Por Miriam Tovar (*) y Luis Alejandro Pebe (**)
La relación entre Estados Unidos (EE.UU.) y la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado marcada —desde la creación de esta última, en 2002— por fluctuaciones diplomáticas y jurídicas, alternando momentos de cooperación limitada y episodios de distanciamiento evidente. Hoy, la administración del presidente Donald Trump ha adoptado una postura decididamente adversa hacia la jurisdicción de la CPI, tal como lo refleja en una reciente declaración: «En lo que concierne a (EE.UU.), la CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad»[1]. Esta rotunda afirmación deja en evidencia la tensión entre la soberanía nacional estadounidense y la jurisdicción universal que busca implementar la CPI.
La situación alcanzó un punto crítico tras el retorno al poder de Trump[2]. En enero de 2025, su gobierno promulgó una orden ejecutiva que impuso sanciones significativas contra la CPI[3], medida que dejó en claro la postura política estadounidense frente a la jurisdicción internacional. A propósito de este asunto, presentamos a continuación un análisis cuyo objetivo es explorar los antecedentes que han dado forma a esta relación bilateral, examinar el contenido y alcance de la mencionada orden ejecutiva, y evaluar las implicaciones jurídicas de estas sanciones en el marco del derecho internacional contemporáneo.
La compleja historia de las relaciones entre la CPI y EE.UU.
La evolución de las relaciones institucionales entre EE.UU. y la CPI refleja un complejo entramado de tensiones diplomáticas y jurídicas. La participación inicial de Estados Unidos en la formulación del Estatuto de Roma, bajo la administración Clinton, reflejó una postura diplomática constructiva, ya que no sólo suscribió el tratado constitutivo de la Corte, sino que desempeñó un papel clave en su desarrollo jurídico, contribuyendo con expertise y recursos significativos durante las negociaciones que dieron lugar al marco normativo vigente de la CPI[4].
Sin embargo, durante la administración del presidente George W. Bush se decidió no ratificar el Estatuto de Roma y se adoptó una postura decididamente adversa hacia la CPI. Esta posición se materializó mediante la promulgación de la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que prohibía la cooperación militar con aquellos Estados que reconocieran la jurisdicción de la CPI. Además, la ley otorgaba al presidente de EE.UU una autoridad plena y discrecional para tomar medidas en caso de que se produjera la detención de nacionales estadounidenses por parte de la CPI[5].
Posteriormente, la política exterior de EE.UU. experimentó una moderación bajo la administración del presidente Barack Obama, lo que dio paso a una etapa caracterizada por un enfoque diplomático más constructivo. Durante este periodo, EE.UU. superó su postura inicialmente antagónica y adoptó una posición más activa y cooperativa. En este contexto, se destacan tres acciones clave: i) la asistencia por primera vez a una Asamblea de Estados Parte, ii) el voto a favor de que el Consejo de Seguridad remita a la CPI la situación en Libia, y iii) la colaboración en el traslado del criminal de guerra congolés Bosco Ntaganda al centro de detención la CPI[6].
No obstante, esta tendencia de acercamiento sufrió un retroceso considerable durante el primer gobierno de Trump (2017 – 2021), a causa de una serie de medidas restrictivas impulsadas por el mandatario. La tensión alcanzó su punto más álgido el 2 de septiembre de 2020, cuando, mediante una orden ejecutiva, se incluyó a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a otros altos funcionarios de la Oficina de la Fiscalía en la Lista de Nacionales Especialmente Designados, congelando sus activos en EE.UU. y prohibiéndoles realizar transacciones. Estas sanciones fueron impuestas en respuesta a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de autorizar la apertura de una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense y agentes de la CIA en Afganistán[7].
