La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace seis años una sentencia obligando al Estado peruano a investigar con carácter inmediato los hechos que generaron las violaciones del caso e identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
El fiscal superior del caso, Luis Landa, pidió la pena máxima: 25 años de prisión y una reparación civil de 200 mil nuevos soles. Además, la Fiscalía se pronunció sobre las características de este crimen, entre otros, afirmando que constituirían delitos de lesa humanidad. Será la titular de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, quien presida el tribunal.
