Foto: Ángela Ponce.
Por Luis Valverde Ramos (*) y Mario R. Cépeda Cáceres (**)
Este 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos, una fecha central para miles de personas que, transcurridas cuatro décadas, continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos. En numerosos cementerios del país, así como en espacios de memoria e, incluso, espacios de entierro clandestino, familiares y organizaciones de víctimas se harán presentes conmemorando a aquellos que llevan décadas ausentes: ausentes en materialidad, mas no en afectos y emociones. Es así como opera la desaparición. Esta elimina el cuerpo del sujeto, pero no elimina a la persona ni los sentimientos, emociones y vínculos que nos unen con los demás y que marcan nuestras vidas. La desaparición atenta contra el cuerpo del sujeto, pero no contra la persona y el valor que esta tiene para los demás. En ausencia de la persona desaparecida, esta se hace más visible y presente.
Según el último informe estadístico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) [1], el número de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno peruano 1980-2000 asciende a 22,295. Solo se ha logrado concluir la búsqueda de 2582. Esta cifra se refiere a víctimas que han sido hallados con vida o cuyos restos se han encontrado y han sido restituidos a sus familiares –lo cual puede incluir un proceso de cierre simbólico debido a la naturaleza de la desaparición y la imposibilidad de identificar restos materiales–. Más allá de los retos de gestión pública y de capacidad estatal que tiene la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGBPD), la unidad encargada de implementar el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas [2], que ya han sido expuestos en algunos trabajos previos [3], sostenemos que el proceso de búsqueda tiene limitaciones intrínsecas que dificultan la ubicación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.
Pero, antes de iniciar, es importante resaltar algunos detalles sobre la experiencia de búsqueda. Los procesos de búsqueda de verdad y justicia son extenuantes, dramáticos e, incluso, traumáticos y despiertan una serie de emociones que, si no son bien atendidas, pueden volverse revictimizantes. La experiencia violenta de la desaparición, así como la de búsqueda, obliga a los familiares a enfrentar el dolor asociado con la incertidumbre de la ausencia; asimismo genera conflictos o tensiones emocionales en las relaciones familiares, ya que diferentes miembros de la familia pueden tener enfoques y necesidades diferentes en relación con el proceso de búsqueda y el duelo. En la mayoría de los casos son las mujeres las que asumen los procesos de búsqueda de sus familiares, replicando roles de cuidado que son tradicionales en los Andes y que las empujan a ejercer una mayor ciudadanía desde los límites de reconocimiento del Estado [4].
Entrando en materia, debemos mencionar que las cifras nos confrontan con una catástrofe humanitaria de gran escala que hizo necesario replantearse el enfoque con el que se implementaron las búsquedas durante las décadas previas. Al contar más de veintidós mil personas desaparecidas, un número que ha ido aumentando con cada informe estadístico de la DGBPD, podemos afirmar con seguridad que en el Perú, la desaparición de personas fue una práctica extendida entre todos los actores armados del conflicto armado interno. Si bien la implementación del enfoque humanitario en la que se fundamenta el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas busca articular una respuesta compleja a esta catástrofe, sabemos que las políticas de justicia transicional serán siempre una respuesta parcial pues “poseen una dimensión crítica que desborda, sin anularlo, el horizonte de la negociación y la competencia política” [5]. A esto, debemos sumarle el contexto peruano de alta inestabilidad política, en el que la memoria del pasado sigue siendo un espacio de disputa, polarización y estigmatización.
Por otro lado, la distancia en el tiempo entre la desaparición y la implementación de la política de búsqueda complejizan la obtención de resultados; más aún, cuando la gran mayoría de sitios de entierro clandestinos se encuentran en zonas geográficamente complejas y en un contexto de exclusión y vulnerabilidad histórica que prolonga hasta el día de hoy. Tal como señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las técnicas para ocultar los cuerpos se caracterizaban por usar “la desfiguración, quema de cuerpos, descuartizamiento y el arrojo los cuerpos en lugares apartados tales como punas, cuevas, abismos, ríos” [6]. En efecto, los lugares de entierro clandestinos han sufrido cambios debido a los factores climáticos, la intervención de animales o debido a que han sido removidas [7]. Tal como señala un familiar de Teófilo Rímac, desaparecido durante el conflicto armado: “en muchos casos se han alterado los rastros, indicios y huellas de los lugares de desaparición; así, recuperar a Teófilo Rímac será casi imposible” [8].
Finalmente, no debemos olvidar que la desaparición es una experiencia violenta que no solo atenta contra la vida de las víctimas directas, las familias y comunidades sufren también la ausencia de la persona, una ausencia material pero no simbólica y, en ese sentido, que no quiebra por completo los lazos sociales. Es en este contexto en el cual se inscriben los procesos de búsqueda que, pasando por conocer el paradero del ser querido o sus restos, apuntan hacia nuevas formas de verdad, justicia y reparación.
En suma, vemos que la política de búsqueda de personas desaparecidas enfrenta retos de origen de naturaleza compleja que configuran la capacidad de respuesta de la autoridad. A los retos materiales y de forma que cualquier política pública enfrenta, se le deben sumar un factor de incertidumbre propio en el que opera la desaparición. La atención a las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas trasciende la materialidad del cuerpo –el proceso de restitución–, pues la manera cómo se procesa la experiencia violenta, la ausencia y la pérdida tiene implicancias simbólicas que se plasman en prácticas rituales que los familiares implementan. Estas prácticas apuntan a darle sentido a la incertidumbre de la desaparición y, así, permiten que las familias sorteen el proceso trunco del duelo [9].
(*) Integrante del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
(**) Antropólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y coordinador del Proyecto Lives in Dignity del IDEHPUCP.
[1] Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. (2023). Reporte Estadístico N°3 Registro Nacional de Personas Desaparecidas Y De Sitios De Entierro al 25 de agosto de 2023. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/4618954-reporte-estadistico-n-3-registro-nacional-de-personas-desaparecidas-y-de-sitios-de-entierro
[2] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2018). Plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas (1980-2000). Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2145511/Plan%20Nacional%20de%20B%C3%BAsqueda%20de%20Personas%20Desaparecidas%20al%202030.pdf.pdf?v=1630424303
[3] Ver Reyes, V. (2020). Reporte jurídico sobre la política de búsqueda de personas desaparecidas. Documento de trabajo N°4. IDEHPUCP, Ford Foundation
[4] Cépeda, M. (2019). Muerte e incertidumbre en Ayacucho: un estudio sobre el no-cuerpo y sus técnicas entre familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno peruano. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. http://hdl.handle.net/20.500.12404/14373
[5] Reátegui, F. (2011). Introducción. En Reátegui, F. (Ed.). Justicia transicional: manual para América Latina (35-46). Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
[6] Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Informe final. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación.
[7] Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Hatun Willakuy, versión abreviada del Informe final de la comisión de la verdad y reconciliación. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación.
[8] Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Observatorio de Justicia Transicional de la UDP. (2017). ¡Hasta encontrarlos! Avances y desafíos en la búsqueda de las y los desaparecidos: experiencias comparadas – Chile, Perú, El Salvador y Sri Lanka. Relatoría de panel. Lima: IDEHPUCP.
[9] Cépeda, M. (2019). Ídem.
