Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
Notas informativas 15 de marzo de 2022

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú –IDEHPUCP, conjuntamente con The Global Detention Project (GDP), el Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú y Equilibrium CenDE presentaron al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares [1] – perteneciente a las Naciones Unidas –  un informe sobre la implementación en Perú de la Convención que dicho órgano monitorea.

El documento, difundido en vísperas del próximo periodo de sesiones del Comité, se centra en las leyes y prácticas del Estado con respecto a la inmigración y los controles incluidas las medidas de deportación y detención en el Perú. Entre los principales temas abordados se encuentran: militarización de la frontera, desalojos, situación de los migrantes venezolanos y respuestas al COVID-19.

Tomando como base los detalles proporcionados en la presentación, las organizaciones firmantes desean destacar los siguientes temas como prioritarios para su consideración en el informe sobre Perú: el respeto al principio fundamental de no devolución incluso durante las expulsiones en la frontera, buscando garantizar que nadie se devuelto a un país donde su vida corre peligro; la observación sobre el estado de militarización de la zona a lo largo de la frontera entre Perú y Ecuador con el fin de evitar incidentes de violencia en grupos vulnerables; la actualización sobre medidas de cierre de fronteras durante el Covid-19; la capacitación de los funcionarios relacionados en temas de vigilancia fronteriza – tanto la Policía como las Fuerzas Armadas – respetando las vulnerabilidades, derechos y necesidades específicas de los refugiados y migrantes, entre otras medidas.

Pueden descargar el informe aquí(en inglés).


[1] El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación en los Estados Partes de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares