Por Laura Rivera (*)
En el Perú residen más de un millón y medio de personas migrantes y refugiadas, en su mayoría venezolanas, según cifras del INEI. Todas ellas enfrentan el reto de empezar de nuevo: adaptarse a costumbres distintas, reconstruir redes y rearmar proyectos de vida. Pero ese camino no suele ser sencillo. Conseguir un empleo digno es difícil, y la ausencia de procesos de regularización, las trabas para acceder a la residencia permanente y los requisitos cada vez más restrictivos para obtener la nacionalidad complican aún más la integración. La reciente aprobación de la Ley N.º 32421, que eleva las exigencias económicas para la naturalización, ha reavivado el debate sobre si la política migratoria peruana favorece la inclusión o más bien profundiza la exclusión.
En este contexto, la trayectoria de Génesis Hung revela tanto las posibilidades como las limitaciones del sistema. Llegó a Lima en 2017 junto con su madre y su hermano asmático, tras vender el departamento familiar en Venezuela para costear el viaje. Sus primeros trabajos fueron en un estacionamiento y en una cafetería, hasta que la pandemia la llevó al sector humanitario. Desde entonces, asesora a migrantes y refugiados en sus procesos de integración, combinando su experiencia personal con su formación profesional en derecho migratorio.
Hung reconoce que su caso fue más favorable, pues pudo regularizar su calidad migratoria a través de su esposo, pero advierte que esa no es la realidad de la mayoría. Y alerta sobre un aspecto especialmente sensible: las declaraciones recientes del superintendente de Migraciones, quien aseguró que la nueva ley no aplicará a personas en situación irregular. “Es un balde de agua fría para miles que esperaban este proceso”, subraya.
¿Cómo ha sido tu experiencia para formalizar tu residencia en Perú? ¿Qué vacíos o trabas legales ves en el proceso?
Mi caso fue relativamente sencillo. Estoy casada desde Venezuela y mi esposo pudo obtener un empleo formal que facilitó nuestra residencia. Pero para la mayoría de migrantes no es así.
El proceso migratorio en el Perú es complejo. Primero existió el PTP (Permiso Temporal de Permanencia), luego el CPP (Carné de Permiso Temporal de Permanencia), y más tarde la regularización, que sin duda abrió una ventana importante para que muchas personas pudieran identificarse. Esto no solo beneficia a los migrantes, también al país que acoge, porque le permite saber quiénes ingresan a su territorio, cómo se integran y en qué contribuyen. Lamentablemente, la regularización cada vez se presenta menos como una política pública necesaria y más como un favor concedido a la comunidad migrante.
Hoy no existe un proceso de regularización abierto, por lo que muchas personas optan por solicitar refugio. Sin embargo, este es un trámite largo y con un carné de solicitante de refugio las posibilidades reales de integración son muy limitadas. El refugio no debería sustituir a la regularización: su fin es brindar protección internacional a quienes huyen de su país por persecución o graves violaciones de derechos humanos, no ser el camino principal de inserción.
A esta situación se suma la falta de representación diplomática. En Perú no hay embajada venezolana, y tampoco es posible tramitar visas porque el consulado peruano en Venezuela también está cerrado tras la ruptura de relaciones. Esto deja a las familias en una situación muy delicada, sin acceso a documentación ni posibilidad de reunificación.
Además de quienes ingresan de manera irregular y enfrentan mayores limitaciones para ejercer sus derechos, están los que en su momento tuvieron CPP y que, por motivos económicos, no pudieron pasar al carné de extranjería. Muchas de esas personas aún intentan regularizar su situación. El problema es que las calidades migratorias especiales les permiten residir, pero no acceder a la residencia permanente. Esto obliga a renovar la documentación año tras año, recordando constantemente que, pese a aportar e integrarse al país, aún no se les reconoce como parte de él.
Desde tu experiencia como especialista en derecho migratorio, ¿cómo interpretas los cambios introducidos por la Ley N.º 32421?