Bajo la administración de Biden las relaciones con la CPI iniciaron con un giro positivo al revocar las sanciones impuestas por Trump[8]. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han exigido al gobierno de EE.UU. la protección de la labor de la CPI, llegando incluso a dirigir una carta al presidente Biden[9]. A pesar de esto, al final del mandato, la tensión se intensificó con la aprobación de la «Illegitimate Court Counteraction Act» por parte de la Cámara de Representantes, la cual busca imponer sanciones a la CPI por investigar a funcionarios israelíes[10].
La nueva medida de Trump: “Imposing Sanctions on the International Criminal Court”
La orden ejecutiva «Imposing Sanctions on the International Criminal Court» emitida por la administración Trump en enero de 2025 marcó un punto de inflexión en el antagonismo entre EE.UU. y la CPI. Esta disposición implementó un sistema de sanciones contra funcionarios de la Oficina del Fiscal de la CPI y sus colaboradores, imponiendo medidas contundentes: congelamiento inmediato de activos, bloqueo total de transacciones financieras y prohibición absoluta de ingreso al territorio estadounidense, extendiéndose incluso a sus familiares directos[11].
La administración Trump justifica las medidas punitivas impuestas a la CPI con dos argumentos centrales, ambos falibles. El primero cuestiona la jurisdicción de la CPI, al afirmar que «la CPI, sin una base legítima, afirma jurisdicción sobre el personal de los EE.UU. y algunos de sus aliados, incluyendo Israel»[12] y basa este razonamiento en el hecho que ni EE.UU. ni Israel han ratificado el Estatuto de Roma; sin embargo, omite de manera intencional que la CPI ostenta competencia para investigar presuntos crímenes ocurridos en los territorios de los Estados Parte, tal como sucede en el caso de Palestina, que ostenta la condición de Estado Parte del Estatuto desde 2015[13]. El segundo argumento se encuentra en la orden ejecutiva emitida, donde se califica a la CPI como una «amenaza extraordinaria y poco común para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense»[14], una afirmación que carece de un fundamento sólido. La CPI opera bajo un marco jurídico claramente definido bajo el principio de complementariedad. Este principio establece que la jurisdicción de la CPI solo se activa cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesar crímenes graves[15], equilibrando la soberanía estatal con la lucha contra la impunidad global, lo que asegura que su acción no afecta la autonomía de los Estados ni impacta de manera directa sus decisiones en el ámbito internacional.
La importancia de la CPI en la persecución de crímenes internacionales
La CPI es un tribunal de última instancia diseñado para investigar y enjuiciar a individuos responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: i) genocidio, ii) crímenes de guerra, iii) crímenes de lesa humanidad, y iv) el crimen de agresión[16]. Su establecimiento representa uno de los mayores logros de la justicia penal internacional, proporcionando un mecanismo de rendición de cuentas ante crímenes atroces.
Es importante resaltar que la CPI tiene un objetivo tripartito: i) poner fin a la impunidad, ii) garantizar acceso a la justicia para las víctimas, y iii) prevenir futuros crímenes[17]. De igual manera, la CPI permite la participación de las víctimas en todas las etapas del proceso judicial, asegurando que sus voces sean escuchadas y protegidas[18].
Es importante tener en cuenta que la efectividad operativa de la CPI está intrínsecamente vinculada a la colaboración de los Estados parte, considerando que la institución no dispone de un cuerpo policial propio ni de territorios designados para la reubicación de víctimas y testigos que requieren protección. En consecuencia, el respaldo sostenido de la comunidad internacional constituye un elemento crucial para la consecución efectiva del mandato institucional de la CPI[19].
Consecuencias de la orden ejecutiva de Trump contra la CPI
La reciente orden ejecutiva del gobierno estadounidense contra la CPI constituye un precedente altamente perjudicial para la justicia internacional. La implementación de sanciones contra funcionarios de la CPI obstaculiza severamente su capacidad para conducir investigaciones efectivas, viajar a recolectar evidencia, contratar personal especializado y mantener operaciones básicas de la institución. Estas restricciones no solo paralizan la capacidad operativa de la Corte, sino que también perpetúan la impunidad de los responsables de posibles crímenes internacionales.
