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27 de enero de 2026

Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, es uno de los principales especialistas en sistemas electorales del país. Exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y académico con amplia trayectoria en el análisis de la democracia peruana, ha seguido de cerca las reformas y contrarreformas que han marcado los últimos procesos electorales. En esta entrevista, Tuesta ofrece una radiografía del inicio del actual proceso electoral: un escenario marcado por la fragmentación, la confusión, la desigual competencia entre partidos y una persistente desconfianza institucional. A pocos meses de las elecciones, advierte sobre los riesgos que enfrenta la democracia peruana y sobre lo que realmente está en disputa más allá de los resultados en las urnas.

A pocos meses de las votaciones, ¿cómo describiría el inicio de este año electoral?

Estamos a poco menos de tres meses de la elección y podríamos decir que estamos en un estado regular en términos del clima electoral que viven los peruanos. Se dice que ahora hay poco interés, pero esto ya lo hemos visto en elecciones anteriores. En realidad, en el Perú la intensidad electoral se hace notar recién en el mes de marzo. Desde el principio quedó claro que este sería un proceso electoral muy confuso, tanto por la cantidad y el tipo de elecciones como por el número de candidatos y partidos. En este momento, la atención está en la parte judicializada del proceso: si se tacha a un candidato o se excluye a otro. Los medios todavía cubren poco las campañas porque son de baja intensidad.

¿Y el comportamiento de los candidatos, que ya se saben en la recta final de la campaña?

Hay candidatos como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, José Luna y César Acuña, junto a sus respectivas organizaciones, que están en campaña desde el 2024. Han desarrollado principalmente una campaña territorial, abriendo locales y asegurando presencia en distintas zonas. Ahora que todos los candidatos están oficialmente inscritos, esto se refuerza. Esto implica también una mayor inversión, lo que inevitablemente favorece a quienes cuentan con más recursos. Muchas organizaciones tienen un financiamiento muy limitado. En cambio, estas cuatro —que forman parte del Congreso— reciben financiamiento público, el cual están utilizando para fines de campaña. Las organizaciones que no están en el Parlamento tienen recursos escasos y, además, los financistas no apuestan por quienes no consideran con posibilidades reales.  Entonces, esto es una suerte de círculo vicioso. En el Perú, además, la duda razonable de los electores hace que una gran mayoría no tenga claro aún por quién votará, y eso es entendible.

Como usted dice, nuevamente enfrentamos un escenario con decenas de partidos inscritos. ¿Qué riesgos concretos implica esto para la gobernabilidad futura?

Lo que existe es una fragmentación electoral, pero que no va a producir una fragmentación partidaria en el Congreso. La fragmentación electoral radica en estas 38 organizaciones: tres alianzas y 35 partidos, el número más alto de nuestra historia. Esto es consecuencia directa de las normas aprobadas por el Congreso. Si se hubiera definido una sola forma de ingreso al Senado, no tendríamos dos que generan confusión. Si además no se hubiera reincorporado el voto preferencial, la cédula tendría tres columnas y no cinco, ni siete marcas de voto preferencial. Se habrían eliminado pasos, estrechado la cédula y acortado el número de partidos. La mayoría de las personas ni siquiera sabe qué tan confuso es todo esto y recién lo percibirá conforme avance el cronograma electoral y se acerque la fecha de votación. Este escenario termina favoreciendo a los partidos que ya están en el Congreso, porque ante tantos símbolos y candidatos, la gente se confunde y tiende a votar por quienes conoce, por partidos con nombres, colores y rostros familiares. Ese es un enorme problema.

Más allá de la confusión, ¿podríamos tener una medida del ánimo del electorado ahora, en enero, o habría que esperar a que avancen los meses?