En cuanto al tiempo de residencia exigido, si lo comparamos con otros países, no resulta tan excesivo. El verdadero problema está en otros requisitos, como el de acreditar ingresos equivalentes a 10 UIT, que siempre ha sido muy cuestionado. ¿Por qué medir a una persona únicamente por cuánto gana al año? Se trata de un monto altísimo e irrealista.
Además, es contradictorio: se pide a los migrantes algo que ni siquiera los propios nacionales podrían cumplir si tuvieran que acreditar esa condición para obtener la ciudadanía de su propio país.
Entiendo que el Estado busque asegurar cierta solvencia económica en quienes solicitan la nacionalidad, apelando a razones de “seguridad nacional” y al aporte que puedan brindar al país. Sin embargo, para contribuir a una sociedad no es necesario ganar más de 4,500 soles al mes. De hecho, diversos estudios han demostrado que la comunidad migrante aporta significativamente en múltiples dimensiones, más allá de los ingresos monetarios.
¿Qué significa para ti una “integración real”? ¿Qué elementos deberían considerarse más allá del ingreso económico?
Cuando hablamos de integración real, no se trata únicamente de cuánto gana una persona. Es cierto que el aspecto económico es importante, pero no en las magnitudes que establece la nueva ley. Si se va a exigir un monto, lo justo sería que guarde relación con el salario promedio en el Perú, y no con cifras tan altas que resultan inaccesibles.
Más allá de eso, deberían valorarse otros elementos de arraigo: tener hijos en el país, contar con un empleo estable, llevar tiempo de residencia documentada, haber iniciado un proceso de refugio o demostrar participación activa en la sociedad. Se trata de reconocer cómo la persona ha ido aportando al país.
En otros lugares, los procesos de naturalización funcionan casi como un procedimiento judicial: el solicitante debe mostrar pruebas de por qué merece esa nacionalidad, no solo en términos económicos, sino en base a lo que ha construido, en cómo se ha integrado y qué lo vincula con ese país.
El problema con la nueva ley es que transmite la idea de que, si uno tiene dinero, eso basta para ser peruano. Y la integración es mucho más que eso: es arraigo, aportes, vínculos y pertenencia.
Recientemente, el superintendente de Migraciones señaló que la ley no se aplicará a personas en situación irregular. ¿Qué significa esto para la comunidad migrante?
Ha sido un balde de agua fría para muchas personas que esperaban este proceso. Desde el ámbito humanitario, aconsejábamos solicitar refugio como una forma de mantenerse identificados, pero también confiábamos en que la nueva ley abriría una vía de regularización más amplia. Lo dicho por el superintendente supone una estigmatización: es como asociar el ingreso irregular con delincuencia.
Decir que quienes entraron de forma irregular no serán tomados en cuenta es una decisión preocupante. La cantidad de personas que quedaría excluida sería enorme, y eso solo perpetúa la irregularidad. Además, es contradictorio: regularizar permite identificar a los migrantes, saber en qué trabajan, cómo contribuyen, e incluso sancionarlos si cometen delitos.
A diario recibimos personas que desean regularizarse: quieren un carné de extranjería para acceder a empleos formales, firmar contratos y mejorar su calidad de vida. Excluirlos de este proceso no solo frustra esa aspiración, también limita su integración al país.
El superintendente ha dado mensajes contradictorios: primero habló de valorar el arraigo (tener hijos en Perú, un trabajo, una solicitud de refugio en curso), pero luego señaló que las personas en situación irregular no serían tomadas en cuenta. Al final, eso reduce drásticamente el alcance de la ley y genera incertidumbre.
Lo más preocupante es que la norma también contempla presupuesto para seguridad y control migratorio. Si este no se destina realmente a la formalización, existe el riesgo de que se utilice principalmente en labores de persecución, alimentando una narrativa de criminalización hacia la migración. Y eso es muy injusto, porque la mayoría de las personas viene a trabajar, a aportar y a salir adelante en el Perú.
(*) Miembro del área de Comunicaciones del IDEHPUCP