Uno de los efectos más severos de esta medida recae directamente sobre las víctimas palestinas de crímenes de guerra y lesa humanidad en los territorios ocupados, cuyo acceso a mecanismos de justicia se ve obstaculizado. En este contexto, Amnistía Internacional ha señalado que estas acciones «transmite(n) el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional»[20] y «sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del gobierno israelí y asume la impunidad»[21].
En el plano diplomático, esta decisión ha generado tensiones significativas en las relaciones de EE.UU con los 125 Estados Parte de la CPI, muchos de los cuales consideran al tribunal como un «pilar vital del sistema de justicia internacional»[22]. La respuesta europea ha sido particularmente contundente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han reafirmado la importancia de la independencia de la CPI para garantizar la rendición de cuentas por crímenes internacionales y dar voz a las víctimas en todo el mundo[23].
Ante esta situación, la CPI ha emitido un llamado a la acción colectiva, solicitando el apoyo de sus Estados parte, la sociedad civil y la comunidad internacional en defensa de la justicia y los derechos humanos[24]. La mayoría de los gobiernos europeos, incluyendo Reino Unido, Francia y Alemania, han reafirmado su apoyo a la CPI, destacándola como un mecanismo esencial para combatir la impunidad y preservar el derecho internacional, al tiempo que subrayan la necesidad de que opere libre de presiones externas[25].
A modo de reflexión
La relación entre EE.UU. y la CPI refleja una lucha de poder en la que EE.UU. ha utilizado su influencia para minar la autoridad de la CPI, especialmente en los periodos en los que Donald Trump se encuentra en el poder. Esta confrontación pone de manifiesto el rechazo de EE.UU. a someterse a una jurisdicción internacional y su disposición a emplear medidas coercitivas para proteger sus intereses políticos, desafiando principios fundamentales de la justicia internacional.
El futuro de esta relación dependerá de las decisiones de las administraciones venideras y de su disposición para restablecer la cooperación, mientras que la respuesta de la comunidad internacional será esencial para garantizar la legitimidad de la CPI y contrarrestar este retroceso político, recordando al presidente Trump que, a nivel internacional, la CPI goza de jurisdicción, legitimidad y autoridad, independientemente de las decisiones de su gobierno.
(*) Asistente del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
(*) Miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[1] CNBC Television. (2018, septiembre 25). Trump: International Criminal Court has no jurisdiction, legitimacy or authority [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IYt3hsAWZNk
[2] Hasta el 10 de febrero, Trump ha emitido 59 órdenes ejecutivas, la mayoría de las cuales están en contra de la comunidad LGTBQ+, la migración, el medio ambiente, la movilidad humana, la cooperación internacional, entre otros temas relacionados. Para consultar estas medidas a través de una herramienta interactiva, puedes acceder al siguiente enlace: https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/la-casa-blanca/herramienta-donald-trump-ordenes-ejecutivas-estados-unidos/2312188/
[3] Presidencia de los Estados Unidos. (2025, febrero 6). Presidential actions imposing sanctions on the International Criminal Court [Executive order]. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
[4] The International Criminal Court Project. (s.f.). The US-ICC relationship. https://www.aba-icc.org/about-the-icc/the-us-icc-relationship/
[5] American Servicemembers’ Protection Act of 2002, Pub. L. No. 107-206, §§ 2001-2015, 116 Stat. 899 (2002). https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-3074/pdf/COMPS-3074.pdf
[6] The International Criminal Court Project. (s.f.). The US-ICC relationship. https://www.aba-icc.org/about-the-icc/the-us-icc-relationship/
[7] Redacción. (2020, septiembre 2). Corte Penal Internacional: por qué Estados Unidos sanciona a Fatou Bensouda, fiscal general del tribunal. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54006812
[8] Federación Internacional por los Derechos Humanos. (2021, abril 9). Retirada de las sanciones contra la CPI: Biden puede hacer mucho más. https://www.fidh.org/es/region/americas/estados-unidos/retirada-de-las-sanciones-contra-la-cpi-biden-puede-hacer-mucho-mas
[9] Action Corps et al. (2024, 22 de mayo). Amenazas contra la Corte Penal Internacional [Carta a Joseph R. Biden Jr., presidente de los Estados Unidos]. La Casa Blanca. https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/cicc_documents/Joint%20NGO%20Letter%20to%20President%20Biden%20on%20the%20International%20Criminal%20Court.pdf
[10] Kelly, L., & Dress, B. (2025, 9 de enero). House passes ICC sanctions bill; GOP Senate leader promises to bring it to floor. The Hill. https://thehill.com/policy/international/5076598-house-legislation-icc-sanctions/
[11] Presidencia de los Estados Unidos. (2025, febrero 6). Presidential actions imposing sanctions on the International Criminal Court [Executive order]. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
[12] Ibid.
