Por Erika Solis Curi (*)
El 29 de marzo de 2025, el ministro de Justicia anunció la promoción de un cambio normativo en la Ley de Radio y Televisión N° 28278 a fin de imponer a los medios de comunicación la obligación de emitir una franja informativa donde se divulgara las acciones que realiza el Ejecutivo frente a la delincuencia. Esto generó críticas y rechazo de diversos sectores, especialmente desde los medios de comunicación tradicionales, así como de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú que consideró a la medida como “(…) una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, inaceptable en democracia”[1]. Esto llevó a que el 2 de abril el Ministerio de Justicia suspendiera la propuesta[2].
Es pertinente recordar que este tipo de medidas no solo deben preocupar a los medios de comunicación sino también a la población en general. Pues, como ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas en el 2023, “(l)a libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella, disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad”[3].
La situación de inseguridad ciudadana que vive el país, al igual que la pandemia del COVID-19, genera un gran sentimiento de miedo y zozobra en la colectividad peruana, lo cual genera una oportunidad para el Gobierno de demostrar que realiza acciones contra este problema. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente lo hace y si las acciones que toman tienen alguna efectividad. Ante la constante crítica a la actuación estatal en la actualidad, pareciera que nuevamente, en lugar de abordar el problema de la criminalidad en sí mismo busca, el gobierno busca modificar la percepción social por medio de una vía de información de alcance nacional en todos los medios de comunicación tradicionales. Estos, como se sabe, no solo informan, sino que también impactan en las percepciones y construcciones sobre la criminalidad de los oyentes y televidentes. Al respecto, Zaffaroni señala que: “(l)o cierto es que las personas que todos los días caminan por las calles y toman el ómnibus y el subte junto a nosotros, tienen la visión de la cuestión criminal que construyen los medios de comunicación, o sea, que se nutren – o padecen – una criminología mediática”[4].
En la actualidad, en el Perú la inseguridad ciudadana no es solo una construcción mediática, pues desde múltiples espacios académicos e institucionales independientes se evidencia cada vez más el incremento del uso de la violencia en el crimen. Pero lo que no llega a ser una realidad efectiva es la respuesta del Estado, el cual lleva mucho tiempo implementando medidas ineficientes como la declaratoria de ‘estados de emergencia’ en diferentes espacios territoriales. Ahora, el gobierno buscaba difundir sus acciones, por mandato legal, por todos los medios de comunicación sin excepción, sin considerar que la información periodística difundida debe cumplir determinadas condiciones. Como señala el constitucionalista Francisco Eguiguren : “(l)a libertad de información, en cambio, por referirse a la comunicación de hechos, sucesos, noticias o datos, si está sometida a una exigencia de veracidad, en tanto tal información puede ser corroborada con mayor objetividad”[5].
La intención estatal de imponer una franja publicitaria relacionada con la criminalidad no solo es preocupante para los medios de comunicación, sino también y, sobre todo, para quienes somos los receptores de la información difundida por estos canales. Recordemos que, como señala Sassone, “(a) grandes rasgos podemos decir que la criminología mediática manufactura una realidad que le es introyectada a la sociedad a través de los medios de comunicación masiva y que se convierte de este modo en la opinión pública, es decir, en el discurso imperante en la sociedad”[6]. Por esta razón, abordar la criminalidad y los mecanismos que la contrarrestan no es algo que se pueda pasar por alto. Es importante que, como audiencia, nos involucremos en demandar veracidad y objetividad en la información difundida a nivel nacional. La desinformación no es una novedad. La vivimos con mayor intensidad desde la proliferación del uso de las redes sociales, un fenómeno que demanda una mirada crítica. Los medios de comunicación tradicionales, ante esta situación, tienen un rol de gran importancia como llevar a la audiencia información veraz y corroborada, especialmente en un país tan desigual como el nuestro, donde para muchos y muchas esos medios son los únicos a los que se puede acceder.
(*) Investigadora del IDEHPUCP en el eje de lucha contra la corrupción y lavado de activos. Especialista en el abordaje de la criminalidad y violencia.
[1] Recuperado a partir de https://anp.org.pe/anp-propuesta-de-imponer-franja-informativa-constituye-intento-de-control-de-medios/
[2] Recuperado a partir de https://anp.org.pe/ministro-de-justicia-anuncia-suspension-de-propuesta-de-franja-informativa/
[3] Recuperado a partir de https://news.un.org/es/story/2023/05/1520602
[4] Recuperado a partir de https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/152/2020/11/11-Zaffaroni-La-cuestion-criminal.-Criminologia-mediatica.pdf
[5] Eguigure, F. (2003). Las libertades de expresión e información en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. IUS ET VERITAS, 13(27), 43-56. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16262, p. 45
[6] Sassone, M. La criminología crítica, p.1. Recuperado a partir de https://aidca.org/wp-content/uploads/2022/12/RIDCA2-CRIMINOLOGIA-SASSONE-LA-CRIMINOLOGIA-MEDIATICA.pdf
