La descomposición institucional y la destrucción del orden democrático por obra de las más altas autoridades del país son un proceso sin pausa y, al parecer, sin límites. La semana pasada se presenció dos pasos más en esa dirección mediante la suspensión del fiscal superior Rafael Vela Barba, una medida claramente contraria a la lucha contra la corrupción, y la suspensión del Procurador General, Daniel Soria. La primera medida fue perpetrada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La segunda, por una comisión ad hoc del Ministerio de Justicia. En ambos casos las medidas adolecían de vicios de forma y fondo. En ambos casos era patente la voluntad de obstruir el avance de investigaciones indispensables y la intención de sancionar a quienes resultaran incómodos por el simple hecho de cumplir sus funciones.
Hoy esa saga de descomposición continúa con la aparición de contundentes indicios sobre maniobras realizadas por la Fiscal de la Nación y las negociaciones clandestinas, e indebidas, con congresistas para conseguir fines de evidente propósito político. Las evidencias hablan de canjes de votos congresales por archivamiento de investigaciones fiscales. Los fines de esas transacciones eran ciertamente turbios como la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos o el nombramiento del actual Defensor del Pueblo. La Fiscal de la Nación, además, en este contexto de informaciones que la ponen en evidencia, acaba de remover de sus funciones a la fiscal Marita Barreto.
Esta es una sucesión de hechos perturbadores que presentan a la administración de justicia en un estado de degradación que hace recordar a los peores momentos del régimen autoritario de los años 1990. Pero no se trata solamente de la administración de justicia. La ciudadanía observa cotidianamente, con estupefacción, la dinámica de transacciones, amenazas y venganzas entre los tres poderes del Estado, acciones que se realizan sin respeto a principios jurídicos básicos así como tampoco a principios elementales de la democracia.
En estas circunstancias la posición de la fiscal Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación es insostenible, como lo es también la de quienes han obtenido cargos públicos importantes sobre la base de las oscuras transacciones realizadas, como el Defensor del Pueblo. Está claro que los cambios indispensables en esos puestos no resolverán la grave crisis por la que atraviesa la democracia peruana. La actuación del Congreso y del Ejecutivo socava permanentemente las instituciones y el Estado de Derecho, y no se avizora remedio a esa situación. Pero la salvaguarda de la democracia debe actuar ante las evidencias y defender los pocos reductos de institucionalidad que van quedando. El Ministerio Público puede ser uno de ellos.
