Escrito por Andrea Dominguez (*) y Luis Alejandro Pebe Muñoz (*)
En el marco de la solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos (en adelante, OC) presentada por los Estados de Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH)[1], se llevaron a cabo audiencias públicas en Barbados y Brasil. Estos espacios permitieron que diversos actores de la sociedad civil tales como instituciones académicas, asociaciones, pueblos indígenas y organizaciones sin fines de lucro, expresaran sus puntos de vista sobre esta problemática climática y su relación con los derechos humanos.
Audiencias en Barbados
Por un lado, el 23 de abril de este año comenzaron las audiencias en Barbados con la participación de la delegación del Estado chileno, que enfatizó la urgencia de tomar medidas frente a la crisis climática y destacó su impacto desproporcionado en poblaciones en situación de vulnerabilidad y la necesidad de abordarla con un enfoque diferenciado[2]. Este enfoque es crucial para implementar medidas especializadas que respondan a las distintas realidades de las poblaciones afectadas. Además, señaló que la Corte IDH debe pronunciarse debido a la ubicación geográfica de los Estados que sufren especialmente las consecuencias de la crisis climática[3]. Es esencial que la Corte IDH no ignore esta cuestión regional y actúe para prevenir y reparar por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el cambio climático.
La delegación del Estado de Colombia también abogó por la acción climática, subrayando que la crisis climática restringe múltiples derechos humanos, no solo el derecho a un ambiente sano[4]. Esta crisis afecta diversos derechos contenidos en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) como son el derecho a la vida y el derecho a la integridad, entre otros. Los Estados que han ratificado la CADH deben tomar medidas climáticas para cumplir con sus obligaciones internacionales, ya que la inacción puede vulnerar los derechos humanos.
El Estado de Barbados expresó su preocupación por la incertidumbre del futuro de su país debido a la emergencia climática, señalando que sus ecosistemas están desapareciendo[5]. Como isla, Barbados enfrenta un riesgo de que su territorio desaparezca por el crecimiento del nivel del mar, debido a la crisis climática. Es imperativo considerar medidas legales y políticas que protejan a las personas en estos territorios, y que la comunidad internacional reconozca la urgencia de la crisis climática y sus efectos devastadores para los Estados insulares.
La academia tuvo una participación activa en las audiencias. El Sabin Center for Climate Change Law – Columbia University[6] destacó que la ciencia climática puede ayudar a determinar responsabilidades estatales por conductas que agravan la crisis climática[7]. La ciencia se presenta como una herramienta esencial para medir el grado de responsabilidad y diseñar formas de mitigar y prevenir daños de manera efectiva. El apoyo científico garantiza una verdadera justicia climática, avanzando en la protección de los derechos humanos al demostrar cómo los efectos del cambio climático vulneran derechos objetivamente.
Audiencias en Brasil
La importancia de que se hayan celebrado diversas audiencias públicas, tanto en Barbados como en Brasil, radica en la urgencia y relevancia del contexto actual, así como en la significativa cantidad de amicus curiae que la Corte IDH ha recibido en relación a la OC[8]. Por otro lado, el 24 de mayo del presente año se dio inicio a las audiencias en Brasil, donde el Estado brasileño subrayó la importancia de que todas las medidas relacionadas con el cambio climático consideren las desigualdades y las vulnerabilidades de los grupos en especial protección, en conformidad con los principios de justicia[9]. De manera similar a Chile, Brasil abogó por un enfoque diferenciado, una demanda recurrente en una región donde el acceso a los recursos es limitado y se ve aún más comprometido por los drásticos cambios de temperatura. Por lo tanto, es imperativo incorporar estos estándares de justicia climática y social para garantizar que el Estado responda adecuadamente y asegure el acceso a recursos naturales esenciales como el agua y la electricidad.
Costa Rica también participó en la audiencia destacando la relevancia de la OC en el contexto de la realidad ambiental y climática internacional[10]. El Estado costarricense enfatizó que esta OC representaría un cambio crucial y que la interpretación de los tratados no puede ser ajena a la realidad de crisis climática, especialmente en un ámbito donde se disputa la supervivencia del planeta y de sus habitantes. Así, la labor de la Corte IDH se vuelve trascendental, tanto para reconocer la emergencia climática como para actuar frente a ella.
Al igual que en la audiencia en Barbados, en esta ocasión también participaron la sociedad civil y la academia. La Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (en adelante, la “ACJ LAC”)[11] subrayó la necesidad de que los Estados muestren voluntad y busquen la cooperación para la acción climática[12]. En una región donde los discursos negacionistas sobre el cambio climático están en auge, esta cooperación es fundamental. Del mismo modo que la ACJ LAC promueve la colaboración entre clínicas jurídicas ambientales regionalmente para exigir medidas climáticas, los Estados deben adoptar una lógica de cooperación similar para enfrentar el cambio climático eficazmente.
Cabe destacar que, en 2023, la ACJ LAC, junto con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (en adelante, el “IDEHPUCP”) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (en adelante, la “SPDA”), presentó un informe ante la Corte IDH en respuesta a la OC. Este informe, producto del esfuerzo de 60 personas de Chile, Perú, Brasil y Colombia, incluyó la participación de seis Clínicas Jurídicas Ambientales y 2 instituciones académicas y de la sociedad civil. El desarrollo del informe implicó un trabajo intercultural, intergeneracional y articulado, con reuniones conjuntas y capacitación mutua sobre las regulaciones de cambio climático en sus respectivos países[13].
Es importante establecer espacios de diálogo posteriores a las audiencias para poder llegar a conclusiones sobre estas. Ergo, la ACJ en colaboración con el IDEHPUCP y otros actores realizaron el evento Balance y Perspectivas sobre la Opinión Consultiva de Emergencia Climática y Derechos Humanos, donde se discutió la importancia de integrar los siguientes puntos a la agenda climática regional: i) fomentar el litigio climático estratégico en los tribunales nacionales como internacionales, ii) promover las políticas públicas climáticas con enfoque de derechos humanos, e iii) incentivar la participación de los estudiantes en la justicia climática[14].
Reflexión final
Si la Corte IDH decide emitir la OC ello será un hecho de importancia histórica, pues se trataría de la primera vez que aborda la relación entre derechos humanos y la emergencia climática. La realización de las audiencias demuestra el compromiso de la Corte IDH con la realidad contemporánea y la necesidad de abordar las problemáticas que afectan los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por ende, es imperativo que todos los actores trabajen de manera colaborativa en la lucha contra el cambio climático, fomentando un diálogo horizontal. El fortalecimiento de la justicia climática debe incorporar tanto una perspectiva global como una perspectiva local para responder adecuadamente a la diversidad de demandas que plantea la agenda climática.
(*) Profesora de la Clínica de Derecho Ambiental PUCP y Coordinadora de la Alianza Clínica de Derecho Ambiental.
(**) Miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Para mayor información sobre la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos presentada por los Estados de Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisar el siguiente link: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_es.pdf
[2] Public Hearing of the Advisory Opinion on Climate Emergency and Human Rights Day 1. (2024). Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/853789550096891
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Sabin Center for Climate Change Law – Columbia University tiene como objetivo desarrollar iniciativas legales y de investigación jurídica para enfrentar el cambio climático.
[7] Public Hearing of the Advisory Opinion on Climate Emergency and Human Rights Day 1. (2024). Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/974227554283871
[8] La Corte IDH ha recibido la mayor cantidad de amicus curiae en su historia para esta Opinión Consultiva.
[9] Audiencia Pública OC-32 “Emergencia Climática y Derechos Humanos”. (2024). Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/367786485802480/
[10] Ibid.
[11] La Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe tiene el objetivo de impulsar la educación clínica en materia ambiental a nivel regional. Por ende, está conformada por varias universidades de Brasil, Colombia, Chile, Perú, entre otras. Para mayor información sobre la ACJ LAC, revisar el siguiente link: https://alianzadeclinicasambientales.com/
[12] Audiencia Pública OC-32 “Emergencia Climática y Derechos Humanos” Día 2 (Mañana). (2024). Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/1153561712559862/
[13] Para revisar el Informe ante la Corte IDH en respuesta a la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, revisar el siguiente link: https://alianzadeclinicasambientales.com/wp-content/uploads/2023/12/Informe-O.C.-Emergencia-Climatica-Corte-IDH-Alianza-Clinicas-Juridicas-Ambientales-LAC-IDEHPUCP-y-SPDA-1.pdf
[14] Para ver el evento completo, revisar el siguiente link: https://www.facebook.com/DerechoCientifica/videos/788860553420138/
