De resultas de ello, el sentimiento de inseguridad que experimenta buena parte de los ciudadanos, ante la eventualidad de ser víctimas de la creciente delincuencia, resulta cada más intenso y surge entonces, de modo natural, la exigencia planteada al Estado para que optimice la eficacia de sus acciones y, por tanto, perfeccione sus estrategias para no solo sancionar sino también –y principalmente– prevenir estas violaciones de normas elementales de la vida social.
Los mencionados requerimientos han sido, generalmente, atendidos de manera cíclica y coyuntural y se orientaron, casi exclusivamente, a la dimensión sancionadora del delito: se ha determinado el incremento de las penas por los crímenes cometidos; se ha establecido la limitación, en algunos casos, de los beneficios penitenciarios y se ha proyectado la constitución de tribunales especiales así como la reducción de las garantías procesales para los acusados.
Pareciera pues haberse aplicado una política dirigida más a atemorizar, para así impedir la comisión de delitos, que a incidir en las causas reales de la criminalidad. La consecuencia de estas acciones podrá conducir, de modo previsible y con el apoyo de los medios de prensa, al apaciguamiento momentáneo de la intranquilidad ciudadana pero, en el fondo, no evitará que, a la postre, regrese incrementada la violencia y con ella el temor de ser víctima de robos, secuestros o extorsiones pues, las políticas adoptadas se dirigen más a trabajar en las consecuencias que no en las causas del fenómeno.
Son muchos los estudios que señalan que la sola sobrecriminalización no constituye la solución más acertada para reducir el crimen y lograr así una sociedad más segura. Son pocos sin embargo los que, efectivamente, interiorizan el significado de dicha aseveración y buscan medios alternativos o complementarios para combatir la delincuencia.
Ahora bien, pareciera que el Estado peruano ofrece señales de una voluntad de cambio en ese paradigma hasta ahora meramente reactivo pues, luego de un prolongado espacio de inactividad, ha puesto en acción el Consejo Nacional de Política Criminal.
Este organismo público según entendemos, se encargará de formular diversas estrategias que busquen contrarrestar el crimen y la inseguridad ciudadana. Él deberá por tanto investigar las causas, manifestaciones y proyecciones de la delincuencia en el ámbito local, regional y nacional y habrá de hacer todo eso guiado por ideas rectoras que tienen una base constitucional y son coherentes con el respeto a la dignidad humana y las garantías establecidas en los convenios internacionales sobre la materia: me refiero a la vigencia de los derechos fundamentales y al principio de humanidad en las sanciones penales.
Saludamos esta iniciativa del gobierno que promueve una visión realista del problema criminal e impulsa, para el mediano y largo plazo, respuestas inteligentes y estrategias atinadas que aportarán soluciones significativas sobre los factores generadores del delito y por añadidura sobre el generalizado sentimiento de inseguridad ciudadana que hoy agobia a los peruanos.
