Por Kathy Subirana Abanto (*)
El desarrollo de la tecnología y de las plataformas digitales ha transformado profundamente la manera en que se configuran los debates públicos, las relaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales. En este nuevo ecosistema, actores privados con enorme poder económico y tecnológico —como las grandes empresas de internet— han pasado a ocupar un rol central en la regulación de la libertad de expresión, la circulación de información y la vida democrática.
En ese contexto, Anna Luisa Walter de Santana, investigadora brasileña especializada en empresas y derechos humanos, tiene mucho que decir. Catedrática del Programa de Maestría y Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR) y doctora en Derecho por la misma universidad, Walter visitó el IDEHPUCP como docente del XIII Curso de Capacitación en Derechos Humanos, organizado por el Instituto y la Fundación René Cassin. Su trabajo analiza cómo las plataformas digitales impactan derechos como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos, en un escenario marcado por profundas asimetrías entre Estados y corporaciones tecnológicas.
Usted abordó la libertad de expresión en la era digital en su tesis doctoral. ¿Cuál fue el enfoque de este problema?
Mi tesis tenía como preocupación central discutir la libertad de expresión en la era digital. La idea era entender cuáles son los límites y, sobre todo, cuál es el rol de las empresas en la protección o en la vulneración de la libertad de expresión en los medios digitales. Trabajé bastante temas de moderación de contenido, desinformación y plataformas digitales. No analicé un caso específico —como un proceso electoral en particular—, sino que el objetivo era mirar desde la responsabilidad de las empresas. Es decir, entender cómo estas empresas, a partir de sus reglas y condiciones de servicio, afectan la libertad de expresión y cómo ejercen ese poder político y económico que tienen para regular los debates públicos.
También abordé la relación con la democracia, en el sentido de la importancia de internet para su ejercicio. No desde un caso puntual, sino de manera general, pensando cómo estos entornos pueden generar afectaciones a los derechos humanos.
Cuando habla de empresas, ¿se refiere a las dueñas de plataformas como Meta o Twitter?
Exactamente, pues tradicionalmente pensamos la libertad de expresión como una relación entre el Estado y el individuo: el Estado que debe proteger o que puede violar este derecho. Pero con el desarrollo de internet aparece un actor muy importante, que son las empresas privadas. Las plataformas actúan de manera muy concentrada porque dominan el mercado y, a partir de cómo definen sus reglas, impactan directamente en los derechos humanos.
El debate público, que antes ocurría en espacios donde el Estado tenía incidencia, se traslada a un espacio absolutamente privado, donde rigen reglas privadas. Esto cambia la manera en que el derecho necesita afrontar estos temas, porque aparece un actor que no es el Estado, pero que tiene un poder enorme sobre la vida pública.
Hoy ese poder parece evidente, pero no siempre fue así de claro…
No, para nada. Cuando empecé a estudiar este tema, alrededor de 2016, era algo que generaba incluso cierta extrañeza. Cuando decía que estaba investigando cómo las empresas privadas afectaban la libertad de expresión en entornos digitales, la gente me miraba raro. Tenía muchas dificultades para encontrar bibliografía o autores que respaldaran esa línea de análisis. Eso cambió completamente después de la pandemia.
A partir de ahí, el escenario se transforma profundamente: las personas empiezan a usar mucho más las redes sociales, aumenta el número de usuarios —en Brasil, por ejemplo, son millones— y se hace mucho más evidente el impacto de estas empresas. Hoy la gente tiene mucha más conciencia de cómo afectan los debates públicos, los procesos democráticos, los sistemas electorales e incluso a grupos como niños, niñas y adolescentes. Antes el desafío era demostrar que había un impacto; hoy ya estamos de acuerdo en que sí impactan. La pregunta ahora es qué hacemos frente a eso.
¿Por qué es más difícil enfrentar este problema en América Latina?
Porque hay una asimetría muy profunda entre el poder de las empresas y el poder de los Estados. Muchas veces los Estados no quieren hacerles frente, pero muchas otras simplemente no pueden. Las empresas tienen un poder económico, político y tecnológico que en muchos casos es superior al de los propios Estados. Eso hace que avanzar en regulaciones sea muy difícil. No es lo mismo que una región como la Unión Europea establezca un marco normativo conjunto, a que un país como Perú, Brasil o Chile intente regular de manera individual. Esa diferencia de escala es clave. Y hay un caso en Brasil que ilustra este problema. En Brasil hubo —y aún hay— un proyecto de ley para regular plataformas digitales. Después de la pandemia, el tema tomó urgencia y se intentó avanzar en su aprobación.
