Por Erika Solís y Angelina Melgarejo (*)
Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se han realizado aproximadamente 13 movilizaciones de diversas magnitudes centradas en la exigencia de seguridad ciudadana frente a la ola de extorsiones y sicariatos que afectan a la población en general, como el caso del transporte público, una de las actividades económicas más afectadas por la criminalidad violenta. Los gremios demandan una respuesta efectiva del Estado para frenar el cobro de ‘cupos’, los asesinatos de choferes y empresarios, así como acciones contra la corrupción policial y para el fortalecimiento de la investigación criminal.
Las movilizaciones tuvieron en sus inicios una amplia participación, abarcando desde las asociaciones de transporte urbano de Lima Metropolitana hasta gremios de transporte interprovincial. Un ejemplo de esto es el paro de abril de 2025, al que se plegaron alrededor de 20,000 unidades de 460 empresas formales[1]. Además, las protestas tuvieron el respaldo de comerciantes, sindicatos, universitarios y organizaciones civiles, lo que reflejó la magnitud del descontento social frente a la inseguridad y la falta de gobernabilidad. Esta situación se refleja, aunque con limitaciones, en la gran cantidad de denuncias por extorsión entre enero y julio del presente año, con un total de 6 mil 682 registros policiales por este delito, cifra que representó un incremento del 54% respecto del mismo periodo en el 2024, cuando se registró 4 mil 325 denuncias por el mismo delito[2]. Ese crecimiento no se circunscribe al registro de la extorsión, sino que también se presenta en otras modalidades delictivas violentas.
Ante esta situación una de las alertas más presentes es la necesidad de contar con datos fiables y actualizados sobre la real situación de criminalidad en nuestro país, pues una política pública no puede ser diseñada ni ejecutada sin una base informativa sólida sobre la cual delimitar las mejores acciones y estrategias. Esto no solo demanda una mayor capacidad estatal para recopilar, sistematizar y analizar la información de las instituciones públicas, sino también la voluntad política de anteponer las necesidades de la población a los intereses particulares y partidarios de cada agente en una posición de poder estatal.
Una voluntad política con intenciones nulas o incluso contrarias a la preocupación nacional en el abordaje de la criminalidad, lo cual se manifiesta no solo en sus acciones como la promulgación de normas ineficientes y contrarias a derechos, sino también por omisión al mantener un estado de inacción frente a problemáticas enraizadas en el aparato estatal como la corrupción en todo nivel.
En este contexto, se percibe una banalización de los pedidos por mayor seguridad, lo cual no solo se traduce en cifras y tasas de denuncias, sino especialmente en trayectorias de vida eclipsadas por un contexto violento al cual son indiferentes las autoridades. Diariamente, presenciamos por diversos medios una realidad cada vez más violenta, el uso indiscriminado de armas de fuego para atentar contra la vida de las personas y mantener el miedo en la comunidad, especialmente en lugares donde la autoridad estatal ha perdido legitimidad hace mucho tiempo. Es innegable la escalada de violencia con la cual hoy actúa la criminalidad, lo cual no implica dejar de lado otro problema que ha coadyuvado a tener este resultado, como es la corrupción en diversos niveles del sistema público. Ante esto, la respuesta de los sucesivos gobiernos ha sido la misma desde hace más de 20 años para cualquier tipo de crisis: decretar estados de emergencia en diversos territorios sin ninguna estrategia sólida y con una desidia que está muy lejos de ser solo incapacidad.
Esta situación nos obliga a mirar más allá del corto plazo y a cuestionarnos por qué es más cómodo para la clase política ignorar la creciente criminalidad en el país que establecer acciones sólidas e informadas sobre esta problemática. Tal vez podemos situarnos en las próximas elecciones generales del 2026 y lo importante que será para cada votante conocer las propuestas sobre cómo combatir la inseguridad ciudadana por cada candidato en carrera por la presidencia o por las regionales. Esto lleva a preguntarse si la inseguridad ciudadana podría ser un elemento decisivo para la inclinación de cada votante hacia una u otra propuesta política. Esta situación se convierte en un terreno fértil para el uso de discursos de mano dura, incluyendo la suspensión de derechos individuales en favor de la seguridad pública.
Ahora bien, más allá de los discursos de soluciones mágicas y los réditos políticos que se busquen explotando el miedo y la necesidad de seguridad de la población, el problema se mantiene vigente y empeora cada vez más. La criminalidad que atraviesa nuestro país hoy no es una situación aislada; es un fenómeno presente a nivel mundial. Basta con dar una mirada a lo que ocurre en la región para notarlo. No se explica por una sola causa y mucho menos se acabará aplicando más punición. El único resultado obtenido de este tipo de planteamientos ha sido el agravamiento de la criminalidad con cárceles dominadas por grupos criminales, corrupción endémica y otros indicadores que evidencian el fracaso de ese modelo: un modelo reactivo, visceral y poco analítico, un modelo de respuesta política centrada en ganar elecciones antes que en gobernar democráticamente.
(*) Integrantes del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Espinoza, A. (2025, 10 de abril). Paro de transportistas con más de 20 mil unidades paralizan Lima y Callao y dejan a cientos de pasajeros varados. Infobae. Recuperado el día 22 de agosto de 2025, de https://www.infobae.com/peru/2025/04/10/paro-de-transportistas-con-mas-de-20-mil-unidades-paralizan-lima-y-callao-y-dejan-a-cientos-de-pasajeros-varados/
[2] Ministerio del Interior del Perú (julio de 2025). Denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP): Julio 2025, p. 23. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8479893/7033532-reporte-de-denuncias-registradas-en-el-sistema-de-denuncias-policiales-sidpol-a-julio-del-2025.pdf?v=1755033107
