En el quinto episodio de Amigos con Derechos de la presente temporada, se analizó la actual situación de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno (CAI) en el Perú. Recordemos que desde el primer caso de COVID-19 anunciado oficialmente en el país, el gobierno comenzó a implementar medidas de apoyo a los grupos vulnerables, entre las que se encuentran los subsidios estatales, con el fin de reducir el perjuicio económico derivado de las medidas de emergencia, aislamiento e inmovilización social.
En el primer bloque Luyeva Yangali, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados (Anfadet), denunció que son muchas las y los familiares de las víctimas del CAI que no han recibido atención en estas circunstancias.
A pesar de que las organizaciones siguen en contacto, indica que afrontan actualmente dificultades económicas. Demanda además respuestas desde el Ejecutivo. Yangali revela que hasta la fecha no han logrado comunicarse con el ministro de Justicia, lo cual dificulta las coordinaciones de apoyo. «El actual ministro no nos conoce. No parece tener la voluntad. Entiendo que tiene otros trabajos, pero sería bueno que al menos nos envíe un mensaje”, comentó.
Sobre el tema de los bonos universales, Yangali considera que no se debería someter a las familias de las víctimas del CAI a un nuevo filtro, pues estas ya se encuentran en el Registro Único de Víctimas, lo cual documenta su condición de vulnerabilidad. Advierte que en muchos casos lo que realmente se pide es una reparación moral.
Otro problema que detecta la presidenta de Anfadet es que, si bien es posible que varias de las personas involucradas se encuentren registradas para percibir una subvención, para hacerlo efectivo necesitan inscribirse en la página web o en un celular con acceso a Internet. “Muchos familiares viven alejados y solo cuentan con un equipo básico. Hay que llamarlos en vez de pedirles que se inscriban”, indicó.
En el segundo bloque Iris Jave, investigadora del Idehpucp, inició la entrevista resaltando que las dificultades de víctimas de la violencia para acceder a atención estatal ante la pandemia no son algo nuevo. Explicó que el Estado no ha entendido y asumido oportunamente que las víctimas del CAI son ahora un grupo vulnerable que se encuentra todavía en una situación de pobreza. Esto afecta especialmente a las personas adultas mayores, que no tienen los recursos necesarios para subsistir adecuadamente durante la pandemia.
Sobre los pedidos de las y los familiares recuerda que son demandas existentes desde hace 30 años y que incluso ahora son las nuevas generaciones las que solicitan el reconocimiento del Estado para mantener. Se trata, así, de una cadena de reparación. En muchos casos, resalta, lo que buscan es un reconocimiento; es decir, que se las tome en cuenta.
Finalmente, Iris Jave coincide con Yangali en que el pedido va más más allá de saber si son o no beneficiarias de un bono; las víctimas quieren que se les brinde información y sobre todo sentirse escuchadas. Jave consideró que la actual situación de falta de apoyo y comunicación es como una repetición del ciclo de hace 30 años, cuando “nadie les daba razón de nada”.
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