“Arriesgar a los fiscales y jueces a aplicar el nuevo Código Procesal Penal, sin la infraestructura y sin la institucionalidad necesaria, es dirigirlos prácticamente al fracaso en lo que significa persecución de delitos contra la administración pública. Es improvisar la lucha contra la corrupción», afirma Montoya en la entrevista.
Por su parte, Vargas Valdivia sostiene que “si bien es cierto esta Ley fue impulsada, supuestamente, para garantizar la celeridad en los procesos sobre delitos contra la administración pública, lo cierto es que debido a su carácter improvisado (…) lo más probable es que termine produciendo resultados contrarios a los esperados”.
El diálogo completo con los dos juristas puede ser leído a continuación:
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