El viernes 12 de diciembre se remitió oficialmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) un informe técnico-jurídico especializado, acompañado de una carta formal, elaborado y suscrito por especialistas con amplia experiencia en la conducción del Estado y en la formación de políticas públicas sobre temas de democracia, derechos humanos y políticas de igualdad.
El documento, que cuenta con la firma de Miguel Giusti, director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), es suscrito por dos exministras de Estado cuyas trayectorias otorgan especial peso político e institucional al pronunciamiento: Ana Teresa Revilla, exministra de Justicia y Derechos Humanos, y Marcela Huaita, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ambas con reconocida experiencia en el diseño, implementación y supervisión de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género.
El grupo de firmantes incluye a una exvicerrectora universitaria, Pepi Patrón, y a destacadas académicas que han ocupado cargos de alta responsabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, como Patricia Ruiz Bravo y Tesania Velázquez, exdirectoras académicas de Responsabilidad Social Universitaria, así como a la actual directora de la Maestría en Estudios de Género, María Soledad Fernández, lo que refuerza el carácter interdisciplinario, técnico y académico del informe.
El documento remitido al MIMP advierte, con sustento en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y estándares del sistema universal e interamericano de derechos humanos, sobre los riesgos regresivos que implican iniciativas normativas y discursos públicos que debilitan o sustituyen el enfoque de género en las políticas públicas.
Las y los firmantes subrayan que el enfoque de género no es una opción ideológica ni programática, sino una obligación jurídica del Estado indispensable para enfrentar desigualdades estructurales, prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el ejercicio efectivo de derechos, especialmente para aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Finalmente, el informe hace un llamado expreso al MIMP a ejercer su rol rector, resguardar los avances alcanzados en materia de igualdad de género y prevenir que el Estado peruano se exponga a observaciones, llamados de atención o eventuales responsabilidades internacionales por incumplimiento de sus compromisos en derechos humanos.
