Por Laura Rivera (*)
El Congreso peruano no solo ha dado luz verde a la controvertida ley conocida como “Ley de Amnistía” por beneficiar a quienes cometieron crímenes durante el conflicto armado interno, sino que también ha aprobado una pensión vitalicia para Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos durante el mismo periodo. Así, Fujimori recibirá una pensión de S/.15.600 ocho meses después de haber sido excarcelado y sin haber pagado los más de 15 millones de dólares que debe al Estado.
Conversamos con Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de desaparición y ejecución en el caso La Cantuta y exministra de Cultura, sobre el impacto de estas decisiones en la lucha por la justicia y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en el Perú.
_____________
¿Qué significa para usted y para los demás familiares de víctimas que Fujimori reciba una pensión vitalicia?
Es una tremenda injusticia. Existen casos con sentencias condenatorias donde el Estado ha sido declarado culpable y aún no ha pagado las reparaciones civiles con el argumento de que no hay dinero para hacerlo. Estamos hablando de sentencias de más de quince años. Cuando una víctima pide al Estado que le pague la reparación, le dicen que no hay dinero. Pero cuando un delincuente como Fujimori pide una pensión, se la dan a la semana.
Es un exjefe de Estado que ha sido condenado por graves violaciones de derechos humanos, tiene una responsabilidad clara en actos de corrupción e incluso le ha robado al propio Estado. Es contradictorio y ofensivo. Es una injusticia más por parte del Estado peruano hacia las víctimas, y es una ofensa porque no se ha entendido bien cuál ha sido el papel de Fujimori en esta crisis de la democracia.
¿No se ha entendido o no se ha querido entender?
Creo que desde el fujimorismo y varios de sus partidarios no se quiere entender; más bien se niega y justifica. En los temas de corrupción, por ejemplo, hay evidencias de la compra de congresistas y de medios de comunicación, además de la manera corrupta en la que se manejó el Estado. No se acepta que esos actos son delitos, sino que los presentan como si fueran errores o mala administración y no se condena esa gravedad. Lamentablemente en el Congreso y el Ejecutivo hay políticos sin ninguna vergüenza. Antes la gente tomaba precauciones cuando quería cometer fechorías, pero ahora delinquen abiertamente y no les pasa nada. Lo más grave de la normalización del delito como una práctica política es que cada vez elegimos peores personas.
Las leyes que ha sacado el Congreso nos roban el derecho a la verdad y la justicia.
Ustedes como familiares de las víctimas, ¿van a tomar acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Tenemos reuniones con nuestros abogados, tanto de APRODEH como de CEJIL, que nos representan ante el Sistema Interamericano, para evaluar qué acciones tomar. Sin embargo, enfrentamos a un gobierno que desacata las sentencias de la Corte. Ya se nos han dado medidas cautelares, y la Corte ha afirmado que no se pueden legislar leyes que vulneren los derechos de las víctimas, pero no hay forma de detener a estas mafias que gobiernan. Eso te deja casi sin armas. Un Estado que no respeta los derechos humanos ni las sentencias internacionales, simplemente hace lo que le da la gana.
Entonces, ¿cómo será el escenario próximo?
Terrible. Estamos casi en el mismo escenario de 1995, cuando Fujimori aprobó las leyes de Amnistía. Podríamos recoger firmas para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, pero sabemos el tipo de TC que tenemos, uno que responde a acuerdos políticos, no a la Constitución.
Así como están las cosas, no hay ningún mecanismo que garantice la salvaguarda de nuestros derechos. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado. ¿A dónde acudimos? ¿Qué más podemos hacer? Eso es lo duro, nos sentimos acorralados. ¿Qué pasará cuando liberen a los condenados? ¿Qué pasará con nosotros mismos?
Pareciera que la frase “para que no se repita” no se cumplirá…
Se quedó en una frase vacía. Si somos más críticos, desde el año 2000 se han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Son cerca de 200 víctimas que se han movilizado en Celendín, Puno, Arequipa y otras ciudades. No solo fueron asesinadas, sino que nunca se investigó, sancionó o reparó a sus familias. Creo que por eso necesitan este tipo de leyes, porque, así como protegen a los asesinos del pasado, en algún momento van a necesitar protección los asesinos del presente. Esa impunidad se irá normalizando. Entonces, vamos a tener un Estado que puede tomar decisiones sobre qué hacen con tu vida y no va a pasar nada.
Con la pensión de Fujimori y Ley de Amnistía, ¿qué mensaje nos da el Estado?
Que aquí no hay derecho que valga. Solo les importa repartirse el poder y beneficiarse entre ellos. Tenemos congresistas que participaron en el conflicto armado interno y que hasta hoy justifican sus acciones, no reconocen sus responsabilidades y no aceptan sus culpas.
Antes, hechos así nos movilizaban. Ahora no somos capaces de movernos debido a la respuesta criminal del Estado. ¿Qué pasa si salgo a marchar y me matan? Uno se pregunta, ¿qué cambiará? Y nada cambia. Los familiares terminamos deprimidos. Hemos hecho treinta años de lucha, hemos defendido nuestros derechos, hemos estado en las calles, hemos ido a convocar a universidades y sindicatos, y nada ha funcionado porque no hay garantías.
Pero, ¿queda alguna esperanza para todo el esfuerzo que han realizado?
Creo que hay hechos innegables. Más allá del indulto negociado, la pensión que le dan, o su querer ser candidato presidencial, nadie va a dudar que Fujimori es un delincuente porque tiene condenas. Esa justicia moral la hemos ganado. Esa historia está escrita y es por insistencia de los familiares.
Es importante seguir convocando a la solidaridad, ya que nuestras voces son cada vez menos. Lo que nos pasó puede volver a suceder en un país que no respeta los derechos humanos. Tenemos que dar batalla para no sentirnos totalmente acorralados. Nuestra voz es, y va a seguir siendo, una voz de justicia y protesta.
(*) Prensa IDEHPUCP
