Por Marcela Huaita Alegre (*)
La protección de niñas, niños y adolescentes en el Perú enfrenta una crisis que no se explica únicamente por la persistencia de la violencia sexual, sino también por las desigualdades que atraviesan la respuesta del Estado y de la clase política a estos hechos. Dos situaciones permiten observar este problema. Por un lado, las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis en Condorcanqui, Amazonas, conocidas públicamente desde 2024 y aún pendientes de una respuesta integral. Por otro, el reciente caso de presunta violencia sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, que ha generado una rápida reacción institucional.
La comparación no pretende relativizar ninguno de los hechos, sino preguntar por qué la atención política, mediática e institucional parece adquirir distinta intensidad según el lugar donde ocurre la violencia, la identidad de las víctimas y las características de las instituciones involucradas.
Condorcanqui: una crisis que el Estado no puede seguir postergando
Las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis en Condorcanqui adquirieron notoriedad nacional en 2024[1]. Desde entonces, organizaciones indígenas han advertido sobre la magnitud de los casos, las dificultades para acceder a justicia y atención especializada, y la insuficiente presencia estatal en el territorio.
La problemática volvió a ocupar la agenda pública en septiembre de 2026, cuando una misión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, visitó el Perú para evaluar la respuesta institucional a la violencia sexual contra niñas indígenas en Amazonas[2] y formular recomendaciones orientadas a garantizar la debida diligencia y el acceso a la justicia[3].
Sin embargo, la reacción inicial de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario ha sido preocupante. La ministra sostuvo que el problema no correspondía al Ejecutivo, la Policía ni la administración de justicia, y atribuyó la principal responsabilidad al Gobierno Regional de Amazonas[4]. En declaraciones recogidas por la prensa, además, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, atribuyó una dimensión cultural de la problemática, una aproximación que fue cuestionada por organizaciones y representantes políticos[5]. La posterior convocatoria a una reunión de alto nivel y los anuncios de coordinación intersectorial mostraron la necesidad de corregir el rumbo[6]. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social de la Cámara de Diputados, Flor Meza, informó el 15 de septiembre sobre una reunión con la ministra para evaluar las medidas adoptadas y exigir que los compromisos se traduzcan en atención efectiva para las niñas y adolescentes awajún y wampis[7].
Estos acontecimientos revelan un problema central: frente a una situación de violencia sexual sostenida durante años, la primera respuesta de las autoridades no debería consistir en deslindar responsabilidades, sino en asumir la obligación estatal de actuar de manera articulada. Que una competencia corresponda formalmente a un gobierno regional no exime al Gobierno nacional de prevenir, coordinar, supervisar y garantizar derechos.
San Borja: una respuesta política inmediata
En contraste, la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, activó una respuesta que trascendió a las entidades técnicas encargadas de la protección y la investigación. La propia presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció públicamente sobre el caso, anunció que el centro educativo sería declarado en reorganización y dispuso que se priorizara la protección del estudiante y de su familia, así como el esclarecimiento de los hechos[8]. Al día siguiente, el ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que ya se había aprobado el decreto supremo que disponía la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional del colegio. Posteriormente, visitó personalmente el Liceo Naval, se reunió con directivos, docentes y familias, y anunció que el Ministerio de Educación asumiría temporalmente la conducción de la gestión educativa y designaría a un nuevo director[9].
A estas medidas se sumaron la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ofreció asistencia legal y psicológica al adolescente; la supervisión de la Defensoría del Pueblo; y las actuaciones del Ministerio Público y de las autoridades educativas correspondientes. El D.S. N.° 016-2026-MINEDU estableció la reorganización extraordinaria y temporal de la institución hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de fortalecer la protección integral del alumnado, la convivencia, la prevención y la atención de situaciones de violencia[10].
La reacción rápida frente a este caso es necesaria y debe ser garantizada para toda víctima. Sin embargo, su intensidad y visibilidad contrastan con las respuestas que durante años han recibido las niñas y adolescentes indígenas de Condorcanqui.
La comparación no pretende enfrentar a unas víctimas con otras ni relativizar la gravedad de lo ocurrido en San Borja, sino preguntarnos por qué, cuando la violencia afecta a estudiantes de una institución ubicada en la capital y vinculada a sectores con mayor visibilidad pública, la respuesta política puede incluir pronunciamientos presidenciales, reorganización institucional, visitas ministeriales y decisiones administrativas de alto nivel; mientras que, ante el caso de Condorcanqui, la reacción inicial de las autoridades fue el deslinde de responsabilidades y la relativización de la gravedad de los hechos alegando factores culturales. La protección de niñas, niños y adolescentes no debería depender del lugar donde ocurre la violencia, de la institución involucrada ni de la capacidad de sus familias para hacer llegar sus demandas a los centros de poder.
¿Qué violencias generan indignación?
El enfoque de género permite analizar estas reacciones sin reducirlas a decisiones individuales o episodios aislados. Al articularse con una perspectiva interseccional, ayuda a identificar cómo el machismo, el racismo, el centralismo y las desigualdades económicas influyen tanto en la exposición a la violencia como en las posibilidades de recibir protección.
También permite observar una tensión presente en ciertos discursos públicos: mientras la violencia sexual entre adolescentes puede generar una intensa condena moral y llamados inmediatos a sancionar, la violencia ejercida por docentes u otros adultos contra niñas y adolescentes indígenas parece provocar, en ocasiones, respuestas más débiles, tardías o justificadoras. En el primer caso, la discusión puede desplazarse hacia la conducta de los adolescentes, la supuesta pérdida de valores o incluso discursos que vinculan la educación sexual con una presunta homosexualización de la infancia. En el segundo, en cambio, la violencia puede ser naturalizada como parte de un entorno cultural, como un problema local o como una consecuencia inevitable de la pobreza, la distancia geográfica y el destino del ser mujer.
