Por Sandra Gutiérrez y Analourdes Román (*)
Desde el año 2021, se ha evidenciado en el Perú un progresivo ensanchamiento del Poder Legislativo que ha quebrado el balance entre los poderes del Estado. Este desequilibrio se manifiesta en la expansión del poder del Congreso hacia diversas instituciones autónomas del sistema peruano, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y otras entidades del sistema de justicia. Además, la influencia del Congreso se ha extendido al Poder Ejecutivo, formando una coalición gobernante cada vez más autoritaria.[1]
El Congreso está inmerso en un continuo proceso de aprobación y formulación de leyes que favorecen sus propios intereses, ignorando las demandas de la ciudadanía. Un ejemplo de esta tendencia es el regreso del sistema político peruano a la bicameralidad. Luego de que esta reforma fuera ampliamente rechazada por la ciudadanía (90%) en el Referéndum Nacional del 2018,[2] los legisladores han aprobado un nuevo diseño de dos cámaras mediante el cual no solo podrán mantenerse en el poder a través de la conformación de la Cámara de Senadores, sino que gozarán de la facultad de modificar leyes de forma unilateral y arbitraria, sin un contrapeso efectivo por parte de la Cámara Baja o el Ejecutivo.
Un caso similar se presenta con la reciente propuesta para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). La JNJ se creó con el objetivo de erradicar la corrupción en el sistema de justicia y su creación fue respaldada por una mayoría ciudadana a favor de la reforma (86%) en el plebiscito antes mencionado. Al ir en contra de esa voluntad mayoritaria, el intento de eliminar este organismo parece responder a los intereses particulares del Congreso, al cual no le conviene un sistema de justicia independiente. La posibilidad del Congreso de controlar a la JNJ o a la ENM a través de la elección de sus miembros le permite influir en la designación del jefe de la ONPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, ampliando el alcance de su poder hasta el sistema electoral.
Pero la acción del Congreso no solo va en sentido contrario a las demandas expresadas por la ciudadanía o en favor de la concentración del poder, sino que también amenaza el ejercicio transparente del poder político. Recientemente, el Congreso aprobó la Ley N° 32054, que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos al impedir que estos sean investigados como organizaciones criminales. Con esta modificación del artículo 105 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley 30424, los partidos políticos sólo podrán ser sancionados con multas administrativas, sin estar sujetos a investigación, suspensión o inhabilitación. Esta norma beneficia directamente a cuatro partidos políticos que están siendo investigados actualmente. Curiosamente, estos son los mismos partidos que votaron en bloque a favor de esta ley (Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú y Perú Libre)[3], lo cual representa un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y evidencia una vez más el uso del Poder Legislativo para el beneficio propio de los congresistas y sus intereses.
Frente a este preocupante panorama de desbalance de poder a favor del Congreso, es crucial reflexionar sobre las reacciones que esta situación despierta (o no) en la ciudadanía peruana. Desde el año 2021, la desaprobación del Congreso ha crecido continuamente hasta alcanzar un alarmante 91% en mayo del presente año.[4] Sin embargo, esta desaprobación no se ha traducido en manifestaciones masivas en las calles desde enero de 2023. Surge, entonces, esta pregunta: ¿por qué la ciudadanía peruana parece estar adormecida frente a la expansión del poder del Congreso? Es un tema de interrogación válido, especialmente si se considera el alto nivel de desaprobación que este órgano enfrenta.
Uno de los factores explicativos es que la ciudadanía percibe un alto costo en protestar contra un régimen con crecientes tendencias autoritarias.[5] La fuerte represión durante las protestas de inicios de 2023 demostró que el régimen no dudaría en emplear la fuerza para sofocar manifestaciones, incluso a costa de la vulneración de derechos humanos. Ni los comunicados ni las recomendaciones de organismos internacionales lograron detener la intensa represión que resultó en 50 fallecidos y 821 heridos.[6] Este uso arbitrario de la fuerza ya ha sentado un precedente para cualquier futura manifestación, sembrando miedo en la ciudadanía. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que para el 15% de los peruanos la razón para no participar en marchas contra el gobierno son la violenta respuesta y la fuerte represión por parte de las fuerzas del orden.[7]
Adicionalmente, la sociedad civil ha perdido la capacidad de hacer rendir cuentas al gobierno nacional debido a la ausencia de actores políticos e institucionales dispuestos a aliarse con ella. Esto, a su vez, ha debilitado la esperanza de generar algún resultado. En consecuencia, en un sistema económico mayoritariamente informal en el que las personas viven del trabajo diario, la ciudadanía se ve menos dispuesta a sacrificar horas de trabajo para luchar por una causa que parece estar perdida.
Por último, otro posible factor explicativo es que la concentración de poder por parte del Congreso es un fenómeno nuevo en América Latina y el Perú. Si bien en la región y el Perú hay antecedentes de Ejecutivos que se han arraigado en el poder a través del copamiento de las instituciones, el surgimiento de un Congreso que quiebra el equilibrio de poderes del Estado y expande su influencia al sistema de justicia y al poder Ejecutivo es inusual. Tal vez, el hecho de ser un caso atípico y desconocido impide que sea percibido como un peligro inminente para la democracia peruana.
La creciente influencia del Congreso, que inicialmente parecía tener objetivos de corto plazo, está generando en el sistema democrático daños significativos para el largo plazo. Ante este panorama desalentador, es imperativo que la sociedad peruana tome conciencia de los efectos negativos que está causando la concentración del poder por parte del Congreso, y busque vías efectivas para ejercer su rol de vigilancia y rendición de cuentas sobre el gobierno.
(*) Asistentes del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP.
