Por José Ignacio Hernández G (*)
El auge de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos ha generado incentivos para que regímenes autoritarios simulen su cumplimiento, en lo que se ha llamado la hipocresía de los derechos humanos.
Venezuela es un ejemplo paradigmático de estos esfuerzos por esconder violaciones a derechos humanos tras formas constitucionales. El politólogo Javier Corrales ha acuñado la expresión legalismo autocrático, precisamente, para describir cómo la deriva autoritaria de Venezuela ha sido simulada tras elaboradas formas jurídicas.
Durante mucho tiempo el funcionamiento de esta logró disimular graves violaciones a derechos humanos. Así, la democracia funcional que eligió a Hugo Chávez en 1998 degeneró en autoritarismo competitivo en 2004 y pasó a ser un autoritarismo no-competitivo desde 2016. Este retroceso se escondió tras leyes, decretos, elecciones fraudulentas, sentencias de la Sala Constitucional e incluso, una asamblea nacional constituyente. Todos estos artilugios constitucionales impidieron a la comunidad internacional ver más allá de las formas. Una muestra de ello es que, en 2015, Venezuela fue premiada por la FAO por sus logros en materia de alimentación a pesar de que para entonces ya había signos del grave deterioro que arrastraba al país hacia una emergencia humanitaria compleja.
La brutal represión de derechos humanos que se desplegó en 2017 para apagar las protestas ciudadanas de quienes reaccionaban contra la crisis social y política, comenzaron a evidenciar que las formas constitucionales y electorales eran simples cascarones vacíos. Ante la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el Gobierno de Maduro optó por simular ambiciosas reformas penales garantistas de derechos humanos para aparentar que el sistema de justicia estaba investigando los crímenes cometidos. Asimismo, se retomaron las negociaciones con la oposición para aparentar que el país avanzaba hacia una normalización institucional.
La estrategia volvió a funcionar, al punto que la Unión Europea decidió desplegar una misión de observación electoral en las elecciones regionales de 2021, a pesar de los evidentes signos de fraudes. El gobierno de Estados Unidos apoyó las negociaciones, no solo flexibilizando las sanciones económicas sino, además, liberando a un cercano colaborador de Maduro detenido por cargos de lavado de dinero. Fue bajo estas condiciones que, en octubre de 2023, el Gobierno y la oposición firmaron un acuerdo electoral en Barbados, que, para algunos, era un signo de que el país finalmente avanzaba hacia una transición democrática centrada en la defensa de los derechos humanos.
Todos estos gestos no fueron más que muestras de la hipocresía de los derechos humanos. Cuando la sociedad civil logró organizar exitosamente el proceso de primarias con más de dos millones de votos, el gobierno de Maduro decidió dejar de simular. Así, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de las primarias y decidió, ilegítimamente, inhabilitar a María Corina Machado, quien fue ampliamente respaldada como candidata unitaria en las primarias. Se trató de un evidente caso de judicialización de la política, cuestionado por la Comisión Interamericana.
Bajo estas condiciones, el Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, convocó elecciones presidenciales para el 28 de julio. Venezuela, una vez más, se encamina hacia elecciones fallidas que agravarán la emergencia humanitaria compleja y la violación de derechos humanos.
Tres organismos internacionales no cedieron a la hipocresía. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha denunciado las distintas violaciones a derechos humanos, lo que generó como respuesta la expulsión de su equipo en Venezuela, muestra de que el Gobierno ya no está interesado en seguir simulando. Además, el Consejo de Derechos Humanos designó a la Misión Independiente, que ha rendido diversos informes recogiendo evidencias de las sistemáticas violaciones a derechos humanos. Finalmente, la Corte Penal Internacional negó que las investigaciones adelantadas por el Gobierno fuesen sinceras, ordenando la continuación de la causa por presuntos crímenes de lesa humanidad.
De avanzar en la elección fraudulenta convocada para el 28 de julio, las violaciones de derechos humanos en Venezuela podrían consolidarse sin siquiera acudir a actos de simulación, lo que agravará la emergencia humanitaria compleja y sus efectos negativos en la región. Este colapso, realizado a plena luz de día, debe llevar a una seria reflexión sobre la necesidad de repensar los mecanismos de protección de derechos humanos frente a los autoritarismos del siglo XXI.
(*) Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello. Fellow, Growth Lab (Harvard Kennedy School).
