La falta de documentos y la desarticulación entre instituciones de salud son dos de las principales barreras que impiden a la población migrante venezolana en Piura acceder a atención médica y medicamentos psiquiátricos esenciales. Así lo revela el estudio Barreras de acceso a los servicios primarios, comunitarios e integrales de salud, y las problemáticas para el fortalecimiento de las redes de salud con enfoque de inclusión en Piura, presentado el 14 de agosto pasado en el auditorio del Colegio de Químicos de Piura por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) en alianza con We World, Arariwa y Apurímac ETS y con el apoyo de la Unión Europea, en el marco del proyecto “Salud para tod@s. Derecho a la salud en comunidades inclusivas sin discriminación”.
El evento reunió a representantes de entidades públicas, integrantes de organizaciones de sociedad civil, comunidades migrantes y público interesado. Tras las palabras de bienvenida de autoridades locales y representantes de las instituciones organizadoras, siguió la exposición de la metodología utilizada en la investigación a cargo de Paola Miranda, investigadora del IDEHPUCP, y la presentación de hallazgos por parte de Mario Cépeda, investigador principal del estudio.
La agenda incluyó un bloque sobre buenas prácticas en centros de salud mental comunitarios —con la experiencia del CSMC “Las Dalias”, presentada por su coordinadora Denisse Carolina Timaná—, así como un espacio para destacar el rol de la sociedad civil en la garantía del derecho a la salud de poblaciones vulnerables, con la participación de la organización Líderes Resilientes.
El estudio advierte que los requisitos documentarios como el carné de extranjería o la afiliación al SIS excluyen a muchas personas migrantes de tratamientos esenciales, especialmente en el ámbito de la salud mental. A ello se suman problemas estructurales como la débil coordinación entre sectores, la precariedad de infraestructura, la fragmentación de los servicios y la falta de enfoques de derechos humanos e interculturalidad en el personal de salud y educación.
En el plano social, se documentan condiciones de vida marcadas por la pobreza, el empleo informal y la carencia de información oficial, lo que obliga a recurrir a redes comunitarias y ONG. También se evidencian altos niveles de violencia escolar y casos de violencia basada en género, con efectos directos sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
El análisis, basado en el marco de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (AAAC), recomienda simplificar los trámites para acceder a la salud, fortalecer la capacidad comunitaria de los Centros de Salud Mental Comunitarios, crear redes de facilitadores interculturales, capacitar en derechos humanos y monitorear los servicios con participación de la población migrante.
Las conclusiones son claras: para garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes en Piura se requiere atender de manera simultánea las fallas estructurales del sistema público y las exclusiones específicas derivadas de la nacionalidad y el estatus migratorio, con reformas y coordinación intersectorial que sitúen la salud como un derecho humano y no como un privilegio.
El estudio Barreras de acceso a los servicios primarios, comunitarios e integrales de salud, y las problemáticas para el fortalecimiento de las redes de salud con enfoque de inclusión en Piura está disponible para su descarga y revisión en este enlace.
