Por Marcela Huaita-Alegre(*)
Cuando se habla del futuro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), puede parecer que estamos ante una discusión técnica, casi administrativa. Pero no lo es. Lo que está realmente en juego es el lugar que ocupa la igualdad de género dentro del proyecto democrático del país.
En una democracia que toma en serio los derechos humanos, contar con una institucionalidad especializada en igualdad no es un lujo ni una concesión ideológica. Es una forma concreta de organizar el Estado para enfrentar desigualdades que no se corrigen solas. El MIMP no es solo una entidad ejecutora de programas: es el ente rector de la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) y el espacio desde donde se articula la acción multisectorial para enfrentar brechas estructurales.
Por eso, el debate sobre su fortalecimiento, su fusión o su redefinición resulta tan sensible en el proceso electoral hacia 2026.
No es la primera vez que esta discusión aparece. En 2017 advertí sobre el riesgo de considerar prescindible una institucionalidad especializada bajo argumentos de austeridad o simplificación del Estado[1]. En 2024 volví sobre el tema al señalar que, en un escenario de fusión de ministerios, el Viceministerio de la Mujer podía quedar particularmente expuesto a desaparecer o diluirse dentro de estructuras más amplias[2].
Lo que entonces parecía una alerta preventiva hoy adquiere una nueva vigencia. La reorganización del Estado vuelve a plantearse como promesa electoral y, con ella, reaparece la pregunta de fondo: ¿la igualdad de género es una prioridad estructural o una política que puede reubicarse sin mayores consecuencias?
Revisar los planes de gobierno muestra que no estamos ante diferencias menores de diseño institucional. Lo que se expresa en ellos son concepciones distintas sobre el rol del Estado, la jerarquía de la igualdad dentro del orden constitucional y el alcance real del compromiso democrático.
Fortalecer o diluir: modelos institucionales en disputa
El análisis comparado de los planes de gobierno muestra una polarización clara respecto al futuro del MIMP, tal como se sintetiza en el Cuadro (Institucionalidad de género y futuro del MIMP).
Hay planes que apuestan por fortalecer el MIMP: darle más capacidad técnica, más presupuesto, más herramientas para coordinar con otros sectores. En esa mirada, la igualdad de género es una política de Estado que debe sostenerse más allá de los cambios de gobierno. No es un tema accesorio, sino parte del núcleo del orden democrático.
Otros plantean fusionarlo dentro de un ministerio más amplio —de desarrollo humano, familia o protección social— con el argumento de simplificar el Estado o reducir burocracia. El problema es que, cuando la igualdad de género deja de tener rectoría propia, suele diluirse. Pasa a ser un componente más dentro de agendas sociales más amplias, muchas veces con un enfoque asistencial o centrado en la familia, que no siempre reconoce las desigualdades de poder que enfrentan las mujeres, y que muchas veces se expresan a través de la violencia.
También hay propuestas que simplemente no dicen nada claro sobre el tema. Se concentran en créditos, seguridad o programas sociales, pero no explican cómo sostendrán la arquitectura institucional que hace posible la Política Nacional de Igualdad de Género. Esa omisión no es menor: genera incertidumbre sobre la continuidad y la solidez de lo que ya se ha construido.
Cuadro 5. Institucionalidad de género y futuro del MIMP
| Posición Programática | Partidos / Alianzas | Orientación Política del Enfoque | Riesgos / Implicancias |
| Fortalecimiento del MIMP como ente rector especializado | Primero la Gente, Ahora Nación, Juntos por el Perú, Libertad Popular, Perú Libre, Somos Perú, Alianza Electoral Venceremos, Partido Demócrata Verde, Perú Primero, Partido del Buen Gobierno, Fuerza y Libertad, Partido Morado[3] | La igualdad de género se concibe como una política de Estado con rectoría propia. Se busca robustecer la capacidad técnica, la interoperabilidad digital y el presupuesto especializado para las instancias de concertación. | Mayor coherencia con tratados internacionales (CEDAW, Belém do Pará) y la PNIG. Requiere una alta capacidad de coordinación política para evitar el aislamiento sectorial del ministerio. |
| Fusión o Transformación del MIMP (Modelo Social/Familiar) | Avanza País, Partido Aprista Peruano, Podemos Perú, Integridad Democrática, Alianza para el Progreso, Perú Acción, Partido Demócrata Unido Perú, Unidad Nacional, SiCreo, Un Camino Diferente, PRIN, Perú Moderno. Renovación Popular, | La igualdad de género deja de tener rectoría propia y pasa a integrarse en ministerios de desarrollo social, familia o “protección humana”. Algunos planes proponen explícitamente fusionar el MIMP con el MIDIS o crear “Súper-Ministerios” para reducir burocracia y gasto público. Otros no mencionan directamente al MIMP, pero plantean reducir el número de ministerios de 19 a 8 o 6, lo que hace presumible su absorción o desaparición dentro de una cartera más amplia. | Riesgo de debilitamiento del enfoque de género y pérdida de la rectoría especializada. El enfoque tiende a virar hacia el asistencialismo familiar, invisibilizando brechas estructurales específicas de las mujeres. |
