Por Arturo Huaytalla Quispe (*)
El año 2021, el gobierno aprobó el Plan Mariano Santos 2030 (PMS30), un documento que aspiraba a fortalecer y modernizar la Policía Nacional del Perú (PNP). Cuatro años después, en el 2025, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, presentó el Proyecto de Ley N°10189/2024-CR, el cual declara en emergencia a la policía con el objetivo de mejorar su eficacia contra la criminalidad. Ambas iniciativas comparten un diagnóstico similar [1]: deficiencias en equipamiento, infraestructura y logística. Ambas parten, también, de un error fundamental: la emergencia policial no se debe a carencias, sino a una descomposición por corrupción. Por ello, el nuevo Proyecto de Ley del Legislativo será otra solución fallida.
La corrupción en la Policía no es un problema aislado ni solo una percepción ciudadana. Es una realidad admitida por el 91,5% policías de todo el Perú, según el censo ¿Qué piensa la Policía? (2023) [2], que se aplicó a más de 90,000 agentes. Este y otros hallazgos, hasta ahora ignorados, desmontan el discurso que minimiza el problema y demuestran que la emergencia en la Policía es mucho más profunda que una simple falta de recursos.
¿Carencia o descomposición? El falso debate en la Policía
La respuesta a los problemas en la Policía ha sido ignorar a quienes sufren sus fallas y favorecer a quienes la administran. Susano Enciso, líder vecinal histórico de las laderas del cerro El Pino, lo resumió con claridad cuando lo visité por primera vez en 2014: “El verdadero problema de la Policía es la corrupción. Todo lo demás viene de ahí”. Susano no necesita ser criminólogo ni especialista en gestión pública para que su diagnóstico sea compartido por 9 de cada 10 policías encuestados. No es solo una percepción ciudadana: los propios agentes reconocen que la descomposición de la institución es el problema de fondo. Sin embargo, esta voz ha sido históricamente ignorada en favor de otro discurso: el de expertos convencionales, aquellos que insisten en que la emergencia policial es una cuestión de recursos y equipamiento.
Estos expertos, amparados en supuesta experiencia operativa o novedosos modelos, sostienen que el principal problema de la Policía es la carencia. Desde esta perspectiva, la solución implicaría asignar más dinero y mejorar las condiciones materiales, lo que permite externalizar el problema y evitar así cualquier cuestionamiento al personal policial y la institución. Pero reducir la crisis policial a una cuestión de logística oculta otra realidad: dentro de la Policía existen tensiones entre corruptos e íntegros, y entre conservadores y renovadores. Actualmente, la corrupción y el conservadurismo dominan la institución, lo que permite sostener el discurso de que los problemas son percibidos como algo externo. Es esta lógica la que sustentó el Plan Mariano Santos 2030 y ahora respalda el Proyecto de Ley N°10189/2024-CR. Sin embargo, si la clave estuviera en las carencias, ¿por qué a pesar del incremento financiero en estos años nada ha funcionado hasta ahora para mejorar el desempeño policial? Sostengo que quienes tienen razón no son los especialistas convencionales ni los legisladores, sino los policías encuestados y personas como Susano. La emergencia en la Policía no es una cuestión de carencias: es una crisis de descomposición institucional.
La corrupción: problema sistémico y no individual
La corrupción en la policía es un fenómeno visible; sin embargo, dentro de la institución existe la sensación de que se protege a los corruptos. El censo revela que el 57.5% (54,525) de los policías consideran que las sanciones contra la corrupción no se aplican con efectividad o se hacen de forma ocasional, lo que refuerza la impunidad. Más preocupante es que el 15.4% (13,838) de policías admite haber recibido órdenes de su superior para realizar tareas fuera de su función policial, lo que sugiere acciones posibles que abarquen desde actividades antiéticas hasta presión para modificar informes, alterar pruebas, encubrimiento de delitos, protección a redes ilegales u otras acciones.
La percepción sobre la denuncia de un policía a otro por corrupción evidencia un problema de fondo, ya que, aunque el 42.4% (38,226) la considera un acto de integridad y el 35.8% (32,239) un asunto de ética, solo el 20.1% (18,082) la reconoce como un deber. Esto revela que, pese a que el 78.2% (70,465) la asocia con valores positivos, no la percibe como una obligación inherente a la función policial, reforzando una cultura institucional donde denunciar no solo está desvinculado del rol profesional, sino que incluso puede verse como traición, como lo demuestra el hecho de que 517 policías calificaron la denuncia de un colega corrupto como “deslealtad”. La gravedad del problema también ha sido mostrada por la Contraloría General de la República, pues esta ubicó a la Policía de Lima como la entidad del gobierno nacional con mayor riesgo de corrupción en 2024, mientras que, a mediados de 2023, ya había 758 policías en prisión (INPE, 2024), en su mayoría por cohecho pasivo propio (corrupción). A pesar de ello, desde marzo de 2024 se impulsa un proyecto para construir un establecimiento penitenciario exclusivo para policías dentro de una unidad policial, lo que plantea serias interrogantes sobre el tratamiento institucional del asunto.
