El último 12 de junio, durante su exposición ante el Congreso en búsqueda del voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sorprendió al proponer la creación de una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El planteamiento —que incluye a representantes del Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y organismos especializados— fue presentado como una iniciativa “democrática” y “responsable”, pero ha encendido las alarmas entre especialistas y defensores de derechos humanos.
Julissa Mantilla, abogada y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que esta propuesta representa mucho más que un debate técnico: es una señal de retroceso institucional, una amenaza a la democracia y un intento peligroso de deslegitimar el único mecanismo internacional al que pueden acudir las víctimas cuando el Estado les niega justicia. Por ello, desmonta la propuesta del ministro Arana en seis puntos.
I. El retiro: ilegal, peligroso y sin base jurídica
El Perú no puede ‘salir de la Corte’ como se dice en los discursos políticos. Para dejar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado tendría que denunciar formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la OEA. Esta acción activaría un plazo de un año antes de surtir efectos. Durante ese tiempo, tanto la Corte como la Comisión Interamericana seguirían teniendo competencia sobre los casos peruanos. Además, denunciar la Convención no exime al Perú de otras obligaciones internacionales. Seguimos siendo parte de tratados como el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belém do Pará o la Convención contra la Tortura. Es una falacia decir “nos vamos y se acabó”. No es cierto. La idea de crear una comisión para “evaluar” esta permanencia no solo carece de base jurídica sólida, sino que normaliza un discurso que pone en entredicho los compromisos internacionales del país. El solo hecho de proponerlo ya es una amenaza institucional.
II. Contradicciones vergonzosas y política exterior errática
Esta iniciativa ocurre en un contexto de profunda incoherencia estatal. En menos de dos años, el Perú ha postulado a un juez a la Corte Interamericana, luego a un comisionado a la CIDH, y ahora se plantea salir del sistema. No hay visión clara ni coherente, ni mucho menos constitucional. La contradicción se profundiza cuando se recuerda que, hace solo unas semanas, en la audiencia ante la Corte por el caso de Celia Ramos, víctima de las esterilizaciones forzadas, el Estado reafirmó ante la Corte su compromiso con los tratados internacionales. Resulta vergonzoso que el Estado diga una cosa ante la comunidad internacional y otra totalmente opuesta a nivel interno.
III. ¿A quién le conviene debilitar el sistema?
Esta propuesta no es inocente. Los principales interesados en debilitar el sistema interamericano son quienes buscan impunidad por violaciones graves de derechos humanos, desde crímenes de lesa humanidad hasta retrocesos en derechos de mujeres y personas LGTBIQ+. Iniciativas como el proyecto de ‘ley de amnistía’ promovido en el Congreso, la criminalización de ONG defensoras de derechos humanos, y las reformas que buscan debilitar la jurisprudencia internacional forman parte de una misma lógica regresiva. Estamos frente a una agenda antiderechos que quiere desmontar décadas de avances en democracia y derechos fundamentales.
IV. El problema es la política interna, no el sistema
Uno de los argumentos más difundidos por quienes impulsan este tipo de medidas es que la Corte Interamericana “protege delincuentes” y se entromete en decisiones soberanas. Esta narrativa no tiene ningún sustento. La Corte y la Comisión no protegen criminales, protegen a las víctimas. Esa es su razón de ser. De hecho, el sistema interamericano ha emitido decisiones clave en temas como salud, medio ambiente, pueblos indígenas, pensiones o justicia transicional. El verdadero ataque a la democracia no viene de San José de Costa Rica. Viene de aquí, de dentro, del debilitamiento del equilibrio de poderes, de la falta de transparencia, de las leyes que restringen derechos.
V. ¿Hacia el aislamiento internacional?
Es evidente que este no es un debate exclusivamente jurídico. Avanzar en esa dirección dejaría al Perú en la antesala del aislamiento internacional, como ha ocurrido en regímenes autoritarios que comenzaron deslegitimando a los organismos de derechos humanos para luego consolidar el control del poder. La creación de esta comisión multisectorial no responde a un verdadero espíritu democrático. Se quiere dar apariencia de debate, pero en realidad no hay transparencia ni seriedad. Es un gesto populista para satisfacer a sectores desinformados o resentidos con el sistema judicial.
VI. Las víctimas, en el centro del riesgo
Si el Perú se retira del sistema, las mujeres esterilizadas, los familiares de las personas asesinadas en protestas, los defensores de derechos humanos criminalizados, ¿a quién van a acudir? El sistema interamericano ha sido su refugio cuando el Estado les cerró la puerta. Salir del sistema no es una decisión neutra o técnica: es un retroceso del país, es desproteger a los ciudadanos, es desconocer la Constitución y darle la espalda a compromisos a favor de los derechos humanos que el Perú ha firmado con anterioridad.
