El último 8 de mayo nuestra investigadora asociada y docente PUCP Marcela Huaita participó como ponente en el taller “Género y corrupción en el Perú: Abordar los retos y promover la equidad”. El evento fue organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP), con el apoyo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, a través del Proyecto Administración Pública Íntegra y Basada en Evidencias, y del U4 Anti-corruption Resource Centre; en un esfuerzo conjunto con la Cooperación Suiza, la Embajada de Canadá, Proética y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Durante su ponencia titulada “Principales retos y prioridades en el vínculo de género y corrupción”, Marcela Huaita destacó que un ejemplo de la intersección de género, corrupción y administración de justicia se encuentra en los casos de trata con fines de explotación sexual. “No hay trata sin corrupción y las víctimas de trata suelen ser mujeres especialmente vulnerables, mujeres migrantes o adolescentes; es decir, aquellas con menor capacidad de negociación”, explicó.
Señaló, también, que la corrupción se puede encontrar a lo largo del sistema de justicia: en todos sus niveles hay indicios de corrupción y fuertes patrones de género, en los cuales los hombres todavía conservan mucho poder. Ello favorece la organización de redes esencialmente masculinas en las que puede desarrollarse el tráfico de influencias para obtener una ventaja o beneficio privado.
En ese sentido, Huaita destacó que la “sextorsión”, es decir, el uso de los favores sexuales como medio de pago, se halla muy extendida e incluso ha sido normalizada. “La integridad sexual de las mujeres se considera un bien jurídico transable y podemos citar muchos casos que lo ejemplifiquen. Así, podemos mencionar el uso del chantaje sexual para el nombramiento o la promoción de operadores de justicia, el acoso sexual a subalternas, el uso de coimas, chantaje o acoso sexual a las litigantes y el cuerpo como medio de pago. Estamos frente a una cultura de la ilegalidad generalizada que determina la existencia de redes masculinas con poder que sienten que la ley no cuenta para ellos”, detalló en su exposición.
Que las redes que se extienden sean principalmente masculinas tiene que ver con que los hombres ocupan la mayoría de cargos de poder. Las mujeres tienen un promedio de edad de diez años más cuando llegan a ocupar un puesto importante en la corte suprema. Esto se debe a las dificultades que atraviesan en su camino profesional, sobre todo porque son las responsables de las labores de cuidado en sus hogares. Pero la jerarquía de género no excluye a las mujeres de las redes de corrupción. Sin embargo, como explicó Marcela Huaita, es importante observar qué roles cumplen en dichas redes. Citando el estudio sobre Género y Corrupción realizado en el Idehpucp el año 2019 ―del cual Huaita es coautora― resaltó que tanto las esposas como las amantes pueden cumplir el papel de testaferros. Esta figura también refuerza estereotipos como que las mujeres corruptas son aquellas que usan la seducción como arma para convencer a los hombres.
A pesar de reconocer que las mujeres son susceptibles de pertenecer a redes de corrupción, aún predomina el estereotipo de la mujer santa e incorruptible, por lo que no pocos equipos anticorrupción están conformados y hasta liderados por mujeres.
El panorama aún es complejo, en parte porque la variable “género” no entra aún en los análisis en torno a los sistemas corruptos. Como bien dice Marcela Huaita, mientras esto no se solucione no tendremos un diagnóstico claro ni soluciones concretas en torno a la corrupción dentro del sistema de justicia.
