Ya está al aire el último episodio de “Amigos con derechos”, el podcast del IDEHPUCP, que, por el Día de los Derechos Humanos, contó con la presencia de Jennie Dador, secretaria de la CNDDHH, y Sonia Paredes, Directora de Campañas e Incidencia de Amnistía Internacional Perú para realizar un balance del estado de los DDHH durante el año que se nos va.
El 2024 se ha caracterizado por ser un año precario en materia de derechos humanos. En el Perú, las estructuras estatales encargadas de garantizar estos derechos. Las invitadas coincidieron en que el Estado ha demostrado debilidad y una preocupante incapacidad para cumplir su función reguladora y sancionadora. Esto se evidencia en la desprotección de las poblaciones vulnerables y en la gestión inadecuada de programas sociales, que se encuentran bajo amenaza constante. Este desmantelamiento institucional también se manifiesta en la falta de acción del Estado para responder eficazmente a las demandas ciudadanas, especialmente en contextos de protesta social.
El panorama internacional también es desalentador. Conflictos como el genocidio en Gaza han puesto en evidencia una crisis global de los mecanismos de protección. A esto se suma la ineficacia de la comunidad internacional para actuar frente a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo que deja a millones de personas en situación de vulnerabilidad. Narrativas de odio y el auge de movimientos fascistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, exacerban la situación en América Latina. Estos discursos afectan la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, y en algunos casos, tienen origen en el Perú, extendiéndose luego a otros países de la región.
En el contexto peruano, los derechos humanos enfrentan ataques desde el Congreso, como las propuestas para que tribunales militares juzguen abusos policiales y la aprobación de leyes que buscan prescribir delitos de lesa humanidad. Estos retrocesos legales y políticos plantean serias amenazas a la lucha contra la impunidad. La falta de recursos para investigaciones judiciales es otro obstáculo significativo. Por ejemplo, en el marco de las protestas de 2022 y 2023, muchas investigaciones se han visto paralizadas debido a la carencia de peritajes adecuados y a la negativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a colaborar plenamente.
El 2024 deja como lección la importancia de vincular los derechos humanos con la vida cotidiana de las personas. No basta con tener marcos normativos si estos no se traducen en prácticas que mejoren la calidad de vida y promuevan la igualdad. Las acciones de memoria, como las llevadas a cabo por la sociedad civil, deben ser complementadas por políticas estatales que aseguren su sostenibilidad y alcance. El desafío para el próximo año radica en consolidar instituciones más sólidas, educar en derechos humanos y garantizar justicia para las víctimas de violaciones sistemáticas. Solo así podremos construir una sociedad donde la democracia no sea una promesa distante, sino una realidad tangible que beneficie a todos los sectores de la población.
No se pierda el episodio de fin de año de “Amigos con Derechos”.
