“[Hay] un paulatino deterioro en la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos [en Venezuela]”, señaló la CIDH en un informe publicado en 2018; en un documento que puso en relieve múltiples sucesos que exacerbaron la crisis política, social y económica del país. Seis años después dicho deterioro sigue en aumento. Ejemplo de ello es lo sucedido la semana pasada: abruptamente, el gobierno de Nicolás Maduro decidió expulsar a la ONU del territorio venezolano. Esto es especialmente preocupante considerando que se aproxima la elección presidencial y existe una investigación activa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Y es que, en el año 2017, durante las fuertes protestas antigubernamentales en Venezuela, se registró uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura por parte de miembros del Estado. Según la ONG Foro Penal Venezolano, hubo 163 muertos, 2.977 heridos y 1.351 detenidos.
Es en este contexto que la Corte Penal Internacional (CPI) es el único tribunal penal internacional que aborda la situación en Venezuela, en un proceso que lleva más de cuatro años. Sobre este panorama, conversamos con Michelle Reyes Milk, consultora en justicia internacional, ex coordinadora regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, e integrante de la asamblea de miembros del IDEHPUCP.
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La CPI es la única corte independiente del mundo que investiga crímenes de gran magnitud, y solo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos. Si el gobierno de Venezuela insiste en que su nación ya está investigando lo ocurrido en tribunales nacionales, ¿qué hace que la CPI continúe su proceso en dicho país?
Cuando en el 2022 se abrió formalmente la investigación, el gobierno de Maduro presentó una medida judicial que le permitía solicitar la suspensión de la misma. Esta consiste en cuestionar la admisibilidad de la corte bajo el principio de complementariedad. Es decir, la CPI solo interviene cuando el país no puede o no quiere investigar, pues la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que la complementa. Entonces, Venezuela decide investigar y por un año la Fiscalía de la CPI no intervino a la espera de los resultados.
Pasado el tiempo, el fiscal Karim Khan, convencido de que Venezuela no había presentado evidencias suficientes para demostrar que se estaba investigando y judicializando correctamente a los sospechosos, solicitó la autorización de la CPI para continuar con la investigación.
No basta con que se investigue a algunos soldados de rangos bajos, no basta que se abran casos aislados no por violaciones a derechos humanos. Lo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional alega es que se trata de crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ha señalado que Venezuela no está investigando, incluso que hay periodos de inactividad en la investigación, además de impunidad y pocas intenciones de juzgar a los sospechosos. ¿Qué otros resultados se pueden notar en la investigación que realiza Venezuela?
No es que no se haya investigado, sino que las investigaciones que iniciaron Venezuela no se centran en los máximos responsables. Es decir, se ha procesado a personas que tienen un menor nivel de implicación, y no debería ser así.
Además, la información disponible hacía notar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dentro de los que se encuentran la tortura, persecución, violencia sexual, privación arbitraria de la libertad, entre otros, por parte de miembros de las fuerzas armadas y autoridades del gobierno durante las protestas del 2017.
Sin embargo, Yvan Gil, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, ha afirmado que las violaciones y abusos sexuales denunciados son “actos contra los derechos humanos, no (…) crímenes contra la humanidad”, ¿por qué?
Con esa declaración se ha tratado de enfatizar que, a la luz de la opinión del gobierno venezolano, no se trata de tortura, sino actos crueles o inhumanos. Al rechazar esa categorización, entran en una gran contradicción que juega en contra de sus argumentos.
Recordemos que Venezuela forma parte del Estatuto de Roma, y este tipifica cuatro categorías de crímenes internacionales: crímenes de guerra, de genocidio, de agresión y de lesa humanidad. Solo este último es aplicable al contexto venezolano.
Ellos señalan que no se trata de crímenes de lesa humanidad, pero utilizan el argumento de complementariedad para impedir que la CPI investigue. Si quieren impedir la intervención con el argumento del principio complementariedad, tienen que utilizar las mismas categorías que utiliza el Estatuto de Roma. Como no es así, la Fiscalía de la CPI continuará la investigación.
¿Cómo afecta al gobierno esta investigación, tomando en cuenta que están en un contexto de elecciones presidenciales?
Es interesante ver cómo se maneja Venezuela frente a la CPI. El país, por ejemplo, se ha retirado del Sistema Interamericano y ha denunciado a la Comisión Americana de Derechos Humanos, pero no ha hecho lo mismo con el estatuto Roma.
Es como si quisiera continuar siendo un actor a la luz del Estatuto, pero al mismo tiempo rechaza la decisión de la Sala de Apelaciones y rechaza la injerencia de la CPI. Es bastante incongruente. ¿Cómo se lee esto a la luz de un año electoral? Es una pregunta muy importante. Human Rights Watch ha documentado la situación de Venezuela y podemos notar que, durante el último año, el ataque contra la oposición y contra la sociedad civil ha incrementado y tiene objetivos mucho más concretos, tales como miembros de la oposición en el contexto electoral o miembros de organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, un caso que ha alarmado sobre la situación de los derechos humanos en el país es el de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, quien primero desapareció unos días, y después fue privada de su libertad bajo acusaciones de conspiración y terrorismo.
¿Cómo tomar, en este contexto, la expulsión de la ONU del territorio venezonalo?
Ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado y que debería estar en el radar. Que el gobierno de Maduro haya expulsado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Caracas es una situación gravísima y sin duda manda un mensaje alarmante, pues si en ciertas instancias hubo un discurso que reflejaba intención de colaborar con ciertos mecanismos internacionales, la expulsión de la ONU lo anula.
¿Cuáles son las acciones que pueden tomar el Perú y los demás países adscritos al Estatuto de Roma frente al problema en Venezuela?
Hay que recordar que la CPI no es sólo un tribunal de justicia, sino una organización internacional. Entonces, todos los Estados miembros de la Corte Penal Internacional tienen la obligación de cooperar con la Corte.
Llegado el momento en que el fiscal decida adoptar y emitir las primeras órdenes de detención o arresto, estas tendrán que ser ejecutadas por todos los países que forman parte del Estatuto, incluyendo el Perú. Todos tendrán que llevar a cabo un rol muy activo en términos de cooperación. Lo vimos en otros contextos, por ejemplo, en la situación en Ucrania donde hay una orden de detención contra el presidente Putin.
A inicios de marzo se ha decidido que la Fiscalía continúe con la investigación contra el Estado de Venezuela. ¿Qué pasará ahora?
Es un poco difícil saberlo. Venezuela ya ha utilizado todas las herramientas para cuestionar la admisibilidad de la situación. Es por eso que la investigación continúa.
Llegado el caso de que el fiscal abra casos en concreto, existe una herramienta a la luz del artículo 19 del Estatuto de Roma que le permite al gobierno, y también a la defensa, cuestionar la admisibilidad del caso en concreto también. Por ejemplo, digamos que se inicia un caso contra un individuo, Venezuela podría reiterar el argumento de complementariedad para evitar que la CPI siga investigando solo ese caso en concreto.
