Por Gabriela Ramos (*)
El pasado viernes, 10 de noviembre, en el marco del 188° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia de seguimiento a las recomendaciones del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales. En ella participaron actores de la sociedad civil; víctimas y/o familiares de víctimas; y representantes del Estado.
La audiencia se inició con la participación del bloque de sociedad civil, que expresó su preocupación por la erosión de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Perú, y remarcó que, desde su perspectiva, el Estado ha ignorado el fortalecimiento del Sistema Judicial y Electoral, y el Congreso ha socavado instituciones democráticas. A esto se añade la adopción de un discurso discriminatorio hacia manifestantes indígenas y campesinos.
Por otro lado, se ha remarcado que, pese a todas las vulneraciones detectadas, la Fiscalía no ha presentado cargos contra agentes del Estado, y, tras casi un año, tan solo en Ayacucho se ha identificado a un posible autor directo de los eventos. Por todo ello, se solicitó la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar los hechos acontecidos y dar seguimiento a las recomendaciones; e incluir al Perú como uno de los países graves de la región en el Informe Anual de la CIDH.
Posteriormente, se sumaron las intervenciones de Nerson Oré, uno de los heridos en las protestas en Ayacucho; Danny Quispe, padre de un joven asesinado en Andahuaylas; y Raúl Samillán, hermano de un médico internista que fue asesinado atendiendo víctimas en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca. Sus participaciones apuntaron a señalar que, durante las protestas, se hizo un uso indiscriminado de la fuerza y que, además, las víctimas eran estigmatizadas y maltratadas al acercarse a centros de salud para ser atendidos. Asimismo, remarcaron que, a pesar de que el gobierno está dotando reparaciones económicas a heridos, estas se asignan de forma arbitraria y sin parámetros claros. Finalmente, enfatizaron que el proceso judicial para sancionar a los responsables de los hechos no está siguiendo las garantías mínimas del debido proceso, no se brinda la asistencia de intérpretes y se está solicitando un cobro indebido de tasas judiciales.
Por su parte, el Estado Peruano dio inició a su bloque señalando que garantiza el derecho a la protesta pacífica y negando la existencia de una política de gobierno tendiente a vulnerar los derechos humanos. En esa misma línea, señaló que ha implementado una política para otorgar un apoyo económico de 50,000 soles por fallecido y 25,000 soles por herido de gravedad. Esto se complementa con apoyos médicos, becas para los hijos de las personas afectadas e inclusión en programas sociales y agrarios. Adicionalmente, remarcó que abrirán 12 servicios especializadas de defensa pública de víctimas con enfoque intercultural; y se realizarán siete mesas de diálogo con defensores de derechos humanos en el país, así como mesas se concertación en el ámbito de derechos humanos y empresas en cinco ciudades.
Por otro lado, apuntó que, en el contexto de las protestas, 1398 personas fueron atendidas por centros del Ministerio de Salud de forma gratuita, oportuna e idónea. Asimismo, que la Fiscalía de la Nación, en la cual se había conformado el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), venía realizando actos de investigación para determinar los hechos aplicando un enfoque de derechos humanos e interculturalidad.
Por su parte, el representante del Ministerio del Interior, señaló que se habían adoptado algunas medidas para dar cumplimiento de las recomendaciones 4 a 7 del Informe de la CIDH. Entre ellas, se encuentra la designación de un coordinador permanente en temas de derechos humanos y uso de la fuerza para la Policía; la adopción de medidas para excluir el uso de armas de fuego en el control de protestas sociales; y la futura creación de la Dirección de Derechos Humanos como órgano policial especializado.
La intervención del Estado culminó que la participación del representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén Olaya, quien resaltó la importancia de la audiencia, y remarcó que muchas de las muertes pudieron haber sido ocasionadas por actos directos o indirectos no protegidos por el derecho a la protesta. Bajo la misma lógica, apuntó a que se debía desterrar la insinuación de que en el Perú existe una política sistemática o generalizada violatoria de derechos humanos.
Aun así, tras culminar el bloque del Estado, dos personas presentes en la audiencia increparon a la delegación estatal el haber estado “mintiendo” en el anuncio de las medidas adoptadas. Frente a ello, el representante permanente de Perú ante la OEA advirtió que la representación peruana se retiraría de la audiencia si los regaños continuaban. A la par, responsabilizó de la violencia y las muertes producidas a los ciudadanos.
En este contexto, los miembros de la CIDH remarcaron que el objetivo de la audiencia no era determinar responsabilidad internacional, sino propiciar el diálogo entre peticionarios y Estado. Se reiteró, asimismo, que la CIDH está a disposición del Estado para brindar la cooperación técnica requerida a efectos de implementar las recomendaciones formuladas, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento. Finalmente, consultó a representantes de las víctimas, sociedad civil y Estado respecto a los siguientes temas: i) medidas adoptadas para incluir a víctimas en los procesos de investigación y sanción; ii) medidas adoptadas para prevenir la estigmatización de la protesta; iii) opinión del Estado sobre la implementación de un mecanismo de seguimiento; entre otros.
Al respecto, los representantes de víctimas y sociedad civil cuestionaron el constante cambio de fiscales a cargo de las investigaciones y que las mesas de diálogo anunciadas por el Gobierno no solucionan los problemas de estigmatización. Por su parte, para concluir con la sesión, el Estado señaló que, entre algunas de las medidas adoptadas, se encontraba la presentación ante el Congreso de la República del “Proyecto de ley para promover la diversidad cultural y prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de discriminación étnico-racial”; así como la planificación de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales”.
Sin duda alguna, la audiencia de seguimiento es uno entre diversos mecanismos más que deben ser adoptados desde el sistema interamericano para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH. De esta manera, es fundamental velar porque hechos como los acontecidos no tengan repetición y el diálogo entre los distintos actores pueda ser implementado sin prejuicios ni estigmatizaciones. En este proceso, el compromiso del Estado y la participación de sociedad civil y víctimas es trascendental.
(*) Investigadora del IDEHPUCP
