Eduardo González Cueva, experto independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Malí, e investigador asociado de IDEHPUCP, presentó el viernes 28 de marzo su primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra.
Según se informa en un comunicado del Consejo de DD.HH.[1] que resumimos aquí, Eduardo González llamó la atención sobre los ataques perpetrados por grupos extremistas violentos. Entre esto se cuentan el Groupe de soutien à l’islam et aux +musulmans (JNIM) y el Estado Islámico – Provincia del Sahel, que antes era denominado Estado Islámico en el Gran Sahara, (ISGS). Estos grupos han generado en las regiones afectadas un régimen de terror mediante asedios a aldeas y asesinatos, secuestros, violencia sexual y castigos corporales.
Por otro lado, tras el retiro por parte del gobierno del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, que fue firmado en el año 2015 para poner fin al conflicto que estalló en 2012, se han intensificado los enfrentamientos en el norte del país con diversos grupos armados que ahora se han reagrupado y han cambiado su denominación a Frente para la Liberación del Azawad.
El experto independiente mencionó que, según informes confiables, las fuerzas de seguridad malienses y sus “socios extranjeros” (comúnmente llamados “Wagner”) están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los reportes existentes les atribuyen “ejecuciones extrajudiciales, destrucción de propiedad, desplazamiento forzado y ataques aéreos indiscriminados que han causado numerosas víctimas civiles”.
Restricción del espacio cívico
Además de describir la grave situación de seguridad, González señaló en su informe ante el Consejo un deterioro del contexto político caracterizado por una reducción del espacio cívico mediante medidas que limitan las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. A eso se suma el hecho de que hay dirigentes políticos todavía encarcelados, incomunicados durante semanas o meses y, en ocasiones, sometidos a torturas y otros malos tratos.
El experto afirmó que es difícil hablar de un espacio cívico abierto «en un contexto donde actores de la sociedad civil, periodistas o defensores de derechos humanos son arrestados o viven bajo la amenaza constante de ser arrestados y detenidos y donde las organizaciones de la sociedad civil son disueltas», aunque también reconoció como un atisbo de esperanza «el anuncio de las autoridades malienses de una vía hacia las elecciones», las cuales solo serán eficaces y creíbles “si es posible la participación ciudadana, si la participación política activa es libre y sin temor a consecuencias negativas».
