancia adicional: permiten anticipar qué proyectos políticos se alinean con este proceso de debilitamiento del enfoque de género y cuáles buscan sostener —o reforzar— la PNIG como política de Estado. No se trata solo de promesas electorales, sino de la orientación que podría adoptar el próximo gobierno frente a una ley vigente que ya tensiona los compromisos democráticos del país.
Un mapa desigual de posiciones
El análisis comparativo de los planes de gobierno 2026–2031, a la luz de los ejes de la PNIG, muestra un panorama claramente heterogéneo. Lejos de un consenso básico, lo que aparece es una diversidad de posiciones que pueden agruparse, de manera general, en tres grandes enfoques.
Un primer grupo asume la igualdad de género como parte central del proyecto democrático. Estos planes reconocen la PNIG como política de Estado, proponen fortalecer la institucionalidad especializada, incorporan metas verificables y desarrollan propuestas integrales en ámbitos como violencia, cuidados, autonomía económica y transversalización. Con matices, se trata de proyectos que entienden la democracia de forma sustantiva, no solo procedimental.
Un segundo grupo adopta una aproximación más parcial. Reconoce la igualdad de género en algunos temas —por ejemplo, violencia o empleo femenino—, pero presenta vacíos importantes en institucionalidad, articulación y exigibilidad. El riesgo aquí no es la negación abierta, sino la fragmentación: políticas poco sostenibles, dependientes de voluntades coyunturales y con bajo impacto estructural.
Finalmente, un tercer grupo plantea posiciones abiertamente restrictivas o neutralizadoras del enfoque de género. En estos planes se cuestiona la PNIG, se propone diluir o transformar la institucionalidad existente, se rechaza la educación sexual integral o se reemplaza el lenguaje de derechos por marcos morales o familiares. Desde una mirada democrática, estas propuestas generan una tensión directa con las obligaciones internacionales del Estado peruano y con el principio de no regresividad en derechos humanos.
Lo que muestran los planes, en suma, es que la igualdad de género ya no es un tema marginal. Es un campo de disputa política que permite medir, con bastante claridad, qué está en juego para la democracia en el Perú.
Cómo dialogan los planes con la Política Nacional de Igualdad de Género
Para facilitar una lectura comparada, este artículo incorpora un cuadro síntesis que permite identificar, de manera rápida, cómo los planes de gobierno se alinean —o no— con la PNIG. La clasificación distingue tres niveles de alineamiento (alto, medio y bajo), a partir de patrones observados en ejes clave como violencia basada en género, derechos sexuales y reproductivos, participación política, autonomía económica, transversalización e institucionalidad de género.
Más que evaluar propuestas aisladas, el cuadro muestra tendencias generales y ayuda a reconocer si la igualdad de género aparece como una política de Estado asumida, como un compromiso parcial o como un enfoque debilitado o neutralizado.
Cuadro síntesis: alineamiento de planes de gobierno con la PNIG
| Nivel de Alineamiento | Organizaciones Políticas | Tendencias Generales Identificadas | Valoración Técnica |
| ALTO | Primero la Gente, Partido Morado, Libertad Popular, Perú Primero, Alianza Fuerza y Libertad, Alianza Electoral Venceremos, Partido Demócrata Verde, Partido del Buen Gobierno, País para Todos, Cooperación popular | Sistema Nacional de Cuidados integral. Metas cuantificables en lucha contra la violencia basada en género (ej. reducción de feminicidios). Defensa de la ESI científica y laica. Fortalecimiento del MIMP y uso de herramientas tecnológicas para la transversalización. | Propuestas verificables que abordan causas estructurales de la desigualdad y se alinean con los objetivos de la PNIG. |
| MEDIO | Ahora Nación, Juntos por el Perú, Somos Perú, APRA, PRIN, Integridad Democrática, Perú Moderno, Salvemos al Perú, Perú Libre, Frente de la Esperanza, Fe en el Perú, | Enfoque asistencial o prestacional. Metas presupuestales o de cobertura. Transversalización centrada en capacitación. Propuestas institucionales parciales. | Diagnóstico adecuado, pero con debilidades en exigibilidad y sostenibilidad institucional. |
| BAJO | Renovación Popular, Unidad Nacional, Podemos Perú, APP, Fuerza Popular, Perú Acción, Demócrata Unido, SiCreo, PTE–Perú, Patriótico del Perú, Avanza País, Un Camino Diferente, Progresemos, Obras | Rechazo o sustitución del enfoque de género. Propuestas de fusión del MIMP. Enfoque moral o meritocrático neutral. Prioridad en seguridad y sanción. | Alto riesgo de retroceso institucional y baja coherencia con la PNIG y los estándares de derechos humanos. |
Nota metodológica: El análisis comparativo se elaboró a partir de los documentos oficiales presentados por las organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Generales 2026–2031, utilizando como fuentes los Planes de Gobierno Integrales o, cuando correspondía, el Formato de Resumen publicado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al 31 de enero de 2026. Se advierte que el Partido Democrático Federal, pese a contar con plancha presidencial inscrita, no registra propuestas desarrolladas ni resumen ejecutivo en las plataformas oficiales consultadas. La sistematización se realizó mediante matrices comparativas, con apoyo técnico de herramientas de inteligencia artificial, bajo supervisión directa y validación respecto de los documentos originales.
[1] Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) e integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH). Su trabajo se especializa en igualdad de género, políticas públicas y estándares internacionales de derechos humanos, con énfasis en democracia y no regresividad de derechos
