Por Marcos I. Galván Ramos (*)
Enero de 2025: el día 11, sujetos en motocicleta empezaron una balacera en los exteriores de un restaurante en Los Olivos a plena luz del día. Los atacantes se dieron el trabajo de grabar el atentado para luego subirlo en redes. Días después, el 15 de enero, otro grupo detonó un explosivo en una calle llena de personas en San Juan de Miraflores e hirieron a nueve de ellas. En la madrugada de ese mismo día, otro grupo activó explosivos contra los frontis de tres hoteles aledaños en el distrito de Lince. Dos días después, día 17, un hombre es baleado a medio día en la estación La Cultura, una de las estaciones del Metro (tren) más concurridas de Lima. El día 20 se hallan explosivos en la puerta del establecimiento penitenciario Castro Castro (distrito de San Juan de Lurigancho) con una amenaza de dinamitar el recinto penal si no se intervenía a reclusos que estarían realizando extorsiones y asesinatos. En este último caso, la comunicación apareció firmada por “El hampa”, organización que, en la cima de las paradojas, acudía a las autoridades del INPE a través de una extorsión solicitando la neutralización de extorsionadores recluidos, pues estos tendrían modalidades extorsivas demasiado feroces para el mercado local del crimen. En la noche del día 24, se detonaron explosivos en la entrada de una discoteca muy conocida de La Victoria. Cuatro personas resultaron heridas.
Febrero de 2025: el día 5 una detonación de explosivos en Los Olivos destruyó el auto de un empresario extorsionado. La dimensión de la detonación fue tal que afectó a siete casas alrededor. El día 11 un mercado en Villa María del Triunfo fue incendiado luego de amenazas extorsivas. Catorce puestos fueron afectados. El día 13 se acribilló al conductor de un taxi colectivo en plena avenida Tacna del Centro de Lima luego de permanentes amenazas para exigir el pago de cupos diarios. El día 17 lanzaron explosivos a un club campestre en el distrito de Puente Piedra, lo que dañó gravemente su infraestructura. El día 26 se lanzaron explosivos a los frontis de dos colegios particulares en los distritos de Comas y Ventanilla luego de permanentes amenazas extorsivas. El mismo día 26, el conductor de un taxi colectivo fue asesinado a mano armada en la avenida Arequipa luego de haber recibido amenazas para obligarlo a pagar cupos.
Marzo de 2025: el día 5 aconteció un incendio de dimensiones gigantescas en almacenes clandestinos del Centro de Lima. El siniestro habría sido provocado por una organización criminal que extorsiona a los comerciantes cuya mercadería se acumula en esos almacenes. El mismo día, por la noche, en el distrito de Carabayllo, dos sujetos balearon a una familia, dando muerte a una mujer y a su hija de once años. El objetivo habría sido el padre de familia quien estaría siendo extorsionado por sus labores en el sector de transporte público. El día 6 un hombre es asesinado con dos disparos en la cabeza en la estación Jorge Chávez del Metro de Lima (distrito de Surco). El día 7 un bus de la línea 73 fue baleado con pasajeros a bordo en San Juan de Miraflores. El ataque se habría producido luego de recibir amenazas extorsivas. El día 12 se detonaron explosivos en el frontis de un colegio de Comas, lo que dañó gravemente sus instalaciones. El día 15, sujetos motorizados lanzaron una granada al frontis de un club campestre, ataque que produjo doce personas heridas, incluyendo a menores de edad. El día 16, el bus que trasladaba a la orquesta Armonía 10 fue atacado con armas de fuego por sujetos a bordo de una motocicleta. El ataque, que produjo la muerte de uno de los vocalistas de la orquesta, habría sido ejecutado por bandas dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos.
Los casos expuestos no comprenden una muestra representativa para ningún tipo de proyección estadística sobre incidencia o cuantificación delictiva; sin embargo, son expresión clara de nuevos tiempos de violencia. Las prácticas, la secuencia y la ferocidad requieren una interpretación de lo que ya estamos enfrentando, una cruda realidad.
