Por Andrea Iturrizaga (*)
Los incendios forestales amenazan los territorios y medios de vida de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Mientras sus integrantes combaten el fuego con recursos limitados, reclaman políticas de prevención que articulen sus conocimientos con la respuesta del Estado.
Ese es el caso de la comunidad nativa de Tsyapo, en Cutivireni (Río Tambo, Satipo), donde un incendio arrasó cerca de 3000 hectáreas de bosque primario en diecinueve días. Las llamas destruyeron también más de 150 hectáreas de cultivos de cacao, yuca, maíz y papaya, que constituían el sustento de más de 150 familias asháninkas. Los comuneros combatieron el fuego con sus propios medios, pero este solo pudo ser controlado cuando llegaron las lluvias. “Confiar en el Estado es tan difícil”, resume Cline Chauca, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC).
Pero lo sucedido en Cutivireni no es un hecho aislado. Según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), hasta el 10 de octubre del 2026 se habrían registrado 77 incendios forestales y, al 19 de octubre, más de 800 personas afectadas, entre ellas 12 personas fallecidas de las cuales 4 son de Cusco, 3 de Cajamarca, 2 de Apurímac, 2 de Pasco y 1 de Puno. Aunque las cifras pueden variar según la fuente y el periodo contabilizado, las comunidades coinciden en señalar que enfrentan una amenaza recurrente con escaso apoyo estatal.
El Ministerio del Ambiente atribuye cerca del 98% de los incendios a la acción humana. Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) identifica la quema de residuos agrícolas como la causa más frecuente entre los incendios (35,8%). Sin embargo, explicar el problema únicamente por las prácticas de los agricultores resulta insuficiente. El periodista ambiental Ramiro Escobar señala que, si bien la mayoría de los incendios se originan en las quemas de terrenos, no podemos dejar de tomar en cuenta que las condiciones climáticas actuales los vuelven menos controlables.
En algunas comunidades de la selva central, el uso del fuego forma parte de las prácticas tradicionales de preparación de terrenos agrícolas. Cline Chauca, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), explicó que las comunidades realizan quemas para habilitar chacras donde cultivan yuca, plátano o café, debido a que no cuentan con maquinaria para despejar el terreno; el incendio de Cutivireni se originó en una quema realizada sin la debida precaución, en un contexto de calor extremo, y se tornó incontrolable. Chauca señaló además que el error principal fue realizar la quema en el mes de septiembre, mes con mayor presencia de temperaturas altas en la zona.
Por su parte, Saúl Vega, vicepresidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), precisó que las chacras comunales son pequeñas, a diferencia de las de los colonos, que alcanzan decenas de hectáreas. Para Chauca, Junín concentra uno de los mayores impactos de esta problemática. En esa región, un análisis de CARE documentó más de 16 000 hectáreas afectadas en la cuenca del río Ene entre 2020 y 2023.
Vega relató que los brigadistas de CARE, personas capacitadas para intervenir en la prevención y respuesta ante incendios, acudieron inmediatamente al incendio, mientras que los bomberos del gobierno local llegaron entre tres y cuatro días después. Por su parte, Chauca señaló que el helicóptero enviado para atender la emergencia resultó insuficiente y presentó fallas mecánicas. A estas limitaciones se suma la dificultad de acceso a las comunidades: algunas se encuentran muy fuera del alcance de los grupos brigadistas. Según el dirigente, cuando solicitaron apoyo a las autoridades locales, estas respondieron que no contaban con presupuesto ni medios para movilizarse.
Las limitaciones de respuesta también se reflejaron en la asistencia internacional. Perú solicitó cooperación a Chile el 13 de octubre del 2026 y, el día 24, el Ministerio del Interior con apoyo del Ejército del Perú y la Policía Nacional, anunció el despliegue de un helicóptero especializado Airbus AS350 B3 con capacidad para 900 litros de agua en el sur del país, habilitado para labores de extinción de incendios forestales así como para el transporte de personal de emergencia. Según Jenry León, responsable del Sistema de Alerta Temprana de CARE, la organización cuenta con unos 80 brigadistas en la cuenca del Ene, cuya formación tomó dos años. Pese a ello, carecen de cobertura de salud y de reconocimiento formal. “No podemos esperar a que ocurra un incendio para después actuar”, sostuvo Vega.
Los dirigentes coinciden en una demanda central: prevención antes que combate. Vega señaló que invertiría en prevención y que su prioridad sería formar brigadas, dotarlas de equipos de protección personal y de una embarcación para emergencias. Chauca reclamó una atención inmediata, herramientas adecuadas y un mecanismo estatal que articule el conocimiento indígena con los recursos públicos. También cuestionó que las sanciones recaigan sobre comuneros sin recursos, mientras que quienes deforestan a gran escala no reciben el mismo trato. Asimismo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el fuego sea utilizado para despojar a las comunidades de sus territorios.
León explicó que las comunidades utilizan el fuego como parte de sus prácticas agrícolas tradicionales, pero que la legislación vigente no contempla una autorización para realizar quemas controladas bajo el esquema que propone CARE. Frente a esta situación, la organización impulsa la estrategia Paamari («fuego», en lengua asháninka), que busca reducir los riesgos mediante acuerdos comunales, la evaluación de las condiciones climáticas y la construcción de barreras físicas para evitar que las llamas se propaguen. También emplean banderas de colores para comunicar el nivel de riesgo diario. A partir de esta experiencia, CARE plantea una propuesta legislativa que permita realizar quemas bajo parámetros técnicos y medidas de seguridad.
Para David Lovatón, docente de la PUCP y especialista en derecho constitucional y derechos humanos, las demandas de las comunidades tienen sustento jurídico. El especialista explicó que provocar intencionalmente un incendio puede constituir un delito, mientras que determinadas prácticas agrícolas inadecuadas pueden dar lugar a sanciones administrativas, dependiendo de las circunstancias.
También recordó que el Estado tiene la obligación de prevenir los daños ambientales y proteger los derechos de la población. Este deber se desprende de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-23/17, un pronunciamiento en el que el tribunal precisó las obligaciones de los Estados en materia de protección ambiental y derechos humanos.
En este contexto, la falta de prevención puede comprometer derechos como el derecho a un ambiente sano, la vida y la salud, además de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Lovatón añadió que invertir en prevención resulta menos costoso que afrontar posteriormente la reconstrucción de los territorios afectados.
El problema excede al Perú. En Estados Unidos, cerca del 85 % de los incendios forestales se atribuye a la actividad humana. Hasta inicios de septiembre de 2025, se habían quemado más de 3,36 millones de hectáreas, la mayor superficie registrada para ese periodo desde 2016. En Canadá, la superficie afectada superó los 4,5 millones de hectáreas y las evacuaciones alcanzaron a más de 33 750 personas. Por su parte, la Unión Europea registró en 2025 su mayor superficie quemada desde 2006, con 1 079 538 hectáreas.
La comparación internacional también permite observar que el uso del fuego no necesariamente deriva en incendios descontrolados. En algunos países también se realizan quemas prescritas, es decir, quemas planificadas y ejecutadas bajo condiciones técnicas específicas.
Chauca advierte que nuevas amenazas, como el fenómeno de El Niño, podrían agravar la situación si no se adoptan medidas de prevención. Los pueblos indígenas, por su parte, ya desarrollan iniciativas para enfrentar esta problemática. Su lema lo resume: «persistir, resistir, insistir para seguir existiendo». Lo que reclaman al Estado no es una concesión, sino que cumpla con su deber de proteger a quienes cuidan el bosque.
(*) Periodista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integrante del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP.