Todavía no se siente un clima electoral. Los recursos son escasos y los candidatos están esperando momentos estratégicos para salir con más fuerza. Por ahora, la gente está mayoritariamente desinteresada. La franja electoral —el acceso gratuito a medios de comunicación— recién empieza a mediados de febrero. Eso brinda mayor visibilidad a los candidatos y ayuda a construir un clima electoral más intenso. Por ahora hay muy poco, pero comparado con otras elecciones, tampoco es muy distinto.

¿Cuáles cree que serán los temas que dominarán la campaña electoral y los debates, y cuáles quedarán relegados pese a su importancia?

El principal tema será la seguridad, no solo en el Perú, sino en casi toda la región y el mundo. Luego vendrán la corrupción, que está estrechamente vinculada, y el tema económico. Esos son los tres ejes centrales. En menor medida aparecerán la educación y la salud, que son preocupantes y que debieran ser parte de la agenda. La educación ha dado pasos atrás en los últimos años y la salud sigue siendo un padecimiento permanente para la mayoría de peruanos. Hay otros temas muy relevantes que generan menos interés porque no se percibe de inmediato su impacto en la vida cotidiana, como la institucionalidad. Hay un gran problema de deterioro de la democracia, problemas en el diseño del bicameralismo y en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Son cuestiones de fondo que producen efectos muy dañinos, pero que no concitan la misma atención que otros temas más inmediatos.

En este contexto de alta desconfianza institucional, ¿qué desafíos enfrenta el sistema electoral para garantizar la legitimidad del proceso y evitar cuestionamientos o alegaciones de fraude?

Los organismos electorales todavía cargan con el peso de la campaña perniciosa del 2021. En ese año no hubo fraude, pero esa narrativa persiste en un sector de la población y es alimentada por políticos irresponsables. Esto no tiene relación con el desempeño de las autoridades electorales ni de sus funcionarios y trabajadores, que realizan esfuerzos enormes y, además, enfrentan amenazas constantes desde el Congreso. El problema es que muchos actores políticos aprenden de las malas prácticas y, si ven que estas pueden servir para justificar una derrota o cuestionar resultados, no dudan en utilizarlas. Es una situación lamentable que no ocurre solo en el Perú.

Y para el proceso en sí, ¿hay algún riesgo tecnológico? Se habló de la incorporación del voto digital, pero finalmente no se habilitó.

Los organismos electorales han ido incorporando nuevas tecnologías, nuevas formas de desarrollar su trabajo con lo que tienen dentro de lo que pueden. Por ejemplo, un anuncio importante de la ONPE es la transmisión de resultados, que es un tema clave para brindar tranquilidad a la ciudadanía. Desde la primera acta que llegue, se podrá ver en tiempo real cómo se van sumando los resultados de distintas regiones y cómo se construye el resultado final. El tema del voto digital no prosperó, pero eso fue una imposición del Congreso. El Congreso muchas veces no hace caso o hace caso omiso a lo que presentan los organismos electorales.

Más allá de quién gane las elecciones, ¿qué cree que está verdaderamente en disputa en este nuevo ciclo electoral para la democracia peruana?

Desde hace una década, la presidencia se ha vuelto muy precaria. Hemos tenido siete presidentes en menos de diez años y una relación profundamente deteriorada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso hoy está en cuestión si el presidente actual permanecerá en el cargo. Se trata de una combinación de factores: el poder concentrado en el Congreso, la relación con el Ejecutivo y la calidad de quienes llegan a la presidencia o la suceden constitucionalmente. El Congreso ha aprendido que puede extender su poder y lo ha hecho. Presidentes debilitados dan lugar a congresos cada vez más irresponsables. Con la bicameralidad, este poder se ha incrementado, y dentro del Parlamento existe además un desbalance, con mayor concentración en el Senado. Ganar la presidencia no es suficiente, si es que quien la gana no tiene una bancada lo suficientemente numerosa, pero además cohesionada. De lo contrario, tiene los días contados.  El Congreso no va a parar de usar los recursos que tiene para acabar tempranamente con cualquier presidente o presidenta.

(*) Periodista integrante del área de Comunicaciones del IDEHPUCP.

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