Pero antes de la votación ocurrió algo muy significativo: Google empezó a mostrar, en su propia página de inicio, mensajes que dirigían a noticias donde se afirmaba que el proyecto afectaría profundamente la libertad de expresión, que limitaría derechos e incluso que tenía características autoritarias. La presión fue tan fuerte que el relator del proyecto decidió suspender la votación. Esto ocurrió en 2022 y hasta hoy el proyecto no ha avanzado.
Esto muestra cómo las empresas pueden usar su poder económico, político y tecnológico para influir directamente en procesos legislativos y en la agenda pública.
¿Y el proyecto realmente presentaba riesgos para la libertad de expresión?
No. Era un proyecto bastante similar al Digital Services Act de la Unión Europea. Buscaba establecer reglas básicas: moderación de contenidos ilegales, transparencia, responsabilidades mínimas. Por ejemplo, algo tan básico como exigir que las empresas tengan un representante legal en el país, para poder notificar decisiones judiciales. Estamos hablando de mínimos. De hecho, como no hubo avance legislativo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil tuvo que intervenir y establecer algunas de estas obligaciones por vía judicial.
La legislación siempre camina más despacio que la tecnología, ¿no?
Sí, pero también tiene que ver con la propia historia de internet. Cuando surge, se presenta como un espacio libre de intervención estatal, con una promesa muy fuerte de democratización. La preocupación inicial era cómo preservar ese espacio libre, cómo evitar que el Estado interviniera. Eso hizo que durante mucho tiempo no se cuestionara el rol de las empresas. Además, hay un desarrollo relativamente reciente en el derecho que reconoce que las empresas también pueden afectar derechos humanos. Antes la lógica era: si no te gusta una red social, te vas. Era vista como un espacio privado más. Pero eso cambia cuando entendemos que el debate público se trasladó a estos espacios y que no son equivalentes a cualquier empresa privada tradicional.
¿Qué derechos humanos se ven más afectados en este entorno?
El primero es la libertad de expresión, pero en dos dimensiones. Por un lado, los excesos: discursos de odio, expresiones xenófobas, misóginas, homofóbicas, que afectan derechos como la dignidad, la igualdad o la privacidad de otras personas. Por otro lado, la restricción indebida: contenidos legítimos que son eliminados o cuentas bloqueadas, muchas veces por sistemas automatizados. Por ejemplo, alguien que denuncia un discurso racista puede ser sancionado porque el algoritmo interpreta que está reproduciendo ese discurso.
Además, hay afectaciones muy fuertes en la protección de datos personales, la privacidad y la intimidad. Y dentro de todo esto, uno de los grupos más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes.
Sobre privacidad: ¿considera usted que estamos redefiniendo la idea de lo privado, de lo íntimo, o que solo estamos traspasando las líneas?
Desde el punto de vista sociológico, sí hay una redefinición de lo íntimo, lo privado y lo público. Pero el derecho tiene que seguir protegiendo esos espacios. El problema es que hemos normalizado un acceso muy amplio a nuestras informaciones personales, y eso es difícil de explicar porque, a cambio, recibimos servicios altamente personalizados que nos resultan atractivos.
¿Cómo funciona esa lógica detrás de las plataformas?
Las empresas atraen a las personas con servicios aparentemente gratuitos. Pero en realidad hay un intercambio: obtienen datos que les permiten ofrecer servicios hiperpersonalizados. No se trata solo de datos básicos como nombre o edad, sino de lo que algunos llaman “datos residuales”: información que permite construir perfiles muy detallados sobre hábitos, rutinas, gustos y comportamientos.
A partir de cosas aparentemente simples —como una publicación— se puede reconstruir una gran cantidad de información sobre una persona: dónde vive, sus horarios, su entorno social. Es un nivel de conocimiento que ninguna empresa había tenido antes.
¿Qué efectos tiene esto en la vida democrática?
Varios, pero uno muy importante es la creación de burbujas informativas. Las personas reciben contenidos alineados con sus propias ideas y dejan de exponerse a opiniones distintas. Antes, por ejemplo, al leer un periódico o ver televisión, uno inevitablemente se encontraba con información diversa. Hoy eso ya no ocurre. Cuando perdemos esa exposición a lo distinto, también perdemos la capacidad de dialogar. Eso genera polarización y afecta directamente la calidad del debate democrático.
¿Existen contextos donde el riesgo para los derechos humanos sea mayor?
Es difícil decirlo con precisión porque hay muy poca transparencia. No sabemos exactamente cómo funcionan los algoritmos ni qué efectos generan. Por eso, una de las demandas más importantes hoy es el acceso a información para investigación: entender cómo operan estas plataformas. Pero si tuviera que señalar un punto especialmente crítico, diría que es el impacto en niños, niñas y adolescentes. Es un grupo que tiene menos herramientas para comprender lo que ocurre y para protegerse.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