Ambas aproximaciones son problemáticas. La violencia sexual entre adolescentes debe ser investigada y sancionada conforme a la ley, pero sin convertirla en argumento para estigmatizar la educación sexual o la diversidad. Del mismo modo, la violencia cometida por docentes contra niñas indígenas no puede ser relativizada por razones culturales ni tratada como un destino inevitable de quienes viven en comunidades alejadas.
La Educación Sexual Integral: una política aprobada, pero insuficientemente implementada
Frente a esta crisis, la Educación Sexual Integral (ESI), basada en evidencia científica y adecuada a la edad y al desarrollo de niñas, niños y adolescentes, debe ser entendida como una política pública de prevención y protección. Sin embargo, en el Perú el problema no ha sido únicamente su reconocimiento normativo, sino, sobre todo, su implementación sostenida. Como ha recordado recientemente Ricardo Cuenca, la discusión sobre la ESI debe ponerse en perspectiva: el Perú tiene 30 años de trayectoria normativa en materia de educación sexual, desde 1996 hasta 2026. Su publicación recoge esta evolución normativa y permite observar que no estamos ante una política nueva ni ante una propuesta que recién ingresa al sistema educativo, sino ante una política que ha atravesado distintas etapas, denominaciones y orientaciones, sin lograr una implementación plena y sostenida[11]. En efecto recientemente, en mayo de 2026, el Ministerio de Educación derogó los lineamientos de ESI de 2021 y los reemplazó por los denominados “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”[12]. Aunque el Ministerio sostuvo que la educación sexual continuaría implementándose de manera progresiva, especialistas y organizaciones señalaron que el nuevo marco restringe o desplaza dimensiones fundamentales de una educación sexual integral, como el género, la diversidad, el consentimiento, las relaciones de poder y la prevención de la violencia[13].
Esta discusión no es secundaria. Una educación sexual centrada exclusivamente en la biología resulta insuficiente para que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de abuso, identifiquen relaciones asimétricas de poder, expresen límites, pidan ayuda y cuestionen patrones machistas que normalizan la violencia.
La ESI no busca “ideologizar” a la infancia ni promover conductas sexuales. Busca proporcionar herramientas para el autocuidado, el reconocimiento de derechos, la prevención de la violencia y la construcción de relaciones basadas en el respeto. También permite abordar críticamente los discursos que responsabilizan a las víctimas, estigmatizan la diversidad sexual o presentan la violencia ejercida por adultos como una consecuencia inevitable de determinados contextos culturales.
Por ello, no basta con que el Estado apruebe lineamientos. Se requiere asegurar presupuesto, formación docente, materiales pertinentes, acompañamiento pedagógico, mecanismos de monitoreo y condiciones institucionales que permitan aplicar la política en todas las escuelas, incluidas aquellas ubicadas en comunidades indígenas y zonas rurales.
Una protección que no dependa del código postal
Los casos de Condorcanqui y del Liceo Naval muestran que la violencia sexual puede ocurrir en distintos entornos educativos, pero también que la respuesta institucional no siempre alcanza a todas las víctimas con la misma intensidad.
La protección de la infancia no puede depender del lugar donde ocurre la violencia, del nivel socioeconómico de la familia, de la pertenencia étnica ni de la visibilidad política de la institución involucrada.
La indignación frente a la violencia sexual no puede ser selectiva. Tampoco la responsabilidad estatal. El enfoque de género e interseccional, junto con una Educación Sexual Integral de calidad, permite identificar estas desigualdades y construir respuestas que coloquen en el centro los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes: desde las aulas de San Borja hasta las comunidades de Condorcanqui.
(*) Docente PUCP e Investigadora asociada al IDEHPUCP.
[1] Ministro Morgan Quero reconoció “su error” sobre expresiones en caso de niñas awajún, señalan dirigentes indígenas
[2] El Peruano. (30 de agosto de 2026). “Amazonas: misión internacional revisará cómo funciona la justicia ante casos de violencia sexual”.
[3] MESECVI/OEA (11 de setiembre de 2026) MESECVI advierte exclusión social, estigma e impunidad frente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis
[4] La República. (12 de septiembre de 2026). “Ministra de la Mujer sobre casos de violencia sexual en Condorcanqui: ‘No es un problema del Ejecutivo’
[6] Infobae (14 de setiembre de 1016) Violencia sexual en Condorcanqui: CMAN plantea medidas para acelerar denuncias y evitar la revictimización
[7] Congreso de la República. (15 de septiembre de 2026). “Flor Meza exige acciones concretas frente a violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui”
[8] El Peruano. (17 de septiembre de 2026). “Presidenta Fujimori anuncia que administración del Liceo Naval Almirante Guise pasará al Minedu”
[10] Ministerio de Educación. (18 de septiembre de 2026). Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU, que dispone la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional de la Institución Educativa Pública Liceo Naval Almirante Guise.
[11] Cuenca, R. [@richicuenca]. (2026, 18 de septiembre). Para poner la discusión en perspectiva: 30 años de educación sexual integral en el Perú. Esta es su trayectoria normativa, de 1996 a 2026. Publicación en X.
[12] Ministerio de Educación. (19 de mayo de 2026). “Minedu aprueba lineamientos para la implementación de la educación sexual en escuelas”
[13] La República. (11 de septiembre de 2026). “De la ESI a una educación sexual restringida: colegios enfrentan trabas en medio de violencia contra menores”
