La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituye una de las principales amenazas a la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo social en el Perú. Con el fin de enfrentar este problema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) impulsó el Protocolo Base de Actuación Conjunta (PBAC), una herramienta que busca articular la labor del sector salud, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y organizaciones comunitarias, garantizando que las víctimas reciban una atención integral, coordinada y sin revictimización. En la provincia de Cusco, la aplicación de este protocolo ha evidenciado tanto avances significativos como retos persistentes que requieren atención urgente.
Estos y otros hallazgos han sido recogidos en el estudio Barreras de acceso y pertinencia en servicios de salud primaria y comunitaria: Un análisis con enfoque interseccional e inclusivo en la región de Cusco, presentado el 21 de agosto por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) en alianza con We World, Arariwa y Apurímac ETS y con el apoyo de la Unión Europea, en el marco del proyecto “Salud para tod@s. Derecho a la salud en comunidades inclusivas sin discriminación”.
El informe destaca que el PBAC ha permitido una mayor coordinación entre centros de salud, comisarías y fiscalías, lo que ha permitido dar respuestas más rápidas, en particular en situaciones de emergencia. No obstante, persisten limitaciones estructurales que dificultan su funcionamiento pleno, como la falta de recursos humanos especializados, los presupuestos limitados, la rotación constante de personal y la infraestructura deficiente ponen en riesgo la sostenibilidad de las acciones. Además, las instituciones carecen de sistemas de información interoperables que permitan compartir datos y hacer un seguimiento adecuado de los casos, lo que genera duplicidad, retrasos y, en ocasiones, pérdida de información crucial para la protección de las víctimas.
El estudio también evidencia la persistencia de barreras socioculturales en zonas rurales, donde la normalización de la violencia, el temor a represalias y la desconfianza hacia las autoridades desincentivan la denuncia. A ello se suma que la formación en género, interculturalidad y derechos humanos sigue siendo insuficiente en gran parte del personal de salud, justicia y seguridad, lo que impacta directamente en la calidad de la atención. Esta carencia resulta especialmente grave en un contexto como el cusqueño, caracterizado por su diversidad cultural y lingüística.
Pese a estas dificultades, la investigación resalta experiencias positivas que pueden servir de modelo para otras regiones. Entre ellas, las mesas de trabajo intersectoriales que han permitido una mayor coordinación entre las instituciones; la vinculación entre los Centros de Emergencia Mujer y los establecimientos de salud, que ha favorecido una atención más ágil en los ámbitos psicológico, legal y médico; y las campañas comunitarias desarrolladas en lenguas originarias, que han generado confianza entre la población y promovido el acceso a los servicios. También se destaca la conformación de redes de apoyo entre mujeres que acompañan a las víctimas en sus procesos de denuncia, fortaleciendo su empoderamiento y reduciendo los riesgos de abandono de los casos.
El documento plantea una serie de recomendaciones que resultan clave para consolidar los avances y superar las brechas existentes. Entre ellas, asegurar un financiamiento sostenido para la implementación del PBAC, brindar capacitaciones continuas y especializadas con enfoque de género e interculturalidad, implementar sistemas tecnológicos que permitan la interoperabilidad de la información, fortalecer el rol de los gobiernos locales en la prevención, adaptar protocolos y materiales a las lenguas y cosmovisiones propias de la región, desarrollar campañas sostenidas de sensibilización en zonas rurales y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación periódicos que garanticen la identificación oportuna de problemas y la corrección de deficiencias.
La aplicación de estas medidas permitiría que Cusco consolide un modelo de atención integral que combine el fortalecimiento institucional con la participación comunitaria. Ello redundaría en la reducción de la revictimización, el aumento de la confianza ciudadana en las instituciones, la disminución de la impunidad mediante respuestas más rápidas y eficaces, y el empoderamiento de las mujeres a través de un acceso oportuno a servicios de protección, salud y justicia. Además, la experiencia podría convertirse en una referencia replicable para otras provincias del país que enfrentan problemas similares, aportando al objetivo nacional de construir una sociedad más justa e inclusiva.
La implementación del Protocolo Base de Actuación Conjunta en la provincia de Cusco constituye un avance importante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero enfrenta aún obstáculos estructurales y culturales que deben ser superados. La articulación interinstitucional se ha mostrado como un mecanismo esencial, aunque para que tenga un efecto sostenido se requiere compromiso político, recursos suficientes y la incorporación plena del enfoque intercultural. El desafío central es construir una red de atención articulada y sostenible que coloque en el centro a las mujeres víctimas reconociendo sus derechos, su dignidad y su diversidad.
