Por Luis Alejandro Pebe Muñoz (*)
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (en adelante, el “GHREN”)[1] ha documentado la existencia de una sofisticada red de vigilancia e inteligencia implementada por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perseguir sistemáticamente a nicaragüenses en el exilio. Esta estructura de represión trasciende las fronteras nacionales y emplea extensivamente tecnologías digitales para hostigar, desacreditar y amenazar a opositores que incluyen excombatientes sandinistas y de la Contra, exmiembros del Ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y defensores de derechos humanos[2].
La arquitectura del miedo: vigilancia sin fronteras
El régimen ha establecido una compleja red de vigilancia coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército que involucra múltiples instituciones estatales y agentes no estatales. Dicho sistema integra vigilancia física en Costa Rica, Honduras, Bélgica, Guatemala, España y Estados Unidos con sofisticadas capacidades de espionaje digital que incluyen interceptación de comunicaciones telefónicas, pirateo de sistemas de mensajería e instalación de programas espía[3].
En el marco de esta operación represiva, los críticos del régimen son sistemáticamente sometidos a doxing[4], amenazas de muerte y campañas de difamación orquestadas por granjas de troles[5] y redes de bots[6] relacionadas al gobierno nicaragüense. Como parte de esta estrategia de deslegitimación, se acusa falsamente a los disidentes de vínculos con el narcotráfico y el terrorismo con el propósito de socavar sus solicitudes de asilo, generando un clima de miedo que conduce inevitablemente a la autocensura y produce graves impactos en la salud mental de la población exiliada[7].
Responsabilidad empresarial: cuando la tecnología contribuye a la represión
Ante esta situación documentada, el GHREN exige que las empresas tecnológicas —incluyendo proveedores de telecomunicaciones, desarrolladores de software de vigilancia, plataformas de redes sociales y vendedores de tecnología de espionaje— realicen evaluaciones exhaustivas de debida diligencia en derechos humanos[8]. El objetivo es identificar de manera precisa cómo sus productos y servicios podrían ser instrumentalizados en la represión sistemática contra nicaragüenses en el exilio.
La implementación de esta recomendación resulta especialmente urgente ante la evidencia documentada por el GHREN sobre el uso de tecnología corporativa en la persecución transnacional ejecutada por el régimen nicaragüense. La documentación de estos vínculos empresariales busca generar presión internacional para que suspendan la prestación de servicios a instituciones represivas del Estado nicaragüense, transparenten sus vínculos comerciales con el gobierno y establezcan mecanismos preventivos robustos que impidan la instrumentalización de sus plataformas en la vigilancia de opositores exiliados.
Consideraciones finales: la urgencia de transformar la industria tecnológica
El caso nicaragüense demuestra de manera contundente que la represión autoritaria contemporánea se fortalece mediante algoritmos y bases de datos que transforman cualitativamente la persecución política. Las tecnologías digitales no solamente facilitan la represión, sino que amplían exponencialmente su alcance geográfico y temporal, permitiendo que el aparato represivo persiga a sus ciudadanos más allá de cualquier frontera física gracias a facilitadores corporativos que proveen estas herramientas.
En consecuencia, la protección efectiva de los derechos humanos en el siglo XXI plantea una interrogante ética ineludible: ¿puede una empresa tecnológica declararse neutral cuando sus productos se convierten en instrumentos de persecución? La ausencia de marcos regulatorios para empresas que comercializan tecnología de vigilancia a regímenes represivos genera un vacío normativo que estas corporaciones han aprovechado sistemáticamente. Como resultado de ello, este modelo de impunidad empresarial no solo perpetúa el sufrimiento de los nicaragüenses en el exilio, sino que también establece un precedente peligroso que otros regímenes autoritarios pueden replicar para consolidar sus propios sistemas de vigilancia transnacional.
(*) Becario del programa Queen Elizabeth Scholars (QES) 2025 en la Transnational Justice Clinic del Centre for Human Rights and Legal Pluralism de la Universidad McGill (Canadá), e integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[1] El Consejo de Derechos Humanos estableció en marzo de 2022 un grupo de tres expertos para investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, con el mandato de documentar los hechos, identificar responsables y formular recomendaciones centradas en las víctimas. El mandato del GHREN ha sido prorrogado sucesivamente hasta 2027, requiriéndole presentar informes periódicos tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[2] Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. (2025, 23 de septiembre). Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras. Exilio y violaciones transnacionales de los derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://media.business-humanrights.org/media/documents/2025-09-23-ghren-transnational-violations-sp.pdf
[3] Ibid.
[4] El informe emplea el término doxing para referirse a la publicación de información personal privada sin consentimiento, con el fin de intimidar o dañar.
[5] El informe emplea el término granjas de troles para referirse a las operaciones pagadas que coordinan cuentas falsas para manipular la opinión pública.
[6] El informe emplea el término bots para referirse a las cuentas automatizadas programadas para amplificar mensajes y manipular opinión pública.
[7] Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. (2025, 23 de septiembre). Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras. Exilio y violaciones transnacionales de los derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://media.business-humanrights.org/media/documents/2025-09-23-ghren-transnational-violations-sp.pdf
[8] Ibid.
