Por: Juan Takehara (*)
A una semana de las elecciones regionales y municipales conversamos con Elena Alvites, profesora principal de la PUCP y presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, sobre la precariedad de la oferta electoral y el poco interés de los votantes.
¿Cuál es el papel del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral durante las elecciones?
El Pacto Ético Electoral es un escenario en el cual las organizaciones políticas se comprometen durante el proceso electoral a actuar de manera democrática y ética. Eso implica reconocer a los otros contrincantes como iguales que deben ser tratados con respeto. Durante las elecciones debe privilegiarse el intercambio de ideas. Además, las propuestas, como señala el compromiso 17 del pacto ético, debe ser promesas vinculadas a programas que se adecuen al nivel de gobierno al que se postula y que sean viables. Buscamos evitar durante la contienda la adjetivación fácil, los argumentos ad hominem, que, en algunos casos, llegan a ser verdaderos discursos de odio que no contribuyen nada a la construcción de la democracia. El Tribunal de Honor es un órgano autónomo del Jurado Nacional de Elecciones cuyos integrantes son aceptados por los partidos políticos y que vela por el cumplimiento de los compromisos del pacto.
Parte de la ética electoral es no prometer lo que se sabe no se puede cumplir.
En la línea de lo que implica el Pacto Ético Electoral deberíamos exhortar a que los candidatos y candidatas no adopten conductas que vayan contra la ética. Hay un compromiso del pacto ético que señala que las discusiones deben ser sobre los programas, pero un programa no puede ser cualquier cosa que a alguien se le ocurra hacer sino un conjunto de planes vinculados a las funciones y competencias del cargo al que uno postula, ya sea gobernador o gobernadora regional, alcalde municipal o distrital. Todos los alcaldes prometen acabar con la delincuencia, pero un alcalde por sí solo no puede hacerlo porque el trabajo es intergubernamental e intersectorial. La seguridad ciudadana tiene un comité provincial, distrital y nacional. Se tiene que trabajar con el gobierno al respecto. Como bien dices, esas promesas no son éticas porque no se condicen con acuerdos expresamente firmados por los grupos y partidos políticos.
«Cuando un candidato o candidata decide apartarse de aquello a lo que se comprometió públicamente, nos está diciendo cómo podría ser su desempeño como autoridad.»
¿Existe una sanción en caso se rompa el pacto?
El pacto ético busca ser un compromiso elevado de candidatos y candidatas respecto a su conducta en las elecciones. Ese compromiso debe ser ético. La responsabilidad no debería ser solo jurídica sino también social. Se busca detectar las conductas que están fuera de lo que se comprometieron para que las y los votantes puedan tomar una decisión informada basada en lo que sucede en la realidad, porque cuando un candidato o candidata decide apartarse de aquello a lo que se comprometió públicamente, nos está diciendo cómo podría ser su desempeño como autoridad.
En general estas elecciones han generado muy poco interés entre los votantes.
Ya nuestra sociedad venía siendo profundamente individualista. Infelizmente, a pesar de todas las muestras de solidaridad que se dio durante la pandemia, como asociarse para hacer plantas de oxígeno, no subir los precios de los medicamentos, ayuda entre vecinos, ollas comunes, etc., también hubo otras señales: que no haya camas o atención en los hospitales, y que cada cual se salve como puede en función a lo que tiene. Esta situación de crisis donde eventualmente no haya un Estado que no ha podido responder, a proteger la vida que es el bien básico para poder ejercer otros derechos como la vida y salud, ha hecho que las personas dejen de mirar lo colectivo y lo político. Si ya teníamos antes de la pandemia una suerte de fragilidad democrática, crisis de partidos políticos, crisis moral de candidatos y candidatas, lo que ha dejado en la memoria de la población es que no hemos funcionado como sociedad y que el Estado no me protege. De ahí que cada uno se quede en su burbuja o, para usar otra imagen, reme por su cuenta. Una jornada electoral es un escenario que no le interesa más a la población. Lo que ha quedado es la sensación de que, si se piensa que todos los candidatos van a robar, da lo mismo al final cualquiera que gane. Tampoco nos interesa la política porque el Estado en los momentos más difíciles de nuestras vidas, no logró ayudarnos. Y en el caso de los partidos políticos, no ha habido una reflexión sobre qué sociedad está quedando tras la pandemia.
La mayoría de los partidos tiene en su agenda la urgencia de no desaparecer.
Los que nos hemos acercado al proceso de descentralización y hemos visto las contiendas electorales a nivel regional sabemos que desde hace 20 años o más, las municipalidades eran vistas como botines para el grupo político que llegaba. Y esa convicción se ha trasladado al ámbito regional y creo que ya se encuentra en el ámbito nacional ahora. El Estado es visto como un escenario al cual se llega para satisfacer intereses personales o particulares; no hay voluntad de servicio para contribuir al interés general de la población, y de ahí el desánimo en la participación.
A partir de las propuestas que hemos oído durante esta campaña electoral, pareciera que el único tema que importa a la población y a los candidatos es la seguridad.
En lugar de plantear una oferta enriquecedora, que renueve las expectativas de la población en una comunidad política democrática donde el derecho de las personas no quede restringido a la propiedad, la vida, la integridad, sino que abarque a la paz y tranquilidad o el medio ambiente, todo se reduce a poder caminar tranquilos por la calle. Las personas estamos esperando satisfacciones muy básicas. Se ha reducido a los votantes al ámbito de protección mínima cuando la oferta debería ser mayor. A veces los problemas de inseguridad ciudadana tienen que ver, por ejemplo, con la promoción de desarrollo sostenible, que es competencia de gobiernos provinciales y regionales. También con los programas de trabajo o empleo vinculados a jóvenes, que es competencia de gobiernos regionales. Al final, si todo se reduce a seguridad, ¿para qué es el Estado? Es como si regresáramos a un escenario decimonónico.
(*) Integrante del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP.
