Por Kathy Subirana (*)
Periodistas de diversos medios independientes de nuestro país se han unido en la firma de un pronunciamiento que rechaza la Ley N.º 32301, también conocida como Ley APCI, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte el pasado 14 de abril. La norma, que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ha sido calificada como “un ataque directo a la libertad de prensa”, pues afecta el trabajo de los medios que operan como asociaciones civiles sin fines de lucro o que financian su labor periodística con fondos de cooperación internacional.
La Ley establece que dichos medios deben inscribirse en la APCI y propone sanciones severas para quienes se nieguen a hacerlo. Así, los medios quedarían bajo la autoridad de una Agencia que se ha convertido en una herramienta de control político y que obligaría a los medios a reportar ante ella sus planes, proyectos y actividades para su aprobación. Esto plantea un escenario en el que el ejercicio del periodismo de investigación podría depender del permiso estatal, afectando el desarrollo de investigaciones sobre corrupción, abusos de poder y otros asuntos de interés público.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo, la UNESCO propuso como tema de reflexión global: “La libertad de expresión frente a la revolución de la inteligencia artificial”. Pero, en nuestro país, la preocupación fue otra. La abierta posibilidad de censura ha sido abordada en medios y asociaciones internacionales de periodismo, exponiendo los riesgos que esto significa para la libertad de expresión y de información en el Perú. Al respecto, Fabiola Torres, directora del medio independiente Salud con Lupa, da testimonio de la amenaza real que la implementación de esta Ley supone para el ejercicio de nuestro derecho a la información.
¿Por qué no se puso énfasis en los riesgos para el periodismo independiente al alertar sobre la Ley APCI?
Porque la ley se presentó con un discurso engañoso. Decía que buscaba “ordenar” o “transparentar” a las ONGs, cuando en realidad fue diseñada para convertir a la APCI en una agencia estatal de control político y censura previa sobre las actividades de toda la sociedad civil organizada. Y eso incluye también a los medios de comunicación que, como varios medios digitales de investigación en Perú, estamos constituidos legalmente como asociaciones civiles. En nuestro caso, hacemos 100% periodismo, y lo que esta ley pretende revisar y controlar son justamente nuestras investigaciones cuando son financiadas con fondos de cooperación internacional. Durante el debate público, este impacto sobre el periodismo no se incluyó. Por eso, desde Salud con lupa, en acción conjunta con otros medios digitales de periodismo de investigación, decidimos alzar la voz: esta ley no solo ataca a las ONGs. Es un mecanismo directo de censura previa al periodismo independiente.
Como bien has dicho, esta ley ha sido impulsada y apoyada por grupos interesados. En Salud con Lupa se hizo un listado de los temas que no se hubieran podido cubrir si esta ley hubiera estado vigente antes. ¿Recibieron presiones por haber visibilizado temas sensibles para grupos interesados?
Sí. Hemos recibido cartas notariales de empresas denunciadas en nuestras investigaciones, y también una amenaza pública del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien anunció su intención de querellarnos por exponer las fallas de su gestión y licitaciones con productos de mala calidad que afectan directamente a las ollas comunes. Ese es el costo de hacer periodismo que incomoda. Y justamente por eso esta ley es tan peligrosa: le da más herramientas al poder para silenciar lo que no quiere que se sepa.
¿Qué podemos esperar de la reglamentación de esta ley?
Nada bueno, si sigue la misma lógica autoritaria. Ya la ley es inconstitucional por donde se le mire: exige control previo, impone límites imprecisos como “orden público” o “intervención en política interna”, y otorga poder discrecional al Ejecutivo. El reglamento podría agravar aún más esto: establecer más burocracia, más filtros, más sanciones. Incluso podría ampliar el tipo de actividades que el Estado considere como “intervención”, afectando no solo a medios, sino a cualquier voz crítica con respaldo internacional.
¿Qué caminos le quedan al periodismo independiente para enfrentar la ley ya promulgada?
Aún hay salidas. En el plano legal, se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque esta ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de asociación, de expresión y el acceso a la información. Además, cada medio afectado podría presentar acciones de amparo, buscando medidas cautelares que frenen su aplicación mientras se resuelve el fondo.
En el plano político y social, es clave mantener la presión, tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como CEJIL, DPLF, WOLA, el Pulitzer Center, el IPI, el ICFJ y muchas más ya han respaldado nuestro pronunciamiento. Todas coinciden en lo mismo: esta norma impone censura y debilita seriamente la democracia. Pero también necesitamos que la ciudadanía entienda que esto no es un problema solo de periodistas. Es una amenaza directa al derecho de todos a estar informados. Porque cuando se silencia al periodismo, lo que está en juego es el derecho de la sociedad a saber.
¿Cómo podrán seguir trabajando los medios independientes bajo estas restricciones?
Va a ser más difícil, claro. Pero también vamos a seguir con más ganas. Ya venimos trabajando en medio de ataques, falta de recursos y muchas trabas. Esta ley lo que hace es complicarlo todo: va a hacer que investigar tome más tiempo, cueste más plata y sea más riesgoso, sobre todo si tocamos temas que molestan al poder.
Pero eso no nos va a detener. Al contrario. Nos deja más claro por qué es importante lo que hacemos. Vamos a seguir investigando, contando lo que pasa y vigilando al poder, como siempre lo hemos hecho.
¿Qué reflexión deja esta ley sobre la crisis de los medios y sus formas de financiamiento?
Esta ley deja claro que el financiamiento independiente molesta al poder. Les incomoda que existan medios que no dependen de la publicidad del Estado o de grandes empresas, y que puedan investigar con libertad gracias al apoyo de la cooperación internacional. Por eso, esta norma busca ahogarnos económicamente.
Pero también nos pone frente a un reto: repensar cómo sostenemos nuestro trabajo. Necesitamos diversificar nuestras fuentes, buscar más apoyo de la ciudadanía, y defender con fuerza el derecho a recibir fondos sin que el Estado meta las manos.
Es una situación difícil, sí. Pero también puede ser una oportunidad para imaginar nuevas formas de sostener un periodismo libre y útil para la gente.
¿Cómo ayuda al periodismo independiente el apoyo internacional recibido ante la promulgación de esta ley?
Nos ha dado respaldo, legitimidad y visibilidad cuando aquí intentan deslegitimarnos. Gracias a ese apoyo hemos podido levantar alertas, explicar el riesgo democrático que implica esta ley, y unir voces desde diferentes países y medios. Además, ha demostrado que la defensa del periodismo independiente no tiene fronteras. Porque donde se censura a un medio, se debilita una democracia. Y eso nos afecta a todos.
(*) Encargada de prensa del IDEHPUCP.