El dispositivo explosivo (granada, dinamita, bomba, etc.) ya no sólo se muestra anónimamente a modo de advertencia; ahora se lo detona. Y el atentado no sólo se dirige a infraestructura; ahora compromete personas sin importar si están involucradas o no en la situación extorsiva. De igual forma, las balas como misiva de amenaza o los disparos clandestinos de madrugada parecen suplirse con disparos improvisados y directos en vía pública, en pleno día, sin importar la presencia de potenciales víctimas letales de balas perdidas mientras se desarrolla el atentado impúdicamente.
La violencia se ha elevado en varias direcciones. El alcance de las explosiones y los ataques armados no sólo preocupan por los daños provocados, sino porque deterioran sensiblemente las expectativas de interacción. Asistir a un evento, transitar la calle o reunirse públicamente son escenarios que van tiñéndose de miedo y desconfianza. El diálogo social se quiebra y se empoderan prácticas y discursos autoritarios (linchamientos, pena de muerte, militarización, armamentismo civil, etc.).
De otro lado, este ecosistema de extorsión instala una nueva valla de violencia que es comunicada tácitamente a otros agentes extorsivos. La propuesta de violencia deja huella como modelo operativo, y queda establecida como un nuevo estándar de agresión que no debe ser rebajado en futuras ocasiones, pues de lo contrario restaría efectividad y fortaleza a los fines extorsivos. Así, en esta etapa, la imitación y la red comunicativa de la violencia urbana dejan a Lima expuesta a nuevos estallidos y tiroteos permanentes.
La relación de hechos deja ver también que los actores delictivos han racionalizado la licencia y la tolerancia institucional para la perpetración de este tipo de ataques. El reducido riesgo de identificación, captura y sanción han definido una baja percepción de inseguridad para delinquir. Con ello, la imitación delictiva se hace más compleja, pues motiva que nuevos agentes confíen en la modalidad, ya sea sumándose a bandas, camuflándose bajo el nombre de alguna, conformando alguna otra o valiéndose improvisadamente de grupos precarios a nivel barrial o comunal.
La secuencia y desagregación de casos permite sostener esa hipótesis. No son bandas que migran de distrito a distrito o simples cambios de ánimo en la ferocidad del ‘hampa’. Se trata de nuevos actores que descubren las virtudes y licencias de la modalidad. Al parecer, ya nos encontramos en una etapa de multiplicación, yendo hacia fases de enfrentamientos y posible consolidación territorial de organizaciones en lugares que antes no conocían del fenómeno. Estas nuevas fases suponen una mayor activación y dinámica por parte de los grupos delictivos (captación de integrantes, adquisición de armas, identificación de nuevos territorios, nuevos usos tecnológicos, nuevas víctimas, etc.); un escenario al que sólo se puede descender a través de una sostenida pasividad de las fuerzas del orden. Se trata de ‘dos caras de una misma moneda’; estructuralmente, existe una complicidad de ambas partes para activar/tolerar este nuevo ecosistema de extorsiones.
En ese sentido, la situación exige dejar de percibir a las fuerzas del orden como un problema paralelo al fenómeno delictivo para comenzar a verlas como una pieza fundamental en la convulsión que ya estamos padeciendo. La evolución sostenida y acelerada del fenómeno en tan poco tiempo permite preguntarse sobre el rol particular que estarían cumpliendo las fuerzas del orden en este ecosistema. No es desmesurado discutir comunicaciones, alianzas, prácticas o articulaciones clandestinas en diversos niveles de gestión e inteligencia en las instituciones encargadas de la pacificación territorial. Postergar o subestimar una reingeniería institucional de las fuerzas del orden (policial, edil, militar, etc.), enfocándose a cortísimo plazo en inteligencia y contrainteligencia, supone allanar el camino para consolidar un nuevo ecosistema que haga frente a las extorsiones.
(*) Abogado por la UNMSM, Magíster en Criminología por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica; Master en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Asesor de Investigación en la PUCP, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lima y Docente del Máster en Derecho Penitenciario de Cuestión Carcelaria de la Universidad de Barcelona.
