Por Paola Velarde (*)
El pasado 8 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) publicaron un comunicado expresando su preocupación por las diversas denuncias que recibieron sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado argentino – ahora liderado por Javier Milei- hacia ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que participan en las manifestaciones que se están realizando para expresar rechazo hacia las políticas que busca implementar el nuevo gobierno [1]. Y en esa misma semana, el proyecto de ley que contenía las reformas económicas más ambiciosas, denominada popularmente “Ley ómnibus”, fue rechazada en la Cámara de Diputados y posteriormente retirada por el mismo gobierno. Así, desde los resultados de las últimas elecciones presidenciales, el panorama político, económico y social de Argentina se tiñe de mayor incertidumbre ante las limitaciones, ahora más evidentes, del nuevo Ejecutivo para imponer sus propuestas dentro del aparato estatal y frente a un conjunto de actores que no les es favorable.
Desde que en noviembre de 2023 las urnas dieron como ganador a Milei, tanto él como su equipo de gobierno expresaron la intención de aplicar todas las propuestas relacionadas a reducción del Estado, liberalización de la economía, recorte del gasto social propuestas en campaña, muchas de las cuales se pueden ubicar entre el (ultra) liberalismo económico y conservadurismo. Reflejo de ello es que en los primeros veinte días el Ejecutivo presentó tres paquetes de reformas: el primero consistía en cambios económicos y financieros a corto plazo; el segundo, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) – llamado “Megadecreto”- que estableció cambios económicos de desregulación más estructurales a sectores como salud, trabajo, vivienda e incluso el fútbol [2]; y el tercero, la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” o “Ley ómnibus”, fue la propuesta más profunda y ambiciosa así como la más criticada por amplios sectores sociales. En términos generales, este último proyecto contenía más de trescientos artículos que buscaban otorgar “facultades extraordinarias” por un año al presidente para legislar sin consultar al Congreso y le permitan, entre otras medidas, cambiar el sistema electoral, debilitar a los sindicatos y reforzar las sanciones en contextos de manifestaciones [3]. Y si bien fue aprobado por la cámara de diputados a finales de diciembre, esta fue rechazada por la cámara de senadores el 6 de febrero.
Este resultado es probablemente la primera muestra de las dificultades que enfrentará el presidente para implementar sus políticas en un escenario político en el que distintas fuerzas y grupos dominan otros poderes e instituciones. Con los resultados de las elecciones de primera vuelta realizadas en octubre de 2023, el partido “Unión por la Patria” (antes partido de gobierno y ahora oposición) se posiciona como la primera minoría en ambas cámaras del Congreso. Un aspecto que, al parecer, sí se tomó en cuenta si se compara la versión final de la “Ley ómnibus” con la original, un documento más acotado que inicialmente contenía el doble de artículos, buscaba reformar más sectores, privatizar más empresas públicas y legislar extraordinariamente por dos años. A esto se suma que el partido del presidente, “La Libertad Avanza” no logró colocar ningún gobernador en las distintas provincias de un país con un sistema federal, por lo cual también corresponde convencer a las autoridades de distintos partidos para que apoyen sus propuestas de reformas de ajuste y recorte presupuestal.
En la década de los años noventa Argentina también pasó por un proceso de reformas estructurales de ajuste económico en el marco de la implementación del Consenso de Washington en América Latina, no obstante, se aplicó un tipo de relacionamiento distintos con varios sectores sociales. Por ejemplo, en las reformas laborales, el ex presidente Carlos Menem incluyó a los líderes sindicales en las coaliciones reformistas, lo cual, por un lado, permitió a este segundo grupo tener influencia sobre áreas de legislación de trabajo y obras sociales, mientras que el gobierno obtuvo apoyo del sector sindical del bloque peronista para la aprobación de leyes de transformación económica. Por el momento, este tipo de alianzas resulta inviable en tanto este sector y otras organizaciones sociales se están movilizando en contra de él y, desde el lado de Milei, critica duramente a los partidos y políticos tradicionales, a quienes refiere como “casta política” y ha reprimido a la sociedad civil organizada que se ha manifestado desde finales del año pasado.
Actualmente Argentina enfrenta una gran crisis y quien está al mando para salir de ello es Javier Milei, quien, muy alineado al perfil de un líder populista outsider, ha buscado – de manera bastante errática – diferenciarse de gobiernos y políticos anteriores para conseguir votos; no obstante, en esta nueva etapa como presidente, para llevar a cabo sus reformas requiere del apoyo (quiera o no) de estos partidos con trayectoria que tienen poder sobre el Estado y sectores movilizados a nivel nacional. El nivel del pragmatismo y negociación que apliquen él y su equipo será clave para lograr resultados positivos sobre el tema que siempre ha sido de su interés: el crecimiento y desarrollo económico. Asimismo, no debería pasarse por alto que los cambios que se implementen deben realizarse en un marco de respeto por los derechos fundamentales y que las políticas de reforma deben prestar especial atención a los impactos sobre los sectores más vulnerables.
(*) Asistente del área de Relaciones Institucionales del IDEHPUCP
[1] Revisar Comunicado de Prensa No. 030/24 publicado en la página web de la CIDH y el pedido de medidas cautelares solicitado por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina en el marco de las protestas.
[2] Redacción BBC (21 de diciembre de 2023). En qué consiste el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por Milei en Argentina para liberalizar la economía del país.
[3] The Economist (14 de enero de 2024). The fightback against Javier Milei’s radical reforms has begun
