Por Bruce Barnaby Rubio (*)
Los incendios forestales en la Amazonía que vienen causando estragos en distintas regiones del país nos confrontan con discusiones sobre qué los causa y cuál es el alcance de la respuesta desde las entidades responsables del Gobierno. Sobre lo primero, diversos expertos y expertas en materia ambiental y social concuerdan con las organizaciones indígenas de la Amazonía en que la existencia y dimensión de los incendios están determinados por la deforestación y la sequedad de los suelos, que a su vez son causados por el aumento de la población, el aumento de actividades económicas —como la tala, la minería o el narcotráfico—, el calentamiento global y sus consecuencias —como las subidas de temperatura y el cambio de las temporadas de lluvias y de sequías— y el aumento de zonas de cultivo.
Frente a este panorama, es urgente que el Estado se ponga en marcha y reaccione frente a las emergencias climáticas y que comprenda las causas y las terribles consecuencias que estas tienen sobre las personas y la Amazonía en general. En ese sentido, y sin tener como objetivo abarcar toda la discusión, el presente texto propone algunos elementos para entender las causas del problema y lo que debería ser la acción del Estado frente a él. Por ello se abordará: i) la relación histórica del país con la zona amazónica; ii) las acciones de las autoridades políticas en los últimos años y iii) el impacto que genera sobre los principales afectados en este proceso.
- Los prejuicios sobre la Amazonía y las personas que la habitan
El Estado peruano siempre ha mantenido una relación complicada con la Amazonía. En 200 años de República podemos encontrar tanto momentos de indiferencia frente a ella y las personas que la habitan, como políticas dirigidas a conquistarla, pasando por encima de personas o grupos que no son considerados como ciudadanos peruanos —como los pueblos indígenas—, o políticas dirigidas a explotarla frente al inmovilismo que significa la conservación de sus ecosistemas.
La Amazonía ha sido concebida por muchas personas, entre ellos algunos expresidentes, como el gran “banco de oro” sobre el cual el Perú está sentado y al que nunca le ha sacado provecho. Ahí están como ejemplo el libro de Fernando Belaúnde Terry La conquista del Perú por los peruanos”, o “El Perro del Hortelano”, la famosa columna de opinión que Alan García publicó en El Comercio durante el paro amazónico del 2009. En muchos casos, las restricciones para explotar los recursos ahí presentes han tenido como consecuencia que se construya una imagen de los miembros de las comunidades indígenas como enemigos públicos que deben ser convertidos —ahí está el ejemplo de las misiones religiosas—, explotados —como en la época del caucho— o incluso exterminados —como sucedió con el genocidio matsés—.
Actualmente se argumenta la existencia de otros enemigos públicos en contra de su explotación: organizaciones de sociedad civil, líderes indígenas, e inclusive funcionarios y funcionarias que tienen como objetivo la protección del medio ambiente y de los diversos ecosistemas amazónicos. Esto explica la violencia física y la estigmatización que actualmente sufren las personas defensoras ambientales y defensoras indígenas.
- La falta de capacidad (interés) del Estado peruano por protegerla
Vivimos una época en la que, además de los actuales incendios forestales, las noticias que nos llegan de la Amazonía son de amenazas contra las y los defensores, altos niveles de deforestación, el aumento de actividades económicas ilegales e informales, el crecimiento de zonas donde no llega la justicia, o los derrames de petróleo en los ríos. Y muchas de las actividades —legales, ilegales o informales— que han generado este panorama se desarrollan con la aquiescencia y hasta el apoyo de autoridades y funcionarios públicos. Así, no debe sorprendernos el agravamiento de los incendios forestales y la ausencia de una reacción adecuada del Estado, pues al final la falta de control, la falta de prevención y la falta de reacción por parte de las autoridades se ha convertido en la regla.
Peor aún es reconocer que las entidades a cargo de la formulación de normas y políticas nacionales sigan promoviendo medidas que buscan simplificar trámites y reducir permisos y derechos con el objetivo de facilitar la explotación de ciertos recursos. Esta “simplificación administrativa” no permiten garantizar que los actores pertinentes —entidades públicas especializadas y las propias poblaciones— puedan identificar, en los tiempos necesarios y con la información pertinente, los posibles impactos de dichas medidas en la sostenibilidad de sus ecosistemas y recursos, y en el desarrollo social, político y económico de las personas que viven en dichos territorios.
Los últimos años, más allá de contar con un sistema fortalecido de prevención de desastres naturales a nivel nacional, o con un sistema adecuado de protección ambiental y social, se vienen aprobando y promoviendo normas en sentido contrario, que parecen diseñadas por los mismos actores informales o ilegales que explotan sin control la Amazonía.
- Los impactos que genera
El impacto de los daños causados en la Amazonía es incalculable, pues el medio ambiente y la fauna y flora solo pueden ser recuperados parcialmente si es que se generan las condiciones para ello[1]. Otro tema es el impacto inmediato que estos daños generan sobre las personas que viven en dichos territorios, pues al complicarse el acceso de las poblaciones amazónicas a los productos que forman parte de su canasta básica o a recursos esenciales para su sobrevivencia, aumenta el riesgo de generar graves daños a la sostenibilidad de las personas, sus comunidades y pueblos, así como al desarrollo de sus espacios colectivos o culturales.
En consecuencia, los lamentables incendios forestales que siguen causando estragos y muertos en la Amazonía requieren de una acción urgente frente a sus consecuencias y una acción sostenida frente a sus causas. Ante los prejuicios históricos que se mantienen, la falta de capacidad de prevención y respuesta y la falta de interés por parte de ciertos actores políticos, es necesario incorporar en el diseño e implementación de las acciones requeridas a las personas perjudicadas, sobre todo a las comunidades y pueblos que vienen sufriendo estigmatización y violencia por la protección de sus territorios y de su sostenibilidad.
(*) Consultor en la Sección de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[1] Textos constitucionales y normas de otros países de la región han comenzado a reconocer al medio ambiente como un sujeto de derechos