[13] Reyes, V. (2024, 21 de mayo). ¿Netanyahu y los líderes de Hamás serán capturados por la Corte Penal Internacional? [Entrevista]. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/netanyahu-y-los-lideres-de-hamas-seran-capturados-por-la-corte-penal-internacional/
[14] Presidencia de los Estados Unidos. (2025, febrero 6). Presidential actions imposing sanctions on the International Criminal Court [Executive order]. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
[15] Coalición por la Corte Penal Internacional. (s.f.). Mitos y verdades sobre la CPI. https://www.coalitionfortheicc.org/es/los-mitos-de-la-cpi
[16] Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
[17] Corte Penal Internacional. (s.f.). La Corte en síntesis: Introducción a la CPI [Video]. Corte Penal Internacional. https://www.icc-cpi.int/get-involved/la-corte-en-sintesis
[18] Massidda, P., Pellet, S., Suprun, D., Narantsetseg, O., Walter, C., Carnero Rojo, E., Abdou, M., Vetruccio, L., Morello, R., García-Alcalá y Nieto, E., & Caamaño Sambade, P. (2013). Representación de víctimas ante la Corte Penal Internacional: Manual para los representantes legales. Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, Corte Penal Internacional. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/OPCVManualSpa.pdf
[19] Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional. (2007). Resolución ICC-ASP/6/Res.2: Fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y de la Asamblea de los Estados Partes. Corte Penal Internacional.
[20] Amnistía Internacional. (2025, 6 de febrero). Estados Unidos: Las sanciones contra la Corte Penal Internacional ponen en peligro el sistema de justicia internacional. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/02/usa-sanctions-against-international-criminal-court-betray-international-justice-system/
[21] Ibid.
[22] Debusmann Jr, B. (2025, febrero 7). «Seguiremos brindando justicia a millones de víctimas»: La respuesta de la Corte Penal Internacional a las sanciones impuestas por Donald Trump. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/articles/c20327x8znlo
[23] von der Leyen, U. [@vonderleyen]. (2025, febrero 7). The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide. It must be able to freely pursue the fight against global impunity. Europe will always stand for justice and the respect of international law. [Post en X]. X (anteriormente Twitter). https://x.com/vonderleyen/status/1887802247033045301
[24] CPI-Cour pénale int. [@CourPenaleInt]. (2025, febrero 7). Hacemos un llamado a nuestros 125 Estados Parte, la sociedad civil y todas las naciones del mundo a permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales [Post en X]. X (anteriormente Twitter). [https://x.com/CourPenaleInt/status/1887790411713798161]
[25] Debusmann Jr, B. (2025, febrero 7). «Seguiremos brindando justicia a millones de víctimas»: La respuesta de la Corte Penal Internacional a las sanciones impuestas por Donald Trump. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/articles/c20327x8znlo