| Enfoque General, Asistencial o sin Reforma Explícita | Fuerza Popular, País para Todos, Cooperación Popular, Frente de la Esperanza 2021, PTE–Perú, Progresemos, Fe en el Perú, Patriótico del Perú, Salvemos al Perú, Partido Cívico Obras | El soporte institucional se centra en el empoderamiento económico (créditos), la seguridad ciudadana o la asistencia social básica, sin plantear reformas orgánicas al ministerio. | Baja densidad programática en términos institucionales de género. La falta de una hoja de ruta para el MIMP genera incertidumbre sobre la sostenibilidad administrativa de la PNIG. |
Elaboración a partir de matriz de análisis de los planes de gobierno presentados para las Elecciones Generales 2026
No regresividad y deber de progresividad estatal
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es clave tener en cuenta el principio de no regresividad. En términos simples, ello significa que un Estado no debería retroceder en el nivel de protección de los derechos que ya ha alcanzado. Si una reforma debilita la capacidad del Estado para prevenir la violencia, coordinar políticas o supervisar el cumplimiento de la igualdad, no basta decir que es más eficiente o más austera. Hay que preguntarse si no está reduciendo, en la práctica, la protección de derechos.
La experiencia en otros países de la región muestra que cuando se debilita la institucionalidad especializada suelen pasar cosas muy concretas: baja el presupuesto específico para igualdad, se fragmentan las responsabilidades, se pierde capacidad de monitoreo y la agenda se vuelve menos visible políticamente. No es una consecuencia automática, pero sí un riesgo real.
Igualdad de género: ¿prioridad estatal o política subsidiaria?
En el fondo, la pregunta es sencilla y profunda a la vez: ¿la igualdad de género es una prioridad estatal o una política secundaria que puede reubicarse sin mayor impacto?
Si se la entiende como una respuesta a desigualdades estructurales, entonces necesita instituciones sólidas, continuidad y capacidad técnica. Si se la ve como un tema accesorio o intercambiable, es más fácil absorberla dentro de otras carteras o diluirla en discursos generales sobre familia o desarrollo.
Una democracia constitucional no se limita a organizar elecciones. También debe contar con instituciones capaces de garantizar derechos en condiciones reales de igualdad. En ese sentido, la existencia de un ente rector especializado no es un privilegio sectorial, sino una herramienta para corregir asimetrías históricas que afectan la vida cotidiana de millones de mujeres.
Por eso, la discusión sobre el MIMP no es un detalle administrativo. Es una señal del tipo de compromiso democrático que proyectan los distintos planes de gobierno. Más que preguntarse qué estructura es más pequeña o más eficiente, la cuestión central es cuál garantiza mejor la continuidad, la progresividad y la solidez de las políticas de igualdad.
La forma en que en los proyectos políticos se decida reorganizar —o fortalecer— esta institucionalidad dirá mucho sobre la disposición real del Estado a sostener la igualdad de género como política pública permanente. Y esa es una conversación que va mucho más allá de un ministerio: habla del modelo de democracia que se quiere construir.
Nota metodológica: El análisis comparativo se elaboró a partir de los documentos oficiales presentados por las organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Generales 2026–2031, utilizando como fuentes los Planes de Gobierno Integrales o, cuando correspondía, el Formato de Resumen publicado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al 31 de enero de 2026. Se advierte que el Partido Democrático Federal, pese a contar con plancha presidencial inscrita, no registra propuestas desarrolladas ni resumen ejecutivo en las plataformas oficiales consultadas. La sistematización se realizó mediante matrices comparativas, con apoyo técnico de herramientas de inteligencia artificial, bajo supervisión directa y validación respecto de los documentos originales.
(*) Este artículo es parte de la serie de entregas «Elecciones 2026, igualdad de género y democracia: ¿qué está en juego?» a cargo de Marcela Huaita-Alegre. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) e integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH). Su trabajo se especializa en igualdad de género, políticas públicas y estándares internacionales de derechos humanos, con énfasis en democracia y no regresividad de derechos
[2] Marcela Huaita: “[con la fusión de ministerios] el Viceministerio de la Mujer corre mayor riesgo de desaparecer”
[3] Aclaración hecha por su equipo técnico con fecha 05.02.2026.
