Desde el mes de diciembre 2024, el IDEHPUCP viene desarrollando, en consorcio con WeWorld, Apurímac ETS y Arariwa, y con el respaldo de la Unión Europea, el proyecto “Salud para tod@s. Derecho a la salud en comunidades inclusivas sin discriminación”. Con este proyecto, se busca garantizar el acceso y la pertinencia de los servicios de salud integral a fin de cubrir las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de la población migrante, las personas con discapacidad y aquellas pertenecientes al colectivo LGTBIAQ+ en las regiones de Piura, Lambayeque y Cusco. Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto desarrolla actividades vinculadas al fortalecimiento de capacidades institucionales, la promoción de comunidades inclusivas y resilientes, y el impulso de la cooperación interinstitucional.
En el marco del proyecto, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP, como entidad académica, viene desarrollando dos investigaciones que apuntan a identificar las determinantes sociales en el acceso a servicios de salud integral (condición de migrante, diversidad sexual, discapacidad, entre otros), así como patrones y dinámicas de vulnerabilidad para eliminar barreras de acceso a los servicios primarios, comunitarios e integrales de salud, por parte de la población vulnerable objeto de estudio. Con esta iniciativa, el IDEHPUCP contribuye al éxito del proyecto a partir de la generación de conocimiento que informe las medidas y estrategias implementadas por el Consorcio.
Como una de las primeras acciones, un equipo de investigadoras e investigadores del IDEHPUCP conformado por Paola Miranda, Mario Cépeda, Geraldine Chávez y Miguel Casas realizaron una primera salida de campo entre el 20 de marzo y el 05 de abril a las regiones de Piura y Cusco donde se estableció contacto con funcionarios públicos del sector salud, instituciones estatales de inclusión social y protección vinculadas al sector salud, funcionarios de instituciones educativas, y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil. Aplicando una metodología cualitativa consistente – en esta etapa – en la aplicación de entrevistas, el equipo de investigación identificó como parte de sus hallazgos preliminares la debilidad de los servicios públicos de salud y educación en la implementación de lineamientos preventivos a problemas de violencia y salud mental con población en situación de vulnerabilidad, la insuficiencia de programas de capacitación a funcionarios públicos en cuanto a temas de género, derechos humanos y salud mental, la presencia barreras institucionales, socioeconómicas y culturales que afectan el trabajo interinstitucional y limitan el acceso a servicios de salud, entre otros.
En el mes de mayo el equipo de investigación realizará una segunda salida a campo para aplicar nuevas herramientas de levantamiento de información que permitan recopilar mayores insumos y contrastar los hallazgos iniciales del estudio. Estos, a su vez, fortalecerán las líneas de acción del proyecto que se socializarán con las comunidades participantes, funcionarios públicos y otros actores claves presentes en las regiones de intervención.
