Fuente: Sunedu.
Es perturbadora, pero no sorprendente, la serie de irregularidades y decisiones cuestionables que acumula la nueva gestión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a solo dos meses de haberse iniciado. Asistimos no solamente a una contrarreforma del sistema universitario sino a una instancia más de ese proceso de expansión de la corrupción –entendida genéricamente como aprovechamiento de los puestos públicos para el favorecimiento de intereses particulares– que hoy parece indetenible en el ámbito del Estado.
En estos días se ha sabido del reconocimiento como rector de la Universidad Nacional de Piura a Santos Montaño, a pesar de que su elección había sido cuestionada por la SUNEDU por las diversas irregularidades halladas en el proceso. Santos Montaño, como se ha informado, ha sido cliente del nuevo presidente de la entidad supervisora, Manuel Castillo. Para franquearle el camino al reconocimiento como rector, la SUNEDU, bajo la nueva gestión impuesta por el Congreso, eliminó normas previas dadas por la propia institución. El resultado era quitar a SUNEDU capacidad para supervisar los procesos electorales. Existe ya una denuncia de la Procuraduría Anticorrupción.
Este es, sin embargo, siendo grave, solo un ejemplo de una dinámica mayor de deterioro o desnaturalización de la entidad. En esa oscura dinámica sobresale (negativamente) la incorporación a SUNEDU, en calidad de funcionarios, de personas que provienen precisamente de universidades que no habían sido licenciadas. Se trata de un mensaje claro de que hoy en día se trata de revertir todo lo realizado.
En otros momentos no tan lejanos este atentado contra la institucionalidad del país –que es un atentado contra los derechos de la ciudadanía—habría encontrado resistencia y habría podido ser detenido y revertido. Una señal de la profunda crisis de nuestra democracia es que la corrosión de la reforma del sistema universitario avanza sin frenos institucionales a la vista después de que el propio Tribunal Constitucional, que debería haber puesto freno a esta tendencia, dio luz verde a la captura de esta institución.
La demolición de la SUNEDU o, tal vez peor aún, su nuevo uso para fines exactamente contrarios a los que animaron su creación es un signo más –y uno particularmente grave—de la acelerada descomposición de la democracia.
