El evento, desarrollado a través de dos mesas de diálogo: “La regulación sobre Empresas y Derechos Humanos en el Derecho Internacional: retos y desafíos para una adecuada protección” y “Principios Rectores a nivel comparado: avances en su elaboración e implementación”.
En el primer espacio, participaron Humberto Cantú, profesor de la Universidad de Monterrey y director ejecutivo de su Instituto de Derechos Humanos y empresas; Carlos López, asesor legal senior de la Comisión Internacional de Juristas; Cristina Terezo, profesora de la Universidad Federal do Pará; y, a través de una videoconferencia, Luis Carlos Buob, abogado asesor de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el diálogo, los ponentes compartieron algunas ideas centrales como la existencia de una realidad común en la región caracterizada por la impunidad ante las vulneraciones a derechos humanos por parte de las empresas y la ausencia de mecanismos eficaces de reparación. Aun así, se rescató la presencia de avances en la consolidación de instrumentos jurídicamente vinculantes que repercuten en obligaciones estatales y empresariales para asumir e incrementar los niveles de debida diligencia.
Sobre este último punto, Carlos López mencionó que uno de los aportes de un posible tratado en la materia se verificaría, sobre todo, en una mejor regulación extraterritorial que comprenda controversias donde exista responsabilidad legal de empresas multinacionales. Por su parte, Cristina Terezo compartió la experiencia brasileña en la formulación de planes y políticas de protección de derechos humanos y su efecto sobre las actividades empresariales, cuya principal limitación sería la ausencia de participación de la sociedad civil.
Finalmente, Luis Carlos Buob brindó un acercamiento al tema desde un enfoque basado en los instrumentos existentes en el sistema interamericano, asegurando que muchos de ellos incluían obligaciones jurídicamente exigibles a las empresas. Asimismo, detalló el proceso de elaboración del primer Informe temático sobre empresas y derechos humanos de la CIDH.
Por su parte, en la segunda mesa, coincidieron José Julián Tole, docente investigador de la Universidad de Externado de Colombia; Reyna Franco, presidenta de Canadian Human Rights International Organization en México; Paulo Weyl, Coordinador del programa de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Federal do Pará; Julieta Rossi, Directora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús; y Bruce Barnaby, coordinador del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
En este espacio, Julián Tole expresó la necesidad de establecer líneas base y diagnósticos adecuados antes de idear un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos. Asimismo, enfatizó que parte del deber de protección estatal implicaba no mantener vínculos sociales ni políticos con empresas que hubieran sido condenadas por violaciones a derechos humanos.
En el caso de Julieta Rossi, recalcó que Argentina aún se encuentra en una etapa incipiente del desarrollo de un plan sobre empresas y derechos humanos, pues la influencia de los intereses empresariales es bastante sólida. En la misma línea, Reyna Franco remarcó la importancia de involucrar y sensibilizar a las empresas para una efectiva protección de los derechos humanos.
Por su parte, Paulo Weyl señaló, desde la perspectiva brasilera, que uno de los principales retos se encontraba en la articulación estatal para mejorar la fiscalización en lo que respecta a gestión ambiental. Finalmente, Bruce Barnaby dio mayores alcances respecto al vínculo entre las actividades empresariales y los conflictos socioambientales en el Perú, y los retos que suponía la implementación de los principios rectores en este contexto.
