Escribe: Cécile Blouin (*)
Pocos días antes de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, 28 personas venezolanas perdieron la vida en un naufragio entre las costas de Trinidad y Tobago y Venezuela[1]. Esta nueva tragedia ilustra los impactos de la inmovilidad forzada a raíz de la pandemia. Las medidas tomadas para mitigar los efectos del Covid-19 han buscado limitar a toda costa la movilidad de las personas. Por un lado, se han cerrado las fronteras con graves consecuencias para el ejercicio del derecho al asilo y el derecho al retorno. Sin embargo, las causas estructurales de la migración no han cambiado en los países de origen, y hasta han empeorado. El cierre de fronteras genera, por lo tanto, más peligros para las personas migrantes que deben cambiar sus rutas migratorias. Por otro lado, la inmovilidad dentro de los territorios ha tenido impactos diferenciados para la población migrante insertada en trabajos precarios, en especial cuando no han sido incluido en los programas sociales de los Estados receptores. Todo ello ha sido documentado para el caso peruano en diversos estudios a lo largo del año 2020[2].
En el Perú, las políticas de mitigación y prevención del Covid-19 han impactado también en los espacios que reciben a la población migrante en condición de vulnerabilidad como son los albergues. El crecimiento de estos en los últimos 3 años ha sido exponencial. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 18% de las personas venezolanas encuestadas que ingresó al Perú́ entre septiembre y diciembre 2019, necesita acceder a un albergue[3]. Ello refleja la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra un fragmento de la población venezolana, que no cuenta con redes de apoyo para alojarse.
«Encontramos que una de las grandes preocupaciones, tanto desde la gestión de los albergues como de las personas migrantes albergadas, es la necesidad de ampliar la oferta de alojamiento a la población en condición de vulnerabilidad».
En un reciente diagnóstico, próximo a publicarse, del proyecto “Fortaleciendo la capacidad de albergues para el acompañamiento psicosocial de personas migrantes venezolanas en el Perú” realizado por el Idehpucp con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL), encontramos que la mayor cantidad de albergues se han creado entre los años 2019 y 2018. Las razones que promovieron su creación son variadas y se deben, entre otros, al impulso de organizaciones internacionales o por mandato de una congregación religiosa. Estos albergues son en su gran mayoría privados y gestionados por congregaciones religiosas. Si bien encontramos una gran diversidad entre los albergues tanto a nivel de gestión como en los servicios que proveen, estos espacios son cruciales para la población migrante. Los gestores de los albergues se refieren a estos como “Casa” para reforzar un sentimiento de comunidad e incluso de “unión familiar” ante casos de carencia afectiva o desvinculación familiar. Más que un simple alojamiento, los albergues cumple con distintos roles para la población migrante, ofreciéndole un espacio de contención, un espacio de descanso y un espacio donde “se rescata y resalta la dignidad de las personas”[4].
La pandemia generó una serie de cambios en los albergues y en su capacidad de acogida. Mientras algunos albergues se cerraron, otros cerraron sus puertas a nuevos ingresos pero siguieron funcionando. Adicionalmente, algunos cambiaron el perfil de personas acogidas de forma temporal o definitiva, priorizando a las personas con mayores necesidades. Existe además mucha incertidumbre sobre las posibilidades de reapertura de los albergues cerrados. En ese sentido, encontramos que una de las grandes preocupaciones, tanto desde la gestión de los albergues como de las personas migrantes albergadas, es la necesidad de ampliar la oferta de alojamiento a la población en condición de vulnerabilidad.
Por otro lado, las dinámicas de los espacios compartidos y recreativos dentro de los albergues debieron adaptarse a la situación sanitaria, al igual que el tiempo de permanencia, que tuvo que ser extendido. Este cambio fue señalado como algo positivo teniendo en cuenta que el espacio del albergue representa un alivio a nivel psicológico, emocional y para las y los migrantes. Sin embargo, la pandemia también agudizó dificultades y retos ya identificados en los albergues[5]. La pérdida del trabajo de muchos/as personas y como consecuencia la imposibilidad de mandar remesas, así como la “inmovilidad” dentro del albergue generó mucha frustración, angustia y estrés para la población albergada. Asimismo, la situación sanitaria generó impactos negativos en los proyectos de preparación a la salida, impidiéndoles implementar sus nuevos planes en el país.
La situación compleja de los albergues como estructuras de acogida en tiempos de pandemia ilustra los retos que debe enfrentar la población migrante expuesta a una mayor vulnerabilidad para construir sus proyectos de vida. Es necesario comprender la complejidad de estas estructuras, su valor en el camino de la población migrante y fortalecerlas para brindar una atención integral y, de esta manera, ofrecer a esta población más alternativas y opciones para sus vidas.
