Cuando el Congreso de la República eligió como su presidente al congresista José Jerí con el propósito de convertirlo automáticamente en presidente de la República, pesaban sobre él acusaciones o investigaciones por violación sexual, desobediencia a la autoridad, malos manejos en la Comisión de Presupuesto y presunto enriquecimiento ilícito. A eso se añadía una conducta pública por lo menos indecorosa, teñida de exhibicionismo machista y maltrato verbal a mujeres, ampliamente expuesta.
Con esos antecedentes, no pueden tomarse como una sorpresa los turbios incidentes que han llevado a Jerí a responder ante la Comisión de Fiscalización. Sus encuentros furtivos u oficiales con empresarios de nacionalidad china —uno de ellos con mandato de arresto domiciliario por su papel en una actividad ilegal— cuadran perfectamente con el historial del personaje que el Legislativo decidió imponer en la Presidencia. Y las explicaciones que ha venido dando, primero a la opinión pública y ahora en la comisión del Congreso mencionada, tienen más que nada un sabor a burla al país y trasuntan, en todo caso, cierta confianza en que el pacto que lo encumbró al papel de presidente —después de haber postulado sin éxito al Congreso y de haber accedido a una curul en calidad de accesitario— lo mantendrá a salvo.
Lo que sí puede resultar sorprendente, en todo caso, es la reacción con aires moralizadores de las diversas bancadas del Congreso. En este momento existen cinco mociones de censura y se discute si la forma idónea de expulsarlo de la Presidencia es, en efecto, mediante una censura en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso (lo que acarrearía la caída de todo ese colegiado) o si debe ser una declaración de vacancia de la Presidencia (lo que afectaría únicamente a Jerí). Salvo en el caso de muy contadas voces dentro del Congreso, como la de la congresista Ruth Luque y algún parlamentario más, no se puede creer en el gesto moralizador de quienes hoy piden que Jerí rinda cuentas por sus actos. Las explicaciones de esta incoherente reacción del Congreso tienen que ser halladas en el terreno del cálculo de conveniencias: ya sea que el personaje al que encargaron el Gobierno haya dejado de ser útil para algunos grupos, ya sea que el periodo electoral en curso motive a los diversos grupos a exhibir interés en la moralidad pública, para lo cual les conviene sacrificar al aliado.
El hecho de fondo en esta grotesca situación es que el actual presidente, hoy cuestionado por el Congreso, nunca fue digno de ocupar ese cargo, y que fue el Congreso quien impuso esa indignidad al país entero. Pero no se trata solamente de un problema de honorabilidad, que es de por sí un aspecto fundamental, aunque hoy olvidado, de cualquier régimen de convivencia democrática. A ello se suma, evidentemente, el descuido de la atención a las grandes urgencias de la sociedad, que empiezan por la crisis de seguridad ciudadana y crimen violento fuera de control, pero que de ninguna manera se reducen a ese problema.
El destino político de José Jerí es en este momento una incógnita. Y aunque esté claro que la decisión que tome el Congreso no estará motivada por principios, sino por algún cálculo de conveniencias, y aunque sea improbable que un eventual sucesor o sucesora de Jerí sea alguien mucho más idóneo, su expulsión de la Presidencia de la República es deseable y exigible cuando menos para darle a la vida política del país un breve instante de decoro o dignidad.
