Por Kathy Subirana y Laura Rivera (*)
El 14 de agosto de 1985, en uno de los capítulos más oscuros de la violencia política que atravesó el Perú, 69 personas —24 de ellas niñas y niños— fueron asesinadas por efectivos del Ejército en la comunidad ayacuchana de Accomarca. Cuatro décadas después, el eco de aquel crimen sigue resonando: la búsqueda de verdad, la exigencia de reparación y la defensa de la memoria se mantienen como banderas de las familias, que aún cargan con demoras judiciales, la falta de identificación plena de víctimas y el riesgo de medidas legislativas que podrían abrir la puerta a la impunidad.
Para Francisco Ochoa, vicepresidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca, conmemorar no es solo un acto de recuerdo: es un deber y una lucha diaria. “Tantos años buscando justicia… ¿cuánto tiempo puede durar un abogado con un caso tan largo y complejo?”, dice, con voz cansada pero firme. Ochoa ha pasado su vida recorriendo este camino: en las exhumaciones y pericias, en las audiencias interminables, en la espera para que el Estado asuma lo que le corresponde. La confirmación de las condenas, asegura, no sana por sí sola la herida. La reparación material y simbólica sigue pendiente, y la presencia de las familias en cada aniversario es, además de un homenaje, una forma de presionar para que el Estado cumpla.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, que ha acompañado el proceso durante años, describe Accomarca como “un caso que sufrió todos los mecanismos de impunidad”. Recuerda que, a pesar de que en la primera semana tras la masacre la justicia ordinaria abrió proceso, este fue rápidamente sustraído y entregado al fuero militar. Allí, el principal implicado, el subteniente Telmo Hurtado, fue condenado en 1992 no por asesinato, sino por negligencia: “Fue condenado no por matar a la gente, sino por no informar que mató a la gente. Parece una broma de mal gusto, pero ocurrió así”, señala.
Décadas de espera
El proceso penal por la masacre tuvo un largo letargo y solo se reactivó tras la extradición a Perú de uno de los implicados. En 2016, más de treinta años después de los hechos, se dictó sentencia: mandos y ejecutores fueron condenados, y el crimen fue calificado como asesinato masivo y de lesa humanidad.
Pero el fallo dejó un vacío: no declaró al Estado como tercero civilmente responsable, lo que bloqueaba a las familias el acceso directo a las reparaciones fijadas en el proceso penal. Durante años, esa omisión fue un muro difícil de derribar. Finalmente, en junio de 2025, la Corte Suprema corrigió la sentencia y reconoció al Estado peruano como corresponsable. La resolución, presentada públicamente el 10 de junio, habilita a 62 familias a iniciar el cobro de indemnizaciones, calculadas en un total aproximado de 150 000 soles. También abre la posibilidad de interponer demandas civiles por reparaciones.
Aun así, la justicia sigue llegando a cuentagotas. El juicio oral comenzó en 2005 y concluyó en 2016; en paralelo, la identificación de las víctimas ha sido desesperantemente lenta. “Hasta 2016, el Ministerio Público solamente logró identificar 16 cuerpos. Faltaban más de 54 restos. A la fecha, se han identificado 50 cuerpos… faltando 18 por reconocer”, señala Ochoa. Esos 18 restos permanecen embalados en Medicina Legal de Huamanga; la falta de reactivos y presupuesto mantiene paralizados los análisis que permitirían cerrar procesos administrativos y dar acceso a beneficios a los familiares.
En mayo de 2022, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, se entregaron los restos y objetos personales a algunas familias. Fue un paso importante para posibilitar entierros dignos, acompañado de atención psicosocial y cuidado de la dignidad en cada ceremonia. En muchos casos, sin embargo, la entrega fue simbólica: no todas las víctimas pudieron ser identificadas plenamente.
La impunidad, una sombra persistente
Para las familias, el reconocimiento de la corresponsabilidad estatal es un triunfo, pero insuficiente. La reparación integral —económica, sanitaria, educativa y de desarrollo comunitario— sigue siendo un horizonte lejano. Ochoa recuerda que, pese a las condenas, “algunos militares siguen percibiendo pensiones y muchos condenados no han cumplido prisión efectiva”. Y añade un reproche amargo: el aparato jurídico y los recursos del Estado respaldan a los procesados, mientras las familias dependen del apoyo de ONG y organizaciones de derechos humanos para sostener la lucha legal, apoyo que corre peligro con la entrada en vigencia de la llamada Ley Apci.
Carlos Rivera alerta que este contexto se ve amenazado por la Ley APCI, que prohíbe que abogados de ONGs financiadas con cooperación internacional representen a víctimas en procesos judiciales contra el Estado. “No solo es inconstitucional, sino irracional: es el Estado decidiendo quién es abogado de quién. Y en un caso como Accomarca, esa norma podría impedir que las víctimas sigan contando con defensa legal especializada”, advierte.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que acompaña el caso, ha alertado sobre proyectos legislativos que buscan ampliar amnistías para agentes del Estado. De aprobarse, podrían borrar avances judiciales y revictimizar a quienes llevan cuarenta años esperando justicia. Su secretaria ejecutiva, Tania Pariona, lo resume así: “Recordar lo que ocurrió en Accomarca es una obligación para que no vuelva a repetirse. La reparación debe ser integral: económica, pero también moral, social y comunitaria. No basta con cerrar expedientes; hay que sanar la herida colectiva”.
La reciente decisión de la Corte Suprema no solo tiene impacto legal. También es un gesto simbólico: obliga al Estado a responder económicamente con una reparación civil y rompe, al menos en este punto, con años de exclusión hacia las familias.
“El valor que tiene el caso Accomarca es mayúsculo en un país como Perú, que ha sufrido múltiples violaciones contra los derechos humanos—añade Rivera—. Un crimen cometido en 1985 fue condenado en 2016. Ese es un dato de enorme valor porque demuestra hasta dónde puede llegar la justicia cuando las víctimas no renuncian a ella.”
Cuarenta años y la memoria en pie
Bajo el lema “La memoria resiste ante la impunidad: Accomarca, 40 años”, este 14 de agosto se realizarán actos simultáneos en Lima y en la comunidad de Accomarca.
En Accomarca, la jornada comenzará a las 6:00 a.m. con una concentración en la plaza principal, seguida de una romería a Lloqllapampa y una liturgia en el Lugar de la Memoria. En Lima, a las 10:00 a.m., la sede de la CNDDHH en Lince reunirá a familiares, especialistas y artistas para un acto con intervenciones culturales y la lectura de un pronunciamiento conjunto.
Para Francisco Ochoa, estas ceremonias son más que un recordatorio: son un mensaje. “Cada año recordamos a nuestros muertos, pero también decimos al país que seguimos de pie, que no hemos dejado de buscar justicia. Aunque pasen los años, la memoria de Accomarca no se apaga”.
(*) Integrantes del área de Comunicaciones del IDEHPUCP.