No todo está perdido: existen destellos de honestidad policial
Aunque los datos reflejan una institución en emergencia, también dejan entrever una fuerza interna que resiste la corrupción. Más de 32,000 (35.95%) policías afirman que les incomoda que intenten sobornarlos, pero que trabajan en un ambiente hostil donde denunciar un acto de corrupción puede ser riesgoso para su carrera. Este grupo de policías representa la única posibilidad real de regeneración dentro de la institución, pero sin un respaldo claro del Estado y sin un cambio en la cultura policial, sus esfuerzos se verán neutralizados por el otro sector que apuesta por la impunidad y la corrupción.
Para identificar soluciones a este grave problema, debemos centrarnos en quienes padecen las fallas desde dentro. Según los policías encuestados, la medida que debe tomar la institución con quien comete un acto de corrupción es: “expulsarlos de la institución” (43.8%), “denunciarlo penal y administrativamente (34%), “no reincorporarlo a la institución” (9%), sancionarlos drásticamente e inhabilitarlos (9.6%) y “darle una segunda oportunidad” (3,6%). Al reagrupar estas respuestas, se evidencia que el 96.4% (86,848) de los policías considera que los corruptos deben ser separados de la institución, mientras que solo el 3.6% (3,241) cree en su rehabilitación.
De este modo, queda claro qué hacer y con quiénes llevarlo a cabo. Ahora sabemos que dentro de la policía existe una fuerza interna tan poderosa como imprescindible para enfrentar la corrupción. No basta con discursos simplistas que digan: “combatiremos la corrupción”; es necesario identificar a los corruptos, expulsarlos de la institución, garantizar que no regresen y proteger a quienes los enfrentan. Sin incentivos ni medidas de resguardo, los policías honestos seguirán desamparados.
Conclusión: ¿Incrementar o reformar?
La Policía arrastra deficiencias estructurales desde su creación en 1988. Si bien la corrupción es su problema más grave, no es el único. Los propios agentes reconocen que la corrupción es un problema real, que las sanciones son débiles y que denunciar dentro de la institución no es bien visto; sin embargo, los defensores del “enfoque de carencias” reducen el problema a la falta de materiales y su solución es incrementar recursos. Su visión de modernización y eficacia se limita a lo material. El Congreso y el Ejecutivo insisten en modernizar la Policía con más infraestructura, pero sin tocar la raíz del problema. Mientras sigan evitando las reformas de fondo, la Policía seguirá siendo una institución en emergencia, sin importar cuántos millones se inviertan en ella.
(*) Sociólogo por la UNMSM. Actualmente realiza el máster en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid.
Bibliografía
Contraloría General de la República del Perú. (2024). Índice de la corrupción e inconducta funcional INCO 2023. https://www.gob.pe/institucion/contraloria/colecciones/2167-presentaciones-del-contralor-general
González, Y. M. (2020). Authoritarian police in democracy: Contested security in Latin America. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108907330
Instituto Nacional Penitenciario. (s.f.). Módulo de Estadística. Enlace: https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html
Ministerio del Interior del Perú. (2023). ¿Qué piensa la policía? Censo de percepción y autopercepción policial, 2023. Enlace: https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/4847945-censo-de-percepcion-y-autopercepcion-policial-2023
[1] Ambos documentos parten de un enfoque de carencias: asumen que la emergencia policial se debe a la falta de recursos, sin abordar problemas estructurales como la corrupción o la violencia policial. Esto es paradójico, dado que el Plan Mariano Santos surge tras las protestas que dejó 78 heridos de gravedad y el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Comparten una misma respuesta: modernización sin reforma institucional y una visión que externaliza el problema fuera del personal y la institución. La diferencia: el Plan menciona la corrupción, pero de manera formalista y sin estrategias concretas. Sus seis medidas carecen de responsables definidos y no garantizan protección a policías honestos ni mecanismos efectivos contra el tráfico de influencias en ascensos y operativos.
[2] Todas las siguientes cifras, salvo indicación contraria, provienen de: Ministerio del Interior del Perú (2023). ¿Qué piensa la policía? Censo de percepción y autopercepción policial, 2023. Enlace: https://www.gob.pe/institucion/mininter/informes-publicaciones/4847945-censo-de-percepcion-y-autopercepcion-policial-2023
