Pocas situaciones favorecen tanto a un proyecto autoritario como una aguda sensación de inseguridad entre la población. Sobran ejemplos mundiales y continentales de ese fenómeno. Incluso se podría decir que el autoritarismo emergente en los Estados Unidos se sustenta en alguna medida en la idea de una amenaza pública generada por la población migrante. En el Perú el ejemplo paradigmático es el fujimorismo de la década de 1990, que supo aprovechar la necesaria lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso para demoler la democracia restaurada en 1980.
Al parecer, el gobierno actual está viendo en el estado de zozobra generado por la criminalidad violenta, y en la angustia experimentada por miles de hogares y empresas por la extorsión, una oportunidad para avanzar en su propio proyecto de demolición democrática.
Eso es lo que indican diversas iniciativas aparentemente dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, pero cuyo único efecto previsible es, en realidad, un recorte de las libertades y una nueva erosión del Estado de Derecho. La última de esas iniciativas, de tintes evidentemente autoritarios, es la propuesta de modificar la ley 28278 –Ley de Radio y Televisión– para imponer a los medios de comunicación la obligación de difundir mensajes del gobierno sobre una supuesta lucha contra el crimen.
El ministro del Justicia, Eduardo Arana, ha presentado la idea en estos términos: “un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión 28278 y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir, en estados de emergencia, las acciones y actividades que se vienen realizando desde el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo, frontal, contra la inseguridad ciudadana”. Como se ve, en esta propuesta se combinan varios elementos que corresponden al talante autoritario mencionado arriba.
Por un lado, está la cuestión de una imposición aparentemente justificada por un estado de emergencia. Como hemos comentado varias veces, la declaración de estados de emergencia frente a cada crimen especialmente impactante es una suerte de acto reflejo que no aporta respuestas efectivas al problema, sino que sirve únicamente para crear la impresión de que se está haciendo algo. Pero hay algo más, y es que, como se ve, una declaratoria de estado de emergencia también puede ser una coartada para medidas autoritarias como la mencionada –y, en algunos casos, también sirve para relajar el control sobre ciertos gastos públicos, lo que a su vez favorece maniobras corruptas.
Por otro lado, está el hecho sustantivo, ya señalado por gremios representativos del sector como el Consejo de la Prensa Peruana, de que “la obligatoriedad de emitir una franja informativa sobre las acciones del gobierno contra la inseguridad ciudadana durante estados de emergencia” representa “una amenaza contra la prensa libre y el derecho ciudadano a recibir información plural”.
Además del contenido autoritario de la propuesta, hay que insistir en lo siguiente. El gobierno quiere ampararse en que en la legislación vigente existe el requisito de que los medios de comunicación colaboren con las autoridades estatales en situaciones de emergencia. En emergencias como la pandemia de Covid 19 de hace unos años hemos visto, en efecto, a los medios de comunicación colaborar voluntariamente difundiendo información pública de fuente oficial sobre la naturaleza y la evolución de la crisis y sobre las medidas que la población debe tomar para hacerle frente. Pero eso, precisamente, subraya por contraste el absurdo autoritario de la medida propuesta ahora, pues esta habla de imponer “una franja informativa sobre las acciones del gobierno contra la inseguridad ciudadana”. Es decir, no se trata de difundir medidas, protocolos de conducta o algún otro género de información práctica al servicio de una estrategia, sino de obligar a las estaciones de radio y TV a ser cajas de resonancia de lo que el gobierno quiera decir o no decir sobre sí mismo: es decir, el gobierno propone una campaña publicitaria impuesta por ley, y con contenido de veracidad discutible, en lugar de una estrategia de seguridad ciudadana para defender la vida de la población.
