Por Ana Karen Zamalloa (*)
En América Latina se registra el mayor número de asesinatos a defensores y defensoras ambientales, siendo Perú uno de los países con mayor riesgo para quienes protegen los territorios. Precisamente, hace dos semanas fue asesinado el guardaparque Victorio Dariquebe en el distrito de Kosñipata, en la región Cusco. Su muerte se suma a la de otros 19 líderes indígenas, guardaparques y promotores ambientales asesinados desde inicios del 2020.
A pesar de este incremento, nuestro país pertenece al grupo de Estados que aún no ratifican el Acuerdo de Escazú: un tratado regional pionero sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental en la región. De hecho, el Perú cumplió un rol netamente observador en la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de abril del presente año en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile.
Esta reunión es la máxima instancia de deliberación del tratado y cuenta con la participación de todos los Estados miembros y el público de la sociedad civil; además, es una oportunidad para avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Así, dentro de los principales hitos de este año se encuentra la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.
Por su parte, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento estableció mecanismos de trabajo para promover que la ejecución del acuerdo sea consultiva y transparente. Asimismo, logró incluir la participación del público en la elaboración de las hojas de ruta para la implementación nacional del tratado. No obstante, dado que este es un mecanismo crucial para la construcción de una democracia ambiental en la región, aún requiere un enfoque integral que tome en cuenta las necesidades de diversos grupos.
En este contexto, resulta indispensable involucrar a todas las partes interesadas, especialmente a las infancias, adolescencias y juventudes. Por ello, en aras de identificar desafíos y formular recomendaciones para la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú desde un enfoque intergeneracional, distintas organizaciones juveniles de la región sumaron esfuerzos para organizar un evento (previo a la COP3) destinado a este grupo.
Dentro de las organizaciones gestoras se encontraron: The Millennials Movement, Global Youth Coalition, Fundación Gaia Pacha, Fundación Kambak, ONG CEUS Chile, Escazú Ahora Chile, Ruma, La Caleta, Movimiento Movilizándonos, Sustenta Honduras y Corporación Motum. Además, se contó con el apoyo de la Oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe y la Asociación de Guías Scouts de Chile.
Estas organizaciones están conformadas por juventudes que están comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la agenda ambiental. Si bien algunos siguen los pasos de sus padres, quienes también son defensores y defensoras ambientales, este factor no se cumple en todos los casos. Independientemente de ello, las infancias, adolescencias y juventudes siguen teniendo una contribución importante en la acción climática.
En ese sentido, se unieron a la Pre COP Escazú que se desarrolló del 19 al 20 de abril en Santiago de Chile organizando el Segmento de Infancias, Adolescencias y Juventudes que tuvo lugar en tres fechas el 2, 20 y 21 de abril. Primero, se realizó una consulta virtual; seguidamente, se tuvo un evento inaugural presencial y; finalmente, se dio la jornada de trabajo presencial en la Casa Asociación de Guías Scouts de Chile.
A su vez, de forma transversal, junto a la Oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe y The Millennials Movement, se promovió la campaña comunicacional #VocesPorEscazú. Esta tiene por objetivo dar visibilidad a las acciones que realizan las infancias, adolescencias y juventudes para proteger sus ecosistemas: acciones de abogacía, campañas de sensibilización y generación de data.
De este modo, las acciones realizadas demuestran que las infancias, adolescencias y juventudes generan aportes significativos desde su compromiso, resiliencia e innovación en el uso de nuevas tecnologías y metodologías de participación. Esto les ha permitido involucrarse activamente en la promoción de la justicia ambiental, recoger información relevante sobre el Acuerdo de Escazú y amplificar las voces de poblaciones vulnerables, exigiendo cambios y tomando acciones.
Ahora bien, las posturas y recomendaciones recopiladas se plasmaron en la ‘Declaratoria Oficial del Segmento de Infancias, Adolescencias y Juventudes’ que fue socializada oralmente en las distintas sesiones de la COP3 de Escazú. Asimismo, los delegados juveniles lograron compartir la declaratoria física con representantes como Gabriel Bóric (presidente de la República de Chile) y Marcelo Cousillas (presidente de la COP del Acuerdo de Escazú).
De esta manera, se puede apreciar que, a pesar de la existencia de múltiples desafíos en materia ambiental en la región, el rol de las infancias, adolescencias y juventudes viene siendo una fuerza transformadora. Esto último puesto que han asumido un rol de agentes de cambio en la acción climática con el fin de garantizar un futuro sostenible y exigir una participación plena que potencie sus realidades y contribuya a la defensa ambiental de sus territorios.
(*) Comunicadora para el Desarrollo. Consultora del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP
