Durante el desarrollo del tercer día del XX Encuentro de Derechos Humanos, realizado entre el 2 y el 5 de junio, las mesas abordaron el complejo panorama internacional y nacional que enfrentan los principios fundamentales de los derechos humanos. Investigadores, juristas y activistas coincidieron en señalar que vivimos un momento crítico para la democracia, el multilateralismo y la vigencia de los derechos por el avance sostenido de los autoritarismos, las economías ilegales y la captura de instituciones.
Regímenes híbridos y la fragilidad democrática
La mesa titulada “La reconfiguración del orden global” reunió a los politólogos Rosa Alayza, Eduardo Dargent y Eduardo Toche, quienes ofrecieron un análisis de los factores que han debilitado las democracias contemporáneas. Rosa Alayza alertó sobre el auge de los regímenes híbridos —formas de gobierno que combinan elementos democráticos y autoritarios— como una tendencia creciente. “La democracia está cambiando con el mundo”, señaló, refiriéndose a la influencia de la globalización, la inteligencia artificial y las redes sociales. Sin embargo, subrayó que estos cambios no deben comprometer los elementos esenciales del sistema democrático: la defensa de derechos individuales, la transparencia gubernamental y la separación de poderes.
Eduardo Dargent profundizó en la fragilidad institucional que atraviesa el Perú y la región, destacando la erosión de los soportes democráticos internos y externos, incluidos los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Advirtió que estos retrocesos impactan directamente en los sectores ciudadanos más vulnerables, socavando la confianza y debilitando la posibilidad de respuestas institucionales efectivas.
Por su parte, Eduardo Toche expuso cómo el repliegue de la cooperación internacional, especialmente de organismos como USAID, ha tenido efectos directos en la lucha anticorrupción y en el apoyo a agendas de derechos humanos. También cuestionó la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y denunció la creciente priorización del gasto en defensa frente a la inversión social y ambiental.
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El desmontaje del consenso global de posguerra
En la mesa titulada “Derechos Humanos: avances y retrocesos”, la discusión tomó un giro más severo con la intervención del jurista Ernesto de la Jara, quien advirtió que los avances en derechos humanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial están siendo sistemáticamente desmontados. Aunque reconoció que el sistema de derechos había logrado logros significativos —como la creación de la Corte Penal Internacional y el avance de derechos para mujeres y pueblos indígenas—, subrayó que estos están hoy en peligro tanto a nivel internacional como nacional.
De La Jara delineó cuatro puntos clave para comprender esta regresión: el perfil autoritario de quienes controlan el poder político en el Perú; la captura de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público; la persecución a periodistas, ONGs y defensores de derechos humanos; y el debilitamiento de la institucionalidad electoral. Señaló con preocupación la aprobación de leyes que atentan contra la Constitución y los tratados internacionales, así como los intentos por restablecer la inmunidad parlamentaria y blindar a congresistas vinculados a actos de corrupción.
Asimismo, denunció la utilización perversa de figuras como el habeas corpus para interferir en procesos judiciales como el caso Lava Jato y remarcó que se está institucionalizando la impunidad a través de leyes como la amnistía para crímenes cometidos antes de 2002. “Todo lo avanzado puede ser borrado rápidamente”, sentenció.
Marina Navarro, representante de Amnistía Internacional, amplió el análisis con una mirada global. Subrayó la ruptura del sistema multilateral de protección de derechos humanos, visibilizando conflictos como la agresión de Rusia a Ucrania, el genocidio en Gaza y las violaciones masivas de derechos en Sudán y la República Democrática del Congo. Destacó la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de actores internacionales frente a estas crisis, particularmente por parte de potencias como Estados Unidos y varios países europeos que bloquean medidas en organismos como el Consejo de Seguridad.
Denunció también la criminalización de la protesta social a nivel mundial y recordó que en 2024 se alcanzó un récord de 124 periodistas asesinados. La creciente represión contra manifestantes en países como Turquía, Bangladesh o Estados Unidos —donde más de 3,000 estudiantes fueron detenidos por protestar contra el genocidio en Palestina— se suma a las preocupaciones por la libertad de expresión.
Pese a este contexto adverso, Navarro rescató los esfuerzos de la sociedad civil, la prensa y la academia como espacios de resistencia. Destacó la orden de captura contra Putin y Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional, así como la movilización ciudadana en países cuyos gobiernos apoyan a Israel. “Tenemos que defender ahora los derechos humanos para tener un futuro con dignidad y justicia”, concluyó.
Eduardo Ballón, investigador principal de DESCO, cerró la mesa con un análisis demoledor sobre la expansión de las economías ilegales y su impacto en los derechos humanos. Describió un nuevo orden global impulsado por redes criminales que operan en articulación con el Estado y el sector privado, especialmente en actividades como la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de madera. “El Perú es el epicentro de la minería ilegal en la región”, advirtió, citando cifras que indican que el 48% del oro exportado por el país en 2023 tuvo origen ilícito.
Ballón explicó que la criminalidad se ha integrado a la gobernanza local y nacional, promoviendo formas violentas de territorialización, despojo y explotación. Esta expansión se ve agravada por la debilidad institucional, la corrupción y la exclusión social. También alertó sobre el incremento de conflictos socioambientales en zonas andinas y amazónicas, y la alarmante cifra de 166 defensores ambientales asesinados en la región solo en 2023.
Para el investigador, la fragmentación del tejido social y la desconfianza en el Estado generan un caldo de cultivo para la expansión del autoritarismo y la violencia. “La división binaria entre legalidad e ilegalidad ya no explica la realidad”, señaló, y propuso pensar desde una lógica de derechos humanos y de construcción democrática para afrontar esta crisis multidimensional.
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Este día dejó un mensaje claro: la defensa de los derechos y la democracia no puede esperar. Frente al avance de regímenes autoritarios, la captura institucional, la represión y las economías ilícitas, es urgente fortalecer la articulación entre sociedad civil, academia, medios y ciudadanía.
