El Pacto Ético destaca la gran responsabilidad del ciudadano frente a lo que significa ejercer el derecho a elegir a sus autoridades y ser elegido. Nuestra comunidad pronto cumplirá dos siglos de vida republicana, sin embargo no se ha logrado consolidar un sistema de instituciones que organice a la sociedad en términos de procedimientos democráticos. Los partidos políticos han debilitado sus vínculos con la ciudadanía y han dejado en un segundo plano el debate ideológico. El documento le recuerda al ciudadano que este tiene la potestad de exigir a las organizaciones políticas y a sus representantes un compromiso cabal con la ley y con los principios de la moral pública.
Los candidatos y las organizaciones que participan en la campaña electoral tienen que considerar seriamente el compromiso moral que han asumido al suscribir el Pacto Ético Electoral: están reconociendo la obligación de conducirse de acuerdo con los principios que invoca el documento; están aceptando el necesario escrutinio del Estado y de los ciudadanos desde el dominio de aquellos principios; están admitiendo que el criterio de evaluación de sus actos y los de sus pares trasciende necesariamente la mera ponderación de costos y beneficios políticos; están finalmente reconociendo que la razón de su comportamiento no es otra que la búsqueda del bien público y que el acceso al poder no vale por él mismo sino por la capacidad y responsabilidad que nacen de su ejercicio en vistas a la afirmación de la democracia, el desarrollo y la justicia social en nuestro país.
Hace tiempo que se ha difundido la idea –común a propios y extraños–que la política consiste en lograr el poder y tratar el Estado como un vulgar botín. Muchos peruanos consideran, con resignación, que la corrupción constituye un hecho ineludible del quehacer político. A juzgar por nuestra historia reciente, se trata de una percepción dolorosa, pero no del todo infundada. Existe la impresión extendida de que vivimos una profunda crisis moral que compromete a una buena parte de nuestras organizaciones políticas.
Esta situación solo podrá transformarse en la medida en que los ciudadanos y los grupos políticos decidamos hacer política de otra manera. Debemos asumir el reto de reinterpretar y vivir la política en términos de la acción colectiva conducente a la persecución del bien común. El cumplimiento de las normas y los procedimientos de carácter público no constituyen meros formalismos que hay que observar, sino que constituyen elementos importantes de la vida pública, que contribuyen al buen funcionamiento de la democracia.
Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, para La República
