Escribe: Alexander Benites Alvarado (*)
Hace algunas semanas, el presidente Martin Vizcarra señaló que si algo hay que rescatar del COVID-19 es que es un virus “absolutamente democrático”. El presidente hace alusión a que la enfermedad no hace distinciones de ningún tipo, y que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, se encuentran expuestas al contagio.[1] Sin embargo, a raíz de los desiguales impactos que ha generado la pandemia a lo largo del país, vale la pena preguntarse si esto es realmente así.
Responder a dicha interrogante implica preguntarse qué es lo democrático. Y aunque es imposible cubrir aquí esa discusión, algunos apuntes sobre ella pueden ayudar a responder si es correcto asignarle ese calificativo al virus.
La democracia es ante todo un régimen político; es decir, un conjunto de reglas, tanto formales como informales, que establecen bajo qué medios se puede llegar al poder. Por ello, al momento de establecer si un país es o no democrático, la presencia de elecciones libres y competitivas es un criterio determinante.[2] Pero su definición va mucho más allá.
La democracia no es solo un conjunto de normas, y algunos señalan que definirla así sería insuficiente. Por el contrario, este concepto se encuentra fuertemente ligado a la idea de igualdad. Esta igualdad se manifiesta en que, en un sistema democrático, todos los individuos son concebidos como ciudadanas y ciudadanos portadores de obligaciones y de derechos, al igual que de un grado suficiente de autonomía para tomar decisiones de forma consciente.[3] Así, en tanto iguales, el horizonte de acción del proyecto democrático es hacer efectivo el derecho de cada individuo a escoger y gobernar su propia existencia.[4]
«Los hogares con menos recursos del país dependen principalmente del trabajo informal. Así, muchas ciudadanas y ciudadanos, por la naturaleza de la labor que realizan, han dejado de percibir ingresos al no poder salir de sus hogares durante la cuarentena.»
Siendo esto así, si bien no se puede negar que cualquier persona se encuentra expuesta al contagio, esto queda corto para calificar al COVID-19 como uno democrático. Por el contrario, lo que se ha podido observar a lo largo del estado de emergencia es que tanto el virus como las medidas para hacerle frente han impactado de manera desigual entre los diferentes hogares del país, dadas sus heterogéneas condiciones. Tres ejemplos relacionados a ello se presentan a continuación.
Primero, y como es evidente, la pandemia ha golpeado profundamente a las y los ciudadanos que se encuentran en los sectores socioeconómicos más bajos. Según algunos reportes, el 41% de la ciudadanía se ha quedado sin empleo y no percibe ingresos por lo que era su trabajo. Este dato asciende a 46% y 51% en los sectores socioeconómicos D y E, y es marcadamente menor en los niveles socioeconómicos más altos.[5]
¿A qué se debe este resultado? Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) muestran que los hogares con menos recursos del país dependen principalmente del trabajo informal. Mientras que los ingresos de los hogares que pertenecen a los deciles de ingresos más altos provienen mayoritariamente del trabajo formal, el 50% de los ingresos de los hogares que se encuentran en los tres deciles más bajos provienen del trabajo informal. Así, muchas ciudadanas y ciudadanos, por la naturaleza de la labor que realizan, han dejado de percibir ingresos al no poder salir de sus hogares durante la cuarentena.[6]
En segundo lugar, si bien el Estado peruano ha incrementado sustancialmente su capacidad de respuesta en materia de salud pública, presenta brechas marcadas a nivel territorial. El número de instituciones de salud con capacidad de internamiento[7] asciende a 1,089 en total. Sin embargo, 275 de ellas (25%) se encuentran concentradas en Lima, mientras que departamentos como Madre de Dios tienen solamente tres establecimientos con estas características. De forma similar, cruzando esta información con el nivel demográfico, en departamentos como Ucayali, la tasa es de una institución de salud por cada 50,000 habitantes.[8] La situación se vuelve más problemática si se toma en cuenta que muchos ciudadanos y ciudadanas residen en zonas de difícil acceso, lo que hace imposible que puedan recurrir a estos establecimientos. Los mapas presentados a continuación, muestran la cantidad de instituciones de salud con capacidad de internamiento a nivel departamental y según el número de habitantes:
Finalmente, hoy en día el acceso a tecnologías de información cobra gran relevancia. Es a través de ellas que, por ejemplo, las y los ciudadanos toman conocimiento de si son o no acreedores de alguna bonificación económica, consultan el estado de la pandemia en el país, los distritos de riesgo e, incluso, continúan las clases escolares con la plataforma “Aprendo en Casa”. Sin embargo, la brecha en el acceso a estas tecnologías es marcadamente mayor en zonas urbanas con respecto a las zonas rurales.
Los datos de la ENAHO, al cierre del año 2018, muestran cómo la mitad de los hogares en zonas rurales no tienen acceso a un televisor, solo el 5.8% tiene acceso a una computadora, y solo el 2.1% tiene acceso a Internet. Asimismo, en departamentos como Apurímac o Ayacucho, menos del 15% de los hogares tiene acceso a una computadora, mientras que solo el 7% tiene acceso a Internet. Todo ello se puede observar en los mapas a continuación:
En suma, analizando las brechas de diferente tipo sobre las que el virus aterriza, ¿se puede afirmar que el COVID-19 es democrático? Los impactos desiguales que generan la enfermedad y las medidas para hacerle frente darían indicios de que no lo es tanto. La pandemia está golpeando mucho más a algunos sectores de la población que a otros, y las condiciones ignoradas por la capacidad de contagio del virus sí tienen un peso a la hora de determinar la situación de riesgo en la que se encuentran muchos ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, según las desiguales condiciones de los hogares peruanos, el quedarse en casa es una experiencia marcadamente diversa.